Archive for 27 abril 2012

Rebelión a bordo

27 abril, 2012

El poder se puede ejercer de dos maneras: directamente, sometiendo una decisión a debate público y posterior votación, o de una manera más sutil, eliminando de la agenda pública la discusión sobre una política y sus alternativas. De lo que no se habla, no existe; de ahí que los políticos dediquen tantas energías a controlar la agenda pública.

Así estaban las cosas en Europa respecto a la austeridad. Sin embargo, en poco menos de una semana, los diques se han roto y el debate ha irrumpido con fuerza, permitiendo una recomposición total de los términos del debate europeo. Como todo cambio súbito, resulta más fácil explicarlo a posteriori que predecirlo a priori pero lo cierto es que han sido numerosas las voces que en los dos últimos años se han mostrado a favor de un cambio de estrategia. No obstante, una y otra vez, estas voces fracasaron. Y si fracasaron fue en gran parte porque los destinatarios de estos mensajes pudieron cuestionar la legitimidad de los que planteaban el cambio de rumbo. Por un lado, los mensajes provenientes del otro lado del Atlántico eran rehusados con el argumento, primero, de que Estados Unidos y la Unión Europea era tan distintos que hacían imposible que las recetas aplicadas en un lado funcionaran en otro y, segundo, al atribuir un sesgo ideológico izquierdista a los economistas estadounidenses (Krugman, Sachs y Stiglitz, entre otros) más críticos con las políticas de austeridad europeas.

Algo parecido ha venido ocurriendo con los mensajes que venían del sur de Europa, rechazados con argumentos similares: por ideológicos, cuando venían de los socialistas, o por auto-interesados, al cuestionarse el derecho de un paciente irresponsable y endeudado a opinar sobre su tratamiento. Eso explica que ni siquiera el cambio a gobiernos de orientación conservadora en los cuatro países del Sur de Europa pudiera alterar los términos del debate europeo. Pese a sus impecables credenciales conservadoras, Passos Coelho, Rajoy, Monti y Papademos han estado amordazados: en su actual situación de debilidad económica, coaligarse contra Alemania y Francia, de la que dependen para salvarse, carecía de sentido.

En esas circunstancias, no cabe dudar de que la victoria de Hollande en la primera vuelta de las presidenciales francesas es la que ha dado un vuelco al debate. Sin embargo, Hollande no es toda la historia: primero, porque todavía no ha ganado; segundo, porque los conservadores del sur de Europa tienen, por razones obvias, reticencia a confiar en un socialista francés; y tercero, porque incluso aunque gane, su margen de maniobra será mínimo y su capacidad de imponerse a Alemania muy reducida. En la memoria de Hollande sin duda está grabado lo ocurrido en 1981, cuando Mitterrand salió en tromba por la izquierda y fue inmediatamente devuelto al redil por los mercados, que se cebaron contra el franco (ahora lo harían contra su deuda).

Tan importante para el cambio o incluso más aún ha sido: primero, la caída del Gobierno en los Países Bajos, pues el Gobierno conservador de Rutte era y es un aliado esencial de Alemania. Segundo, que el Fondo Monetario Internacional pasara a cuestionar públicamente la rigidez con la que la estrategia de austeridad se está aplicando. Tercero, el fracaso de las políticas de austeridad en el Reino Unido, donde Cameron, otro adalid de la austeridad, no ha podido generar crecimiento ni siquiera con el respaldo de los bajísimos tipos de interés sobre su deuda garantizados por el Banco de Inglaterra. Y cuarto y último, la sucesión de datos económicos negativos a lo largo de toda Europa han mostrado que el desacoplamiento económico entre los países del Norte, que irían creciendo como resultado de sus virtuosas políticas, y del Sur, que tendrían que esperar a crecer hasta que tuvieran efecto las reformas, es imposible.

Frente a los argumentos de fuera (EEUU), de abajo (el Sur de Europa) o de enfrente (los socialistas), estos argumentos provienen del corazón del sistema, lo que ha hecho imposible que fueran ignorados. Así pues, un cambio en Francia era una condición necesaria, pero no suficiente. Hasta qué punto cambiarán las cosas como resultado de este realineamiento de fuerzas es todavía una incógnita pues el proceso acaba de empezar y está lleno de incertidumbres: en mayo tendremos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, las elecciones griegas y el referéndum en Irlanda sobre el Tratado fiscal, y en junio las elecciones legislativas francesas. Entre medias, una Angela Merkel sometida a presiones contradictorias desde múltiples ámbitos tendrá que someter a ratificación ante el Bundestag el pacto fiscal europeo y el mecanismo europeo de estabilidad (MEDE). Más que nunca, el futuro de Europa pasa por las manos de la canciller. ¿Sofocará la rebelión y mantendrá el rumbo o aceptará la necesidad de virar?

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 Publicado en ELPAIS el 27 de abril de 2012

¿Ha llegado el momento de decir basta a Alemania?

20 abril, 2012

Dice Jens Weidmann, el joven economista que accedió a la Presidencia del Bundesbank después de una carrera política meteórica a la sombra de Angela Merkel y miembro, seguramente el más influyente, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que unos tipos de interés del 6% no son “el fin del mundo” y que, por tanto, no constituyen motivo suficiente para que el BCE se movilice para aliviar la presión que sufre España en los mercados de deuda. Intriga saber hasta qué punto Weidmann es consciente de que España y Alemania comparten una unión monetaria y, también, hasta qué punto participa de la preocupación de que semejantes diferenciales en los tipos de interés ponen en cuestión su sentido último y existencia.Suponemos que para Weidmann, en cuyo mandato no entra ni el crecimiento ni el empleo sino solo la estabilidad de precios, una inflación del 6% sí que sería el fin del mundo. Pero, afortunadamente, el presidente del Bundesbank puede dormir tranquilo ya que la inflación media en la eurozona es del 2,7%. En España, además, para mayor tranquilidad de Weidmann, la inflación es del 1,8% y en Grecia del 1,4%, menor incluso que en Alemania (2,3%). Así que, en el mundo feliz de los economistas del Bundesbank, ni siquiera las palabras del economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, desaconsejando a España una mayor consolidación fiscal en razón de sus perspectivas de recesión tienen valor alguno. Triste consuelo que siendo miembros de la eurozona sea solo en Washington y en Londres, y no en Bruselas o Berlín donde España pueda expresarse y ser escuchada cuando plantea la necesidad de acompañar las reformas y los recortes con políticas de crecimiento.

El valor de esa declaración tan sincera y a la vez tan torpe de Weidmann es que explica con toda claridad lo que le está ocurriendo a Europa, y muy directa y particularmente a España. La falta de visión y sensibilidad que encierra nos retrotrae a la ceguera de las elites francesas al terminar la I Guerra Mundial, que sofocaron cualquier posibilidad de recuperación y crecimiento económico en Alemania al imponer unas onerosísimas reparaciones de guerra. Aquellas reparaciones, aun siendo justas, pues Alemania había comenzado la guerra, dieron paso a la mezcla de populismo e irredentismo que alumbraron el nazismo y la segunda guerra mundial. No deja ser paradójico que Alemania, que ha superado admirablemente el nazismo, no haya podido hacer lo mismo con la inflación que llevó al colapso a la república de Weimar. Sin duda alguna, si el euro termina por romperse o la construcción europea se colapsa, los historiadores utilizarán frases como esta para explicar qué falló en Europa y qué errores se cometieron.

Ahora, el Gobierno alemán, con su ceguera y con una actitud similar (hágase la justicia aunque perezca el mundo), no sólo pone en peligro la construcción europea sino que alienta la emergencia de sentimientos anti-alemanes. De muestra un botón: aunque en España la imagen de Alemania como país sigue siendo buena, el último barómetro del Real Instituto Elcano muestra que tres de cada cuatro españoles (el 73%) consideran que Alemania no tiene en cuenta los intereses de España y, más unánimemente aún, el 87% piensa que “el país que manda en Europa es Alemania” (no el país que manda “más” sino, nótese, el país que manda, a secas).

¿Ha llegado el momento de decir “basta” a Berlín? Sí, sin duda. ¿Cómo? Coordinando desde Bruselas la agenda de reformas nacionales con la agenda de crecimiento europea. Ello requiere la restauración de los equilibrios políticos e institucionales en Europa, que han saltado por los aires. Por un lado, la Comisión Europea, que debería hablar en nombre de todos los estados, ha sido eliminada como actor político. Al comienzo de su segundo y último mandato, el Presidente de la Comisión, Barroso, amagó con convertirse en un auténtico líder. Pero cuando las cosas se han puesto difíciles se ha deshecho sin más de la agenda de crecimiento sostenible que llevaba años impulsando. Y por otro lado, Francia, que siempre ha ejercido un papel de contrapeso sobre Alemania, está hoy por hoy en manos de alguien como Sarkozy, el estadista del Toisón de Oro que compensa el fracaso de su agenda reformista en casa con la indigna y típica practica del servilismo del débil hacia arriba (con Alemania) y la arrogancia del fuerte hacia abajo (España). Esa Francia, irreconocible, se ha convertido en un problema tan grande para el futuro de Europa como el rigorismo que domina el Bundesbank. Hollande puede ser un revulsivo, para Francia, para la Comisión, y para la propia Alemania.

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Los otros déficits

13 abril, 2012

El control, sin discusión previa alguna, de la agenda política nacional por parte de instituciones supranacionales como la UE, el BCE o el FMI constituye el mayor déficit democrático de nuestro país. Esta es una de las principales conclusiones del Sexto Informe sobre la Democracia en España, publicado esta semana por la Fundación Alternativas. No se trata de una conclusión que se base sólo en las opiniones de los casi doscientos expertos consultados para la elaboración del informe, sino de un fenómeno que se observa también en la opinión pública: España destaca en los sondeos de opinión llevados a cabo por la Comisión Europea (Eurobarómetros) por ser, después de Grecia, el país donde la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea más se ha deteriorado desde el inicio de la crisis.

El dato invita a la reflexión, antes que nada, en torno a la cuestión de la soberanía. El problema es que ese concepto es excesivamente versátil. El debate, más bien ruido, que nos llega desde Francia, donde tanto la derecha xenófoba como la izquierda globofóbica se disputan el concepto como banderín movilizador del electorado, nos previene contra su uso como sinónimo de cerrarse al mundo, de rechazar lo que viene de fuera o, incluso peor, de perseguir o querer expulsar lo que estando dentro de nuestras fronteras es diferente. Por tanto, como el término fácilmente adquiere un cariz identitario y moviliza al nacionalismo proteccionista, de izquierdas o de derechas, es lógico que nos sintamos sumamente incómodos y nos prevengamos contra su uso. Además, como en tantos otros ámbitos de la política, lo importante no es qué se dice, sino de qué se habla. Por eso, por nobles que sean las intenciones del que se atreve a abrir un debate sobre la soberanía, como resulta que ese debate está colonizado de antemano por otros, las posibilidades de hacer el juego a los que más gritan en lugar de a los que más reflexionan son muy elevadas.

Se trata, además, de un debate falaz, porque la soberanía, entendida como autonomía, sencillamente no existe (ni hoy ni, si echamos la vista atrás, seguramente nunca). Si algún sentido tiene hablar de soberanía es como capacidad de decisión. Siempre que una decisión sea efectiva desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía, la importancia del nivel donde se tome dicha decisión, sea nacional (las Cortes Generales), supranacional (el Ecofin) o internacional (el G-20), puede ser relativizada. Por tanto, si tiene un margen de influencia razonable en dichas decisiones y, además, esas decisiones le benefician, España no sería menos soberana porque las decisiones sobre su futuro se tomaran fuera de sus fronteras, más bien al contrario. De ahí que en España nunca, al menos hasta ahora, hayamos podido hablar de un déficit democrático o, en paralelo, de una pérdida de soberanía: con toda seguridad, España no ha sido más democrática ni más soberana en ningún otro periodo de su historia que el transcurrido desde su adhesión a la UE en 1986.

Pero precisamente por eso, en las circunstancias actuales, cuando es evidente que las instituciones europeas no están tomando decisiones favorables a los intereses de España, es cuando el europeísmo pasivo y acrítico que ha dominado en nuestro país debería convertirse en un europeísmo militante y crítico, que entienda lo europeo no sólo como un espacio de consenso y armonía de intereses, sino como un espacio de conflicto entre intereses y visiones divergentes en el que hay que hacerse valer.

Por eso, aunque a primera vista se trate de una mala noticia, el dato que el informe de la Fundación Alternativas nos traslada admite una segunda lectura. No deja de resulta sorprendente que, como problema, esta denominada “interferencia exterior” se sitúe por encima de fenómenos de ámbito estrictamente nacional como la corrupción, la lejanía de los políticos, el mal funcionamiento del Estado o la baja participación ciudadana. Esto nos invita a suspender, aunque sea, temporalmente, la autoflagelación colectiva en la que nos hemos instalado: los despilfarros, corruptelas e ineficiencias en los que hemos incurrido, siendo graves y debiendo ser corregidos, no son los que explican nuestra situación actual. El paro, los diferenciales de deuda y los recortes en sanidad y educación no son un castigo merecido que debamos aceptar acríticamente, sino en gran medida el producto de un contexto político y económico no sólo nacional, sino también europeo e internacional sobre el que tenemos que actuar. En las circunstancias actuales, España parece haber limitado todas sus opciones a dos: ser interferida, el mal menor, o ser intervenida, el mal mayor. Sin embargo, no es la resignación ni la aceptación acrítica de las decisiones exteriores la que nos sacará de esta crisis, sino un activismo europeo que hasta ahora ha sido, si cabe, tan deficitario como nuestras finanzas públicas.

Publicado en ELPAIS, viernes 13 de abril de 2012

Tiempo de recortes en la cooperación española

6 abril, 2012

De acuerdo con el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno, la ayuda oficial al desarrollo se recortará en 1.580 millones de euros, lo que supone una disminución del 70% frente al año anterior. Esta reducción en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación contrasta con el recorte medio que ha sufrido la Administración General del Estado, que ha sido de un 17%. Esto supone que la cooperación pasará de representar el 0,4% al 0,26% del PIB, lo que implica un retroceso hasta los niveles de 2002. Como es natural, la comunidad de expertos en desarrollo se ha echado las manos a la cabeza por esta decisión del retrasar nada menos que una década nuestro cumplimiento del compromiso con Naciones Unidas de alcanzar el 0,7% del PIB.

Aunque parezca una perogrullada, el Gobierno recorta la cooperación por una razón muy sencilla: porque puede hacerlo. En una democracia, los políticos intercambian políticas por votos. Al fin y al cabo, la política no deja ser un mercado donde los políticos buscan maximizar los beneficios de sus políticas o, inversamente, minimizar los costes adversos de sus decisiones. En el caso de la cooperación, excepto la pequeña minoría de profesionales dedicados a la cooperación, la mayoría de sus beneficiarios materiales están fuera de nuestras fronteras, es decir, no forman parte del cuerpo político español ni votan en las elecciones generales. De ahí que se los recortes se ceben en el ámbito de la cooperación.

En teoría, las sociedades democráticas avanzadas deberían ser capaces de crear y sostener mecanismos transfronterizos de solidaridad. En la práctica, sin embargo, sabemos cuán difícil es que la solidaridad sortee las identidades nacionales y cruce las fronteras: se trate de la inmigración, de la ayuda oficial al desarrollo o del fondo de rescate para países en dificultad como Grecia, nuestras sociedades, en teoría abiertas pero en la práctica más cerradas de lo que quisiéramos, chirrían y se resisten.

Estos recortes nos muestran pues algo que muchos sospechaban pero que no se atrevían a formular en voz alta: que una década de enormes inversiones y esfuerzos en cooperación y desarrollo no han conseguido afianzar en nuestra sociedad la idea de que la solidaridad no sólo debe practicarse entre generaciones, clases sociales, territorios o individuos, sino que debería extenderse más allá de nuestras fronteras. Aunque los españoles han sido beneficiarios de primer orden de la solidaridad europea durante más de dos décadas, el poso que ha dejado esa solidaridad no parece muy firme. ¿Réquiem in pace pues por la idea de un demos ampliado que trascienda a nuestro cuerpo político? Una pregunta a tener en cuenta de cara al futuro de la presencia global de España y, también, a su posición europea.

Pero no es sólo en el ámbito de los principios donde se han puesto en evidencia los problemas de sostenibilidad de nuestra cooperación al desarrollo, sino también en el de los intereses. Ocho años de gobiernos socialistas impulsaron decididamente esta política dotándola de importantes recursos pero, como se ve ahora, fracasaron a la hora de convertirla en una política de Estado que gozara del respeto del principal partido de la oposición.

De ahí que la política española de cooperación y desarrollo parezca ser ahora víctima de la misma ideologización partidista que la ha venido impulsando. Así, mientras que en los países de nuestro entorno la política de cooperación goza de consenso, tanto en lo referido a los medios como a los fines, el Partido Popular ha visto en dicha política demasiados elementos ideológicos que chirrían con su visión del mundo y su lectura de los intereses nacionales.

Debido a la conjunción de la crisis con la falta de planificación anterior a la llegada al Gobierno, en lugar de mantener sus recursos, como ha hecho el Gobierno de David Cameron en Reino Unido, aquí se ha optado por poner el marcador prácticamente a cero y comenzar desde el principio. Pero sin un pacto de Estado, un intenso diálogo con la oposición y la construcción de un amplio apoyo social a dicha política, dicho comienzo será el preludio del bandazo que vendrá cuando vuelva a cambiar el color del gobierno.

Una política de cooperación y desarrollo sólo será sostenible cuando sea capaz de alinear nuestros valores y nuestros intereses de tal manera que se refuercen mutuamente de forma creíble para todos los actores, políticos, económicos y sociales. Todo lo demás no sólo será un retroceso que dañe nuestra imagen internacional, sino una pérdida de tiempo.

Publicado en el Diario El PAIS  el 6 de abril de 2012