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El fracaso de Tsipras

15 julio, 2015

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Cuando Alexis Tsipras ganó las elecciones en enero de este año, él y Syriza, su coalición de izquierdas, tenían ante sí dos opciones. Una consistía en coaligar a las fuerzas europeístas de los socialistas de Pasok y los reformistas To Potamí en un Gobierno que pudiera trabajar con las instituciones europeas y el resto de los Gobiernos de la eurozona para corregir los errores del pasado y situar al país en una senda de recuperación económica y social. El entorno no podía ser más propicio. A su favor tenía el cambio de énfasis de la nueva Comisión Europea, volcada en los planes de inversión liderados por Jean-Claude Juncker, ahora crítico con el papel de la Troika en los dos rescates anteriores. También contaba con el activismo de Mario Draghi, embarcado en un programa de compra de activos que, por fin, asemejaba al BCE a la Reserva Federal estadounidense, y que permitía a las economías más débiles de la eurozona, como España, comprar tiempo y espacio ante los mercados de deuda para que las reformas estructurales comenzaran a generar crecimiento.

Y en París y en Roma, Hollande y Renzi estaban deseosos de utilizar el ejemplo griego para ablandar las políticas de austeridad con el doble argumento de que dichas políticas no sólo no funcionaban si no iban acompañadas de políticas de estímulo e inversión, sino que eran insostenibles políticamente pues, como Grecia demostraba, acababan destruyendo a los partidos europeístas, a derecha e izquierda. Incluso los muy endurecidos socialdemócratas alemanes, capitaneados por el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, estaban dispuestos a echar una mano si se les solicitaba.

Pero en lugar de formar un bloque europeísta, Tsipras eligió formar un bloque soberanista con la derecha nacionalista y euroescéptica de ANEL, a la que a cambio de su voto de investidura no sólo concedió el Ministerio de Defensa, sino una de las líneas rojas más vergonzosas que Syriza ha venido manteniendo en sus negociaciones con el Eurogrupo en estos seis meses: la imposibilidad de recortar, en un país hundido en una crisis social, un gasto de Defensa que duplica en porcentaje del PIB al de sus socios europeos. Mientras que el programa político de Syriza se ha articulado en torno al relato de la recuperación de la soberanía mancillada por la Troika y la restauración de la democracia, dándole la voz al pueblo en un referéndum con el que recuperar la dignidad frente al exterior, el programa económico ha buscado exponer la inviabilidad del modelo de política económica dominante en la eurozona, basada en la reducción del déficit vía aumento de los ingresos, reducción de gastos y adopción de reformas estructurales de corte liberalizador.

Esta estrategia de confrontación, trufada de provocaciones a Alemania a costa de su pasado nazi, devaneos geopolíticos con la Rusia de Putin y unas tácticas negociadoras que han reventado la confianza entre las partes, han conducido al suicidio político de Tsipras y a un empeoramiento todavía más agudo de la economía griega. Con Tsipras obligado ahora a adoptar en una dosis —encima aumentada— todo aquello que desde el principio quiso superar, y la economía griega forzada ahora a soportar todavía otro ajuste económico, al que se añade una crisis bancaria, el resultado de estos seis meses de Gobierno no puede ser más descorazonador.

A los historiadores queda explicar cómo un hombre que llegó al poder armado de la enorme autoridad moral que le concedía el cúmulo de errores cometidos tanto por el Eurogrupo como por sus predecesores de izquierda y derecha pudo, en cada encrucijada que tuvo delante, tomar el camino equivocado. Como Lutero al fijar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, dando inicio así a la Reforma Protestante, Tsipras y el defenestrado Varoufakis parecen haber tenido como único objetivo demostrar una serie de tesis: que el euro está mal diseñado, que la austeridad no funciona, que la deuda es impagable y que la UE destruye la democracia y los derechos sociales. Tesis todas muy discutibles, en el mejor sentido del término, y que dividen profundamente a los europeos de todas las ideologías. Pero como hemos visto estos meses, el debate ideológico y la acción de gobierno son cosas bien distintas.

Al final Tsipras se ha quedado sólo, y con él, tristemente, Grecia y los griegos. Porque a pesar de los encomios desde el frente soberanista y la elevación de Tsipras a la categoría de héroe de la Reforma protestante anti-europea, lo que Marine Le Pen en Francia, Putin en Rusia, Farage en el Reino Unido o Víctor Orban en Hungría necesitan es un mártir, no un éxito, y un pueblo humillado al que señalar con el dedo ante sus huestes. De ahí que no vayan a mover un dedo por los griegos. Lamentablemente, como muestran los niveles de desconfianza y dureza introducidos en el acuerdo alcanzado entre Grecia y sus socios, nunca vistos en la eurozona, algunos miembros de la eurozona parecen estar bien dispuestos a colaborar con ese empeño en dar armas a los populismos soberanistas de izquierdas y de derechas.

Consecuencia de sus errores y dogmas, Tsipras se ha situado en una situación imposible entre aceptar la salida voluntaria y temporal de la eurozona (aunque no de la UE) que le sugieren desde Alemania, o aceptar convertir al Gobierno de Syriza, que en teoría iba a devolver la dignidad al pueblo griego, en el administrador de un protectorado de la eurozona, que es lo que representa el acuerdo ofrecido a Tsipras. La primera opción supondría para los griegos aceptar la humillación de ser expulsado de la eurozona a cambio de la dignidad de poder volver a gobernarse a sí mismos; la segunda supone aceptar ser gobernado desde fuera a cambio de una posibilidad, no cuantificada pero más bien remota, de que la economía mejore algo.

Uno puede pensar qué es lo que haría si fuera Tsipras, pero lo realmente intrigante es por qué Tsipras hará lo que va a hacer, es decir, si su aceptación de las condiciones del tercer rescate es sincera y por tanto estará comprometido con hacer funcionar ese increíble paquete de austeridad y reformas, o si meramente lo acepta porque sabe que el tercer programa, como los otros dos anteriores, será un fracaso. Tsipras ha fracasado, pero su fracaso es tan rotundo y deja detrás tanta frustración que abre una nueva etapa de incertidumbre.

Publicado en la edición impresa del Diaro ELPAIS el martes 14 de julio de 2015 (cuarta página)

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Europa es ahora el problema

13 junio, 2015

1433873465_951956_1434024029_noticia_normalCuando el 12 de junio de 1985 España firmó el tratado de adhesión a la (entonces) Comunidad Europea, se sumó a una Europa que iba a más, que se integraba en lo político y en lo económico, forjando, como prometían los preámbulos de sus tratados, una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Esa Europa era ambiciosa tanto hacia dentro como hacia fuera: promovía la cohesión social y fomentaba la convergencia entre el norte y el sur, pero también tenía ambición exterior y quería jugar un papel relevante en el mundo. En poco más de una década desde la incorporación de España, aquella pequeña Europa de nueve miembros a la que la España democrática dirigió su solicitud de adhesión se estaba dotando de una moneda única y, tras superar con éxito la reunificación de Alemania, planeando más que duplicar su número de miembros.

En modo alguno es casualidad que los mejores años de la historia de España, los “treinta gloriosos” que el resto de Europa ya había disfrutado coincidiendo con el inicio del proyecto de integración en la década de los cincuenta del siglo pasado, hayan coincidido con este proceso de europeización que se inició en 1977 con la solicitud de adhesión. España encajó en aquella Europa que se integraba a toda velocidad como una mano en un guante: en ella encontró un vehículo perfecto para completar un proceso de modernización política, económica y social en demasiadas ocasiones pasadas truncado. Como el proyecto europeo y el proyecto nacional no eran sino dos caras de la misma moneda, imposibles de separar, la política europea y la política nacional fluían al unísono con suma naturalidad. Por eso, a la vez que dejarse llevar hacia la modernización, España pudo liderar políticas europeas como la cohesión o la ciudadanía con una enorme confianza en sí misma, abrirse al mundo y encontrar, por fin, su lugar en un mundo globalizado.

Sin duda que Europa ha sido, como Ortega dictaminó, la solución al problema de España. Hoy, España tiene problemas de gran calado —por cierto muy similares a los que padecen todas las sociedades democráticas avanzadas de nuestro entorno—, pero no es un problema, ni para sí misma ni para los demás, en el sentido orteguiano. A cambio, sin embargo, es Europa la que se ha convertido en un problema. Plantear Europa como problema en un país construido sobre la aseveración orteguiana de que “España es el problema, Europa la solución” puede sonar a provocación. Pero hablar de Europa como problema puede tener bastante sentido si dejamos a un lado la acepción más trascendental —la que nos remite a una discusión acerca de nuestro ser colectivo y nuestra identidad— para, a cambio, adoptar una visión algo más práctica que entienda Europa como un problema práctico que resolver, es decir, la que nos lleve a discutir cómo organizar nuestros asuntos públicos, nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad teniendo en cuenta la existencia de la Unión Europea.

Porque la realidad hoy es que, casi 40 años después de que nuestra Constitución previera, en su artículo 93, celebrar tratados por los cuales se cediera a una “organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”, esa Unión Europea a la que por prudencia los padres constituyentes no pudieron referirse por su nombre y apellidos (¿y si no nos admitían?) se ha convertido en un nuevo nivel de Gobierno cuyas competencias alcanzan todos los órdenes de la vida política, económica y social de los ciudadanos españoles, casi en una cuarta rama de poder que se suma al ejecutivo, legislativo y judicial.

Cierto que esta Unión Europea que a raíz de la crisis del euro ha dado un gran salto en la integración, y que se apresta a dar otro de todavía mayor alcance con el fin de completar la unión monetaria y prevenir problemas como los que generaron la crisis del euro, no tiene un problema de legitimidad en sentido estricto, pues se nutre del consentimiento de gobiernos y parlamentos legítimamente elegidos. Pero es inevitable plantearse si esta gran agencia en la que se ha convertido la Unión Europea, con una batería de reglas tan estrictas para los Estados miembros como los mecanismos para prevenir y, en su caso, sancionar su incumplimiento, es sostenible políticamente sin una legitimación de la ciudadanía más activa y directa de la que escasamente emana de unas elecciones europeas que suelen jugarse en clave nacional y de espaldas a la mayoría del público.

No es de extrañar que en las tres décadas transcurridas desde 1985 los españoles hayan pasado de un europeísmo muy instintivo, poco informado y más bien basado en los beneficios materiales de la adhesión a un europeísmo algo más frío, también más crítico. Del enorme consenso que al comienzo de la Transición suscitó el proceso de integración en Europa, hemos pasado a un estado dominado por la incertidumbre y, en algunos, hasta el resquemor. Aunque sean hoy pocos los partidarios de abandonar el euro, parece que son casi tan pocos como los que confían en que el euro vaya a ser capaz de superar las divisiones, económicas y mentales, que con tanta fuerza han resurgido entre el sur y el norte y volver a generar una dinámica virtuosa de convergencia en la que todos ganen por igual.

El proyecto europeo está en tierra de nadie: aunque muchos dentro de Europa los añoren, y otros fuera de ella sueñen con reconstruirlos, los Estados europeos hace tiempo que abandonaron en la cuneta ese viejo y anquilosado vehículo llamado Estado-nación y se subieron al tren de la integración supranacional. Sin embargo, están igualmente lejos de conformar una unión política de verdad, democrática y a la vez legítima, que sea algo más que una unión de reglas para supervisar el correcto funcionamiento de los mercados, la moneda y los presupuestos. Nos hemos quedado a medio camino en una Unión Europea dominada por las tensiones dentro y entre los Estados, con opiniones públicas cada vez más escépticas y líderes nacionales cada vez más renuentes a enfrentar su irrelevancia.

Si la Europa en la que nos integramos ofrecía un proyecto de futuro ilusionante, la Europa en la que habitamos hoy parece más un espacio en el que competir unos contra otros que uno en el que cooperar para lograr asegurar nuestro bienestar colectivo como europeos. Treinta años después, esta Europa, pequeña en su ambición y egoísta en su vocación, es el problema que, con el permiso de Ortega, debemos arreglar.

Publicado en la edición impresa del  Diario ELPAIS el 12 de junio de 2015

 

Los otros déficits

13 abril, 2012

El control, sin discusión previa alguna, de la agenda política nacional por parte de instituciones supranacionales como la UE, el BCE o el FMI constituye el mayor déficit democrático de nuestro país. Esta es una de las principales conclusiones del Sexto Informe sobre la Democracia en España, publicado esta semana por la Fundación Alternativas. No se trata de una conclusión que se base sólo en las opiniones de los casi doscientos expertos consultados para la elaboración del informe, sino de un fenómeno que se observa también en la opinión pública: España destaca en los sondeos de opinión llevados a cabo por la Comisión Europea (Eurobarómetros) por ser, después de Grecia, el país donde la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea más se ha deteriorado desde el inicio de la crisis.

El dato invita a la reflexión, antes que nada, en torno a la cuestión de la soberanía. El problema es que ese concepto es excesivamente versátil. El debate, más bien ruido, que nos llega desde Francia, donde tanto la derecha xenófoba como la izquierda globofóbica se disputan el concepto como banderín movilizador del electorado, nos previene contra su uso como sinónimo de cerrarse al mundo, de rechazar lo que viene de fuera o, incluso peor, de perseguir o querer expulsar lo que estando dentro de nuestras fronteras es diferente. Por tanto, como el término fácilmente adquiere un cariz identitario y moviliza al nacionalismo proteccionista, de izquierdas o de derechas, es lógico que nos sintamos sumamente incómodos y nos prevengamos contra su uso. Además, como en tantos otros ámbitos de la política, lo importante no es qué se dice, sino de qué se habla. Por eso, por nobles que sean las intenciones del que se atreve a abrir un debate sobre la soberanía, como resulta que ese debate está colonizado de antemano por otros, las posibilidades de hacer el juego a los que más gritan en lugar de a los que más reflexionan son muy elevadas.

Se trata, además, de un debate falaz, porque la soberanía, entendida como autonomía, sencillamente no existe (ni hoy ni, si echamos la vista atrás, seguramente nunca). Si algún sentido tiene hablar de soberanía es como capacidad de decisión. Siempre que una decisión sea efectiva desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía, la importancia del nivel donde se tome dicha decisión, sea nacional (las Cortes Generales), supranacional (el Ecofin) o internacional (el G-20), puede ser relativizada. Por tanto, si tiene un margen de influencia razonable en dichas decisiones y, además, esas decisiones le benefician, España no sería menos soberana porque las decisiones sobre su futuro se tomaran fuera de sus fronteras, más bien al contrario. De ahí que en España nunca, al menos hasta ahora, hayamos podido hablar de un déficit democrático o, en paralelo, de una pérdida de soberanía: con toda seguridad, España no ha sido más democrática ni más soberana en ningún otro periodo de su historia que el transcurrido desde su adhesión a la UE en 1986.

Pero precisamente por eso, en las circunstancias actuales, cuando es evidente que las instituciones europeas no están tomando decisiones favorables a los intereses de España, es cuando el europeísmo pasivo y acrítico que ha dominado en nuestro país debería convertirse en un europeísmo militante y crítico, que entienda lo europeo no sólo como un espacio de consenso y armonía de intereses, sino como un espacio de conflicto entre intereses y visiones divergentes en el que hay que hacerse valer.

Por eso, aunque a primera vista se trate de una mala noticia, el dato que el informe de la Fundación Alternativas nos traslada admite una segunda lectura. No deja de resulta sorprendente que, como problema, esta denominada “interferencia exterior” se sitúe por encima de fenómenos de ámbito estrictamente nacional como la corrupción, la lejanía de los políticos, el mal funcionamiento del Estado o la baja participación ciudadana. Esto nos invita a suspender, aunque sea, temporalmente, la autoflagelación colectiva en la que nos hemos instalado: los despilfarros, corruptelas e ineficiencias en los que hemos incurrido, siendo graves y debiendo ser corregidos, no son los que explican nuestra situación actual. El paro, los diferenciales de deuda y los recortes en sanidad y educación no son un castigo merecido que debamos aceptar acríticamente, sino en gran medida el producto de un contexto político y económico no sólo nacional, sino también europeo e internacional sobre el que tenemos que actuar. En las circunstancias actuales, España parece haber limitado todas sus opciones a dos: ser interferida, el mal menor, o ser intervenida, el mal mayor. Sin embargo, no es la resignación ni la aceptación acrítica de las decisiones exteriores la que nos sacará de esta crisis, sino un activismo europeo que hasta ahora ha sido, si cabe, tan deficitario como nuestras finanzas públicas.

Publicado en ELPAIS, viernes 13 de abril de 2012