¿Quién da la espalda a quién?

Vemos en la mayoría de las encuestas que se llevan a cabo en Europa que la ciudadanía está dando progresivamente la espalda al proyecto europeo. Pero con esta encuesta de Metroscopia en la mano podemos permitirnos darle la vuelta a la pregunta y formularla en términos inversos. ¿Quién ha dado la espalda a quién? ¿La ciudadanía al proyecto europeo o el proyecto europeo a la ciudadanía?

Porque lo que se refleja en estos datos es la amplitud y solidez del europeísmo de los españoles. Pese a la mala imagen de la UE y a su pobre desempeño político y económico durante esta crisis, un 69% de los españoles siguen sintiéndose europeos en alguna medida, un porcentaje todavía bastante elevado, que demuestra que en España la identidad nacional y la identidad europea siguen constituyendo dos caras de la misma moneda. Igual que en Alemania se decía que “un buen alemán tiene que ser un buen europeo”, en España el europeísmo se ha dado por hecho entre la ciudadanía. Y aunque esa fe esté siendo sometida a tensión, no parece que en lo esencial se haya visto debilitada.

No se trata solo de retórica o de sentimientos vacíos de contenido. Aunque Europa no está funcionando bien, eso no quiere decir que los españoles quieran ir hacia atrás y deshacer lo andado hasta ahora. Al contrario, tres de cada cuatro españoles son partidarios de que la UE tenga un presidente de verdad, elegido en unas elecciones europeas donde los partidos se presenten con listas trasnacionales. También hay una amplia mayoría de personas a favor de que la UE tenga un Gobierno que merezca tal nombre, aunque suponga ceder soberanía. Y aunque la “unión política” sea un concepto demasiado abstracto como para saber exactamente cuál sería su contenido, casi un 60% está a favor de ella. Por tanto, pese a la crisis, “más y mejor Europa” sigue siendo la opción favorita de los españoles.

Esto nos distingue de otros países vecinos, donde las fuerzas políticas euroescépticas o directamente xenófobas campan a sus anchas. Por el momento, en España no parece haber eurofobia, ni entre la ciudadanía ni entre las fuerzas políticas. Los dos grandes partidos (PP y PSOE) siempre han sido parte del consenso europeo. Y lo mismo se puede decir de los nacionalistas catalanes y vascos; tanto CiU, ERC, PNV o UPyD, por diferentes razones y desde intereses y trayectorias distintas, son partidos federalistas que creen que la solución al euro pasa por una mayor integración. Incluso la propia Izquierda Unida, que en otros países de nuestro entorno, desde Grecia a Francia o Portugal, representaría una izquierda algo más radical en temas europeos, nunca ha jugado ese papel euroescéptico ni parece decidida a articular su mensaje electoral en clave antieuropea. Como tampoco tenemos en España partidos de extrema derecha, que combinando nacionalismo y xenofobia suelen nutrir el euroescepticismo en un gran número de países de nuestro entorno (Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Austria), nos encontramos con un panorama atípico en nuestro entorno. El resultado es que carecemos de movilización, ni a favor ni en contra de la UE.

Paradójicamente, esta falta de conflictividad supone, en las circunstancias actuales, una debilidad política adicional. En otros países de nuestro entorno (sea el Reino Unido, Francia, Italia, Grecia o incluso Alemania), los Gobiernos pueden utilizar una opinión pública crítica con Europa como baza negociadora a la hora de exigir cambios. “Yo estoy a favor, pero mi opinión pública no lo aceptaría”, se oye decir en Alemania. En España, sin embargo, tal afirmación no sería creíble. Esa atonía permite dudar de que el europeísmo de los españoles pueda o vaya a ser movilizado. Un porcentaje abrumador de los españoles, lo hemos visto en esta y en otras encuestas de Metroscopia, considera que las políticas europeas están equivocadas. Por la izquierda se rechaza la austeridad y por la derecha, aunque se comparte el objetivo de austeridad, se resiente la falta de políticas orientadas al crecimiento. Pero un porcentaje muy significativo de españoles considera que las elecciones europeas no son el medio de obtener de esos cambios y que, como siempre, se decidirán sobre cuestiones fundamentalmente nacionales. La nota dominante, pues, parece ser el descreimiento y la ausencia de expectativas sobre la capacidad de la UE de reaccionar. La cifra es rotunda y el mensaje claro: un 86% de los españoles quiere que la UE emprenda políticas orientadas al crecimiento. Dicen que los ciudadanos han abandonado el proyecto de integración, pero lo que aquí vemos es que es más bien la UE quien les ha abandonado.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el Domingo 9 de junio de 2013

¿Dónde estaba Alfonso Guerra?

Sí, están ustedes en la sección de Internacional. Y, no, no es nada personal contra este diputado, representante electo desde hace 34 años, sino una llamada de atención sobre hasta qué punto las decisiones que estamos adoptando con motivo de la crisis del euro transforman nuestra democracia.

¿Y qué tiene que ver Alfonso Guerra con ello? Aunque pocos lo sepan, el diputado Guerra ostenta una de las responsabilidades más importantes que a un ciudadano puede conferirse en una democracia: la de presidente de la Comisión de Presupuestos. Los impuestos y los parlamentos están tan íntimamente unidos que nos podemos remontar todo lo que queramos en el tiempo para comprobar la fortaleza de esa conexión. Ya las Cortes de León, reunidas en Benavente en 1202, aprobaron un impuesto y autorizaron la emisión de moneda. Y unos años después, en 1215, la Magna Carta, recuperada luego como inspiración de la revolución americana contra la corona británica, estableció un principio (“no taxation without representation”) muy similar a aquel que formulara Justiniano: “Lo que es de todos debe ser aprobado por todos”.

De ahí que resulte legítimo preguntarse si al presidente de la Comisión de Presupuestos se le habrá pasado por alto la entrada en vigor el 30 de mayo de la última y más novedosa pieza del engranaje supervisor y corrector sobre los miembros de la eurozona, un paquete formado por dos nuevas regulaciones europeas que dictan el calendario, el procedimiento y los límites bajo los cuales las Cortes Generales elaborarán a partir de ahora esos Presupuestos Generales del Estado donde se fijan los impuestos que pagaremos y los servicios que recibiremos a cambio.

Las nuevas normas, llamadas “Two Pack” (paquete de dos), se añaden a las ya aprobadas en estos dos últimos años para completar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que se basó el euro. Junto con el Semestre Europeo, el Six Pack y el Tratado Fiscal firmado en diciembre de 2011, proporcionan a la Comisión Europea un impresionante arsenal de medidas de vigilancia e intervención sobre los presupuestos y las finanzas de los Estados miembros.

De acuerdo con esas normas, los Estados están obligados a presentar todos los meses de abril sus planes de ajuste del déficit público. Si se prevé que se van a desviar de los objetivos del 0,5%, Bruselas mandará un primer aviso y obligará a depositar una fianza del 0,1% del PIB. Si el Gobierno persevera en la desviación, se le abrirá un procedimiento de déficit excesivo y se le obligará a firmar un eufemístico “acuerdo de partenariado económico” donde se detallarán las reformas estructurales que el país tiene que acometer. Si persiste en la desviación, la multa será del 0,2% del PIB, pero si hay falsedades en las estadísticas la sanción puede llegar al 0,5% e implicar la retirada de los fondos de cohesión. Y si finalmente el país tiene que ser rescatado, total o parcialmente, entonces pasa a formar parte de un programa de vigilancia intensiva que incluye unas visitas regulares de los hombres de negro de las que no se librará hasta que haya devuelto el 75% de la ayuda financiera recibida. Y si tus socios europeos deciden que eres un problema sistémico que amenaza a los demás, entonces te espera un “programa de ajuste macroeconómico completo”, que es como el súmmum de esta reeducación maoísta en la austeridad en la que se ha convertido la eurozona.

Para evitar llegar estos extremos, en lo sucesivo, los parlamentos nacionales elaborarán y aprobarán los presupuestos sobre la base de unas perspectivas de crecimiento elaboradas por la Comisión, no por el Gobierno, y sobre unos planes de estabilidad y programas nacionales de reformas que también deberán haber sido pactados de antemano con Bruselas para evitar que caigan en el voluntarismo contable o en el electoralismo presupuestario. A partir de ahora, el borrador de presupuestos anual deberá ser presentado a la Comisión antes del 15 de octubre, que tendrá hasta el 30 de noviembre para examinarlo y, si no le satisface, pedirle al Gobierno que lo modifique antes de someterlo a votación en el Congreso. Resumiendo, las Cortes Generales no podrán aprobar gastos ni emitir deuda sin el respaldo de unos ingresos verificables por Bruselas de forma independiente.

Todo esto es una traducción al castellano democrático de la jerigonza bruseliana sobre “gobernanza económica”, que ha llevado el uso del acrónimo a unos niveles obscenos desde el punto de vista de la comunicación con la ciudadanía. Señores diputados, entérense bien de lo que es un AGS, AMR, CSR, EDP, EIP, GSP, MIP, MBO, MSCAP, NRP, TSCG, RQMV o WEF, porque sin saberlo no podrán ejercer su tarea representativa. Y luego cuéntennos a qué se van a dedicar. En la unión penitenciaria, no tienen un papel muy claro.

 Publicada en la edición impresa del Diario ELPAIS el 7 de junio de 2013

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Europa en el laberinto sirio

El drama de la impotencia europea ante las 80.000 víctimas mortales que acumula el conflicto sirio nos termina de desvelar con toda nitidez qué aspecto tiene ese mundo poseuropeo por el que, en nuestro ensimismamiento con la crisis del euro, tanto hemos trabajado en los últimos años. Esa perpetua celebración de las más mínimas diferencias en la que estamos suicidamente embarcados, entre los europeos pero también dentro de España, ha logrado por fin un objetivo que todo el mundo puede ver y tocar. Seguro que nadie imaginaba que el resultado de tanta introspección iba a ser tan gráfico.

No se trata tanto del baile de desacuerdos entre los Veintisiete al que hemos asistido en torno al levantamiento del embargo de armas a Siria. En unas circunstancias tan difíciles como las que se viven en Siria, donde todas las opciones son peligrosas e inciertas, que las posiciones de partida entre los Veintisiete difirieran era esperable. Lo destacable es que la noche del lunes los europeos solo tuvieran encima de la mesa opciones que reflejaran su impotencia. No se trataba, precisión importante, de decidir sobre si intervenir militarmente en Siria o de lanzar una ofensiva diplomática internacional para lograr doblegar a Asad, no. Se trataba de dirimir si la posibilidad de que los europeos armaran a los rebeldes podría mejorar sus bazas negociadoras en la ronda de negociaciones que se abrirá próximamente en Ginebra.

Si Jean Monnet volviera

Jean Monnet, el padre fundador de la integración europea, tenía un método: dejar a un lado las discusiones abstractas sobre el poder, la soberanía o las identidades y concentrar todas las energías en encontrar soluciones prácticas a los problemas de fondo que bloqueaban el avance en la cooperación entre países. Frente a los federalistas, que pensaban (y piensan) que la paz y la reconciliación entre europeos solo sería posible mediante la creación de los Estados Unidos de Europa, Monnet se mostraba convencido de que la integración tenía que empezar por la economía, no por la política. Las ventajas del método Monnet eran múltiples: se trataba de un proceso incremental, basado en pequeños pasos, de abajo arriba y que podía ser gestionado eficazmente por una reducida élite.

Para Monnet, la mayoría de los problemas tenían una solución técnica bastante evidente, pero que la gente se resistía a visualizar porque pensaba solo en términos nacionales. Sus estadillos repletos de cifras se hicieron famosos tanto durante la I como la II Guerra Mundial, cuando jugó un papel esencial como organizador del esfuerzo militar aliado. En ambos conflictos, la táctica de Monnet consistió en hacer ver a los aliados que compartir sus recursos económicos no solo les haría ganar la guerra, sino que era menos costoso que no hacerlo. Gracias a Monnet, los aliados sobrevivieron a la asfixia económica provocada por la guerra submarina alemana durante la primera guerra y pudieron desbordar industrialmente a Alemania durante la segunda.

Europaradolandia

Celebramos ayer el día de Europa bajo dos sombras. La primera es la severísima situación de desempleo, precariedad, estancamiento económico y recortes en el Estado del Bienestar que sufren millones de europeos como consecuencia de la crisis. Las magnitudes son impresionantes: si los 26 millones parados que tiene hoy la UE declararan la independencia, ese hipotético estado, Europaradolandia, sería nada menos que el séptimo miembro de la UE, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia.

¿Qué país mejor que España para ilustrar el drama que vive Europa? Hay hoy más españoles en paro que ciudadanos daneses en total (5,5 millones), eslovacos (5,4), finlandeses (5,3), irlandeses (4,5), lituanos (3,3) letones (2,3), eslovenos (2,2) estonios (1,3) o que chipriotas, luxemburgueses y malteses juntos (1,7). Si los 6,2 millones de parados españoles decidieran marcharse de España y fundar su propio Estado, en la UE habría nada menos que 11 países con menor población que esta hipotética “República Independiente del INEM” formada sólo por desempleados españoles. Claro que mientras que todos esos parados españoles carecen de una voz política propia que puedan articular institucional o políticamente, esos 11 Estados de la UE tienen un Comisario, se sientan en el Consejo Europeo y pueden bloquear la reforma de los Tratados.

Mala sangre

En inglés, la expresión bad blood se usa para describir el deterioro que en una relación provoca la percepción de que una de las partes está dañando a la otra. El resultado es la animosidad pero, sobre todo, la ruptura en la capacidad de las partes de comunicarse e interactuar cordialmente. Piensen ahora en los retratos de Angela Merkel caracterizada como una nazi en las manifestaciones en Atenas o en las esvásticas que se vieron en las calles con motivo de su visita a Lisboa. O fíjense, en sentido contrario, en la desgraciada portada de Der Spiegel, la prestigiosa revista alemana, con un montaje en el que presenta un campesino típico del sur de Europa subido en un burro cargado de billetes bajo un paraguas europeo acompañado del titular: “La mentira de la pobreza, cómo los países en crisis esconden su riqueza”.

Y no olviden que pese a que el centroizquierda se haya hecho con el Gobierno en Italia, el 55% de los italianos votaron a Beppe Grillo o a Silvio Berlusconi, cuyos discursos electorales fueron furibundamente antialemanes. Como se ha visto en la polémica generada por el documento interno del Partido Socialista francés en el que se acusa a la “intransigencia egoísta” de Alemania de hundir Europa, no hablamos solo de las calles o las portadas de la prensa, sino de la extensión del resentimiento por los pasillos del poder donde se mueve la élite política; mientras Hollande se hunde en las encuestas, dicen en París, Merkel se encamina a su reelección. España tampoco queda al margen: como mostró la tribuna del embajador alemán en este mismo diario el viernes pasado (Desde la profunda amistad),las relaciones de España con Alemania, que en razón de la ausencia de una historia negativa o conflicto bilateral han sido de las mejores existentes en todo el seno de la Unión Europea, se han despeñado por una sima de desconfianza recíproca y percepciones cruzadas sumamente negativas. Mala sangre.

El precedente kosovar

“El Gobierno español, deseoso de contribuir a la paz y prosperidad de los Balcanes, ha decidido reconocer a la República de Kosovo. El Gobierno toma esta decisión de acuerdo con la legalidad internacional y al amparo de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2010 aseguró que la declaración de independencia formulada por Kosovo ‘no violó el derecho internacional, la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni ninguna otra norma aplicable de derecho internacional’. Además de las razones jurídicas, el Gobierno ha tomado nota del hecho de que desde la proclamación de la independencia del Estado kosovar en febrero de 2008 sean ya 98 los estados que han manifestado dicho reconocimiento, entre ellos una mayoría muy significativa de nuestros principales socios y aliados europeos. Es previsible, además, que gracias al acuerdo recientemente alcanzado por las autoridades kosovares y serbias, mediante el cual ambas partes se comprometen a no obstaculizar el reconocimiento y acceso de uno y otro a diversas organizaciones internacionales, entre ellas la propia Unión Europea, el número de Estados que reconozcan a Kosovo siga creciendo con el tiempo. La decisión del Gobierno no sólo se fundamenta en la innegable existencia fáctica y jurídica del Estado kosovar sino que refleja el compromiso de la política exterior del Gobierno con la estabilidad de los Balcanes, que es a su vez un elemento central de la política exterior de la Unión Europea. En ese sentido, el Gobierno se felicita porque el acuerdo recientemente alcanzado por las autoridades kosovares y serbias, que concede un grado sustancial de autonomía a las municipalidades serbias, permitirá normalizar la convivencia entre ambas comunidades y facilitar el cierre de las heridas dejadas por el conflicto que asoló a la antigua Federación Yugoslava. Gracias a la mediación de la Unión Europea y a la perspectiva de adhesión a la UE, kosovares y serbios podrán en un futuro reencontrarse en plenitud de derechos en una Europa plural, abierta, pacífica y democrática. El Gobierno desea aclarar que este reconocimiento no constituye precedente ni puede ser utilizado en otro contexto que el específicamente kosovar. Si algo ofrece España a los españoles y al mundo es un modelo de convivencia democrática y pacífica que garantiza el máximo respeto a la diversidad y a las identidades en un marco caracterizado por un elevadísimo nivel de autogobierno”.

Choque de democracias en la UE

Hubo un tiempo en el que se consideraba una enfermedad británica. Pero ahora el euroescepticismo se ha extendido por todo el continente como un virus. Como muestran los datos del Eurobarómetro, la confianza en el proyecto europeo ha disminuido incluso a más velocidad que las tasas de crecimiento. Desde el comienzo de la crisis, la confianza en la Unión Europea ha caído 32 puntos en Francia, 49 en Alemania, 52 en Italia, 94 en España, 44 en Polonia y 36 en el Reino Unido.

Lo más llamativo es que en la UE todo el mundo ha perdido esa fe: tanto los acreedores como los endeudados, los países de la eurozona, los aspirantes a serlo y los que decidieron no adherirse al euro. En 2007, pensábamos que el Reino Unido, donde la confianza era de menos 13 puntos, era el bicho raro con su euroescepticismo. Ahora, los cuatro países más grandes de la eurozona tienen niveles de confianza en las instituciones de la UE inferiores a los de Gran Bretaña entonces: Alemania, menos 29, Francia e Italia, menos 22, y España, menos 52. ¿Cuál es la explicación?

Legislador Rehn

Perplejidad. Eso es lo que transmite la pugna acerca de la austeridad que sostienen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debate es tan extremadamente técnico como profundamente político. En esencia, se trata de averiguar cuánto se reduce el PIB de un país con cada punto de recorte fiscal. Puede parecer algo complejo pero no lo es tanto: en función del valor del llamado “multiplicador fiscal”, los recortes pueden salvar una economía o hundirla.

Los blogs nacionales e internacionales donde los economistas debaten de estos asuntos bullen con análisis y contraanálisis donde se defienden o atacan las políticas de austeridad que está siguiendo la UE. El problema no es solo que la discusión que mantienen en torno a los multiplicadores fiscales haya alcanzado unos niveles de complejidad que ya quisiera la escolástica para sí misma. La cuestión es que, aunque sobre el papel, las recetas y los trabajos de estos economistas tengan una presentación impecable, con sus correspondientes gráficos, tablas estudios de caso y fórmulas estadísticas, lo que uno ve cuando uno se asoma a la cocina es un debate muy virulento en el que a menudo se cruzan gruesas acusaciones sobre incompetencia, manipulación de datos o sesgos ideológicos.

España, sin política exterior

La política exterior de España se encuentra en un estado crítico. Como consecuencia de la crisis, sí, pero también como resultado de las decisiones tomadas en los últimos años. Para justificar esta aseveración no hace falta más que mirar con algo de detenimiento a los tres pilares que conforman la acción exterior de cualquier país: la diplomacia, la defensa y el desarrollo.

En cuanto a la diplomacia, son varios los elementos, estructurales y coyunturales que se conjugan para crear esta situación. El más evidente tiene que ver con la crisis, que ha tenido un profundísimo impacto sobre la capacidad de actuación de España en el plano internacional. España, que siempre luchó por hacerse un hueco entre los grandes de la UE, tiene hoy extremadamente difícil no ya ser influyente sino ni siquiera hacerse oír en Europa, mucho menos fuera de ella.