Europeísmo basura

Europa ha sido un aliado clave y esencial en la lucha contra el terrorismo de ETA. Sin el apoyo de nuestros socios europeos, ETA habría matado más y, seguramente, durante más tiempo. Afortunadamente, en su lucha contra esa lacra tan brutal que ha sido el terrorismo, España ha tenido la suerte de tener de su lado el espacio de libertad, justicia y seguridad más grande del mundo. El impulso estratégico del Consejo Europeo, la labor de iniciativa legislativa y de coordinación de la Comisión Europea, la tarea legislativa del Consejo y el Parlamento Europeo al unísono, todo ha creado el marco político y jurídico en el que han sido posibles medidas cruciales para derrotar a ETA como las patrullas policiales conjuntas, las extradiciones exprés amparadas por la orden europea de detención o las reiteradas condenas a la violencia terrorista por parte del Parlamento Europeo

El tipo de cooperación internacional del que se ha beneficiado España no es frecuente encontrarlo en otras partes del mundo, ni en cantidad ni en calidad; demasiado a menudo los celos por la soberanía y los relativismos respecto a los valores permiten convertir a los vecinos en refugios seguros para los terroristas. Así que, las cosas podían haber sido diferentes. Y, de hecho, durante mucho tiempo lo fueron. Seguro que todos recordamos aquellos años de soledad en los que la joven democracia española cargaba con la lacra de un pasado autoritario sin libertades ni derechos humanos, lo que en ocasiones se traducía en una frialdad hiriente ante el fenómeno terrorista, cuando no en una comprensión lacerante por parte de algunos sectores de la opinión pública y los medios de comunicación europeos. Costó cambiar esa percepción, pero se logró. Y si finalmente la democracia española recabó ese apoyo solidario, generoso y desinteresado de nuestros socios, vecinos y amigos es porque entre todos los españoles construimos un Estado de derecho respetado y homologado internacionalmente que, además, voluntariamente decidió sujetarse a los más altos estándares de derechos humanos existentes en el mundo y a las instituciones que los representan.

Adictos a los datos

Precisamente porque la moral, regida por la ética de las convicciones, y la política, sometida a la ética de las responsabilidades, constituyen esferas diferenciadas, tenemos la obligación de pensar sobre la mejor manera de reconciliarlas. Como ha puesto de manifiesto el filósofo político Michael Ignatieff, lo peor de esta tarea no son los riesgos que se asumen, sino su escaso retorno: en el mejor de los casos, en lugar de encontrar una verdad que nos ilumine, nos encontraremos con una serie de males entre los que elegir el menor.

Dicho esto, y partiendo de que espiar no está bien, pero es necesario, se impone hacer algunas distinciones. El caso más fácil de dilucidar es el que tiene que ver con Gobiernos enemigos o personas potencialmente peligrosas. Espiarles parece más que justificado, pues sus actividades suponen una amenaza al bienestar y derechos de los ciudadanos. El problema es que, por lo que estamos viendo, el Gobierno estadounidense ha desbordado con creces esa primera esfera y se ha adentrado en tres territorios muy problemáticos.

Uno es el espionaje a Gobiernos aliados y amigos, que supone, especialmente en el caso de los jefes de Estado y de Gobierno (Dilma Rousseff, Angela Merkel y la larga lista de los que irán saliendo), una deslealtad que deteriorará la confianza recíproca entre líderes, esencial tanto para recabar solidaridad en momentos clave como para cerrar muchos acuerdos, y hará más difícil que EE UU pueda lograr sus objetivos diplomáticos en el mundo. Pero el problema no solo se origina en la cúpula, sino en la base: europeos y estadounidenses necesitan que sus servicios de inteligencia intercambien diariamente datos con la máxima fluidez, lo que requiere un nivel de confianza tan difícil de lograr como fácil de perder. Para la serie de Gobiernos europeos que se negaron, a petición de EE UU, a conceder el derecho de sobrevuelo al avión del presidente Morales en la creencia de que Edward Snowden viajaba en él, la humillación y el ridículo son mayúsculos: retrospectivamente, más les hubiera valido poder tener la oportunidad de interrogar a Snowden y luego decidir si entregárselo a EE UU o darle asilo.

Desastres institucionales

Usted, yo, todos nosotros somos víctimas de algún diseño institucional defectuoso. En esto no hay diferencias entre lo global y lo local. Vean, por ejemplo, los 14 representantes públicos que se retrataron esta semana inaugurando una rotonda en Alhendín, un municipio de la provincia de Granada, en una fotografía que constituye en sí misma una guía para la reforma de las administraciones públicas en España. U observen el G20, una institución cuyos miembros acumulan el 86% de la riqueza mundial pero que carecen de un mecanismo de toma de decisiones que les permita abordar eficazmente problemas clave como el cambio climático o la regulación de los mercados financieros. Entre lo global y lo local pululan viejos Estados-nación, atrapados entre una descentralización territorial que impulsa la fragmentación, la integración supranacional, que presiona hacia la recentralización y el efecto centrifugador de la lógica de la globalización económica.

Las cosas no tienen mejor pinta en la esfera supranacional: a lo largo de esta crisis, la Unión Europea ha mostrado una y otra vez hasta qué punto su sistema de gobernanza sufre a la hora de adoptar decisiones que sean a la vez eficaces desde el punto de vista técnico y legítimas desde el punto de vista ciudadano. Pero sin duda que la palma de todos estos problemas se la ha llevado estos días el sistema político estadounidense. Quienes lamentan hasta qué punto el desgobierno europeo se ha convertido en un riesgo político para algunos países y, también, para la economía mundial, pueden fijarse en el sistema de división de poderes de EE UU, originalmente diseñado para evitar las tentaciones autoritarias y cesaristas en las que toda república presidencial ha caído desde la noche de los tiempos griegos y romanos, y convertido ahora en un riesgo global.

Sonámbulos

Si por tragedia entendemos un desastre derivado de la mala fortuna, Lampedusa no es tal. Los naturales sentimientos de indignación o vergüenza no pueden servir para ocultar que esas muertes son el resultado lógico de unas decisiones políticas adoptadas a plena luz del día y, digámoslo claramente, con la aprobación tácita o expresa de un sector muy amplio de nuestras sociedades. Su consecuencia última ha sido la sustitución de las políticas de inmigración, entendidas en sentido amplio, por otro tipo de políticas, exclusiva y obsesivamente centradas en el control de fronteras.

Una política de inmigración que mereciera tal nombre debería incluir una serie de estrategias y acciones destinadas a tratar con el fenómeno migratorio de forma integral. Debería incluir acciones en el ámbito global, desde la promoción de la democracia y los derechos humanos a la preocupación por el mejor funcionamiento de las instituciones multilaterales encargadas de gestionar la gobernanza global, pues solo en el seno de dichas instituciones podrán países emisores y receptores encontrar soluciones justas y equitativas. También debería incluir acciones preventivas en el ámbito de la diplomacia y la seguridad, destinadas a contener los conflictos antes de que se desbordaran, y contar con instrumentos destinados a paliar las consecuencias de esos conflictos, desde la ayuda de emergencia a la facilitación del asilo político pasando por el apoyo a los refugiados, el retorno de los desplazados o la reconstrucción de las sociedades en conflicto. Por último, una política migratoria que mereciera tal nombre debiera tener la capacidad de incidir sobre políticas clave, desde la promoción del comercio y las inversiones a la política de ayuda al desarrollo. Incluso con todas estas medidas en marcha, nuestras sociedades todavía tendrían por delante una gran tarea que hacer: las políticas de integración, de las que tan poco hablamos, no son solo la otra cara de la moneda de la política migratoria, sino un marcador esencial para averiguar la salud democrática de un país, la tolerancia de sus ciudadanos con la diversidad y su capacidad de lograr un crecimiento económico sostenible.

La política del odio

La política del odio nos inunda. En EEUU, el odio del Tea Party hacia todo lo que representa Obama lleva al cierre del gobierno y pone al país al borde del colapso económico, equiparando para ello la introducción de un seguro sanitario (privado, por cierto) a una amenaza existencial contra el modo de vida americano. En Rusia, el régimen de Putin, que normalmente centra su retórica en la amenaza yihadista y el unilateralismo estadounidense, inflama los ánimos contra los gays, prohibiendo lo que denomina “propaganda homosexual”. En el Reino Unido, los extremistas del UKIP piden la expulsión no ya de los inmigrantes extracomunitarios, sino de ciudadanos de la propia Unión Europea provenientes de aquellos países cuya adhesión a la UE Londres siempre ha promovido. Y por el resto de Europa, desde Hungría a Grecia, pasando por Finlandia o Francia e incluso España, los que odian se reagrupan para sacar tajada de la debilidad de las instituciones nacionales y europeas y captar votos con mensajes basados en la etnia, la pobreza, la ignorancia o la supuesta inferioridad cultural de otros.

Tanta irracionalidad provoca perplejidad. Pero cuidado: es una constante en la historia que los que son odiados no suelen entender por qué lo son, lo que a veces les lleva a no advertir a tiempo la gravedad de la amenaza que se cierne sobre ellos. En su poderosísimo libro, El problema con el Islam, Irshad Manji, la feminista islámica y activista lesbiana asentada en Canadá, interpela a Alá en los siguientes términos: “Si tu eres el creador de todas las cosas, ¿por qué me creaste diferente y luego ordenaste a todos que me odiaran?” Una pregunta que viaja muy bien desde la religión al centro de la política contemporánea democrática. Si la democracia consiste precisamente en el reconocimiento y organización de la libertad individual, cómo se justifica entonces plantear la vida en democracia como una “guerra cultural”.