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Volver al mundo

17 diciembre, 2015

Captura de pantalla 2015-12-17 09.16.24Si las encuestas no se equivocan, nos adentramos en terra incognita. Pero gobierne quien gobierne después del 20-D, España deberá volver al mundo. Para hacerlo deberá primero superar tres obstáculos que han lastrado su proyección internacional. El primero es nuestra ausencia de los grandes foros internacionales. Pese a la internacionalización de su economía, el carácter global de su lengua o su posición geográfica a caballo entre América, Europa y el norte de África, ni España acoge ningún foro internacional relevante ni hay suficientes españoles en los foros o instituciones más importantes donde se debaten las ideas y se construyen las redes sobre las que se asienta la influencia de un país. Reforzar esa presencia es una tarea de todos: del Gobierno, oposición, empresas, medios de comunicación y sociedad civil. Sin ella, España será irrelevante en las decisiones que afectan a su futuro.

 El segundo lastre tiene que ver con la calidad de sus instrumentos de acción exterior, que antes de la crisis experimentaron procesos de crecimiento acelerado y sin mucho criterio para luego sufrir un proceso de recortes que ha dejado maltrecha nuestra capacidad de acción exterior. Destaca la burbuja armamentística, tan escandalosa como inadvertida por la ciudadanía, responsable de un reguero de deudas cuya satisfacción ha requerido enormes sacrificios presupuestarios en tiempos de crisis y que por ende ha dejado a nuestras Fuerzas Armadas en unos preocupantes niveles de operatividad. Pero tampoco le van a la zaga los excesos de la cooperación al desarrollo en tiempos de bonanza, ahora convertidos en escasez crónica de recursos esenciales para construir un mundo más justo. Aquí como en tantos otros sectores, el espacio para las reformas y la sostenibilidad a largo plazo ha desaparecido bajo el péndulo que va de la burbuja sin control al recorte sin criterio. Ese tridente de acción exterior que forman la cooperación, la diplomacia y las políticas de paz y seguridad tiene que ser recompuesto para que sirva a los intereses de nuestro país.

El tercer elemento tiene que ver con la baja calidad de nuestro debate público sobre cuestiones internacionales. Como en otros ámbitos de nuestra vida pública, aquí también la polarización y los clichés sustituyen con demasiada frecuencia al intercambio de argumentos y datos. Es difícil no sentir envidia ante los debates habidos estos días en Reino Unido y Alemania sobre cómo actuar en reacción a los atentados de París: dos países con culturas de seguridad radicalmente distintas han mostrado un mismo aprecio por el rigor y la calidad del debate público.

 Sin esos tres elementos (presencia internacional, instrumentos eficaces y debate de calidad) los españoles seguiremos haciendo eso que tan bien se nos da desde siempre: debatir apasionadamente entre nosotros mismos, de espaldas al mundo y sin ninguna posibilidad de incidencia real sobre los problemas que nos afectan.

Dos problemas marcarán nuestro futuro más inmediato. El primero es la cuestión europea. El proyecto europeo, digámoslo sin tapujos, está gripado. Su exasperante lentitud decisoria y la falta de instrumentos para actuar van a suponer una década perdida en términos de crecimiento y empleo para España. Europa entra en su octavo año de crisis sin haber resuelto Grecia y sin haber completado la unión económica y monetaria con los instrumentos de gobernanza económica y fiscal necesarios. La legitimidad de la Unión Europea pende casi exclusivamente de su eficacia. Si Europa no crece y no crea empleo no generará legitimidad entre la ciudadanía para sostener la integración política: al contrario, generará desafección, y con ello veremos aumentar más el nacionalismo, el populismo y la xenofobia, con la vuelta a las fronteras y a los egoísmos nacionales, como ya estamos viendo a raíz de la crisis de refugio y asilo. España, más pendiente de salvar el día a día que de mirar hacia el futuro, ha estado ausente del debate europeo o ha dejado que lo lideren otros, siendo difícil distinguir su impronta en los diseños que se han puesto encima de la mesa. Toca ahora volver a impulsar el proceso de integración, forjar las coaliciones necesarias y liderar la transformación de Europa para que sirva a las necesidades de España: de lo contrario, la ciudadanía dará la espalda al proyecto europeo.

Los problemas de arquitectura institucional y legitimidad política que experimenta la UE son, con todo, las ramas que no nos dejan ver el bosque, un bosque en el que siguen presentes enormes retos, desde el demográfico, al energético o la revolución digital, una nueva revolución industrial que está transformando el mundo y las relaciones de poder entre Estados y que a Europa se le está escapando entre los dedos por culpa de su fragmentación económica y su miopía política. El desfase entre los tiempos de la integración europea a 28 miembros y el ritmo de los cambios y necesidades económicos y tecnológicos sitúa a Europa en riesgo de entrar en un declive prolongado.

El segundo problema que vamos a enfrentar tiene que ver con nuestra seguridad exterior. La amable burbuja de seguridad dentro de la que el proyecto de integración europeo se ha desenvuelto durante décadas ya no está ahí. Finalizada la Guerra Fría pensamos que la retirada del paraguas estadounidense no requeriría la creación de una capacidad de defensa específicamente europea. Al contrario, la combinación del proceso de ampliación de la UE hacia el este de Europa con la modernización económica tanto de nuestra vecindad oriental como del norte de África generó un colchón de prosperidad que nos hizo pensar en la Europa de la seguridad y defensa más como una reliquia de la guerra fría que como una necesidad ineludible.

España, pese a su europeísmo, no ha sido ajena a este proceso de despreocupación por las cuestiones de seguridad y defensa, a lo que se ha añadido una crisis económica que las ha situado en segundo plano. Pero el espejo de la posguerra fría y el multilateralismo eficaz se ha roto. Nos guste o no, aunque Europa haya logrado la paz y esté en paz consigo misma, no va a vivir en paz. Porque el desafío que plantea el terrorismo yihadista va a requerir estrategias que integren todos los medios disponibles, incluido, en una u otra medida, el militar. Y lo va a requerir durante un tiempo prolongado y con apoyo de la sociedad. Dada su cultura de seguridad, no es probable que España esté en la primera línea; por eso precisamente deberá estudiar cómo contribuir a su propia seguridad y, a la vez, ser un socio valioso para sus vecinos, con quienes nos une un destino común y unos valores que queremos preservar. Volver al mundo no es una cuestión de orgullo, sino de responsabilidad en un momento extremadamente difícil para Europa.

Publicado en la edición impresa del Diario ElPAIS el lunes 14 de diciembre de 2015

José Ignacio Torreblanca es profesor en la UNED y director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Europa en el laberinto sirio

2 junio, 2013

Europa, kylix griego, 330-320 a.c.El drama de la impotencia europea ante las 80.000 víctimas mortales que acumula el conflicto sirio nos termina de desvelar con toda nitidez qué aspecto tiene ese mundo poseuropeo por el que, en nuestro ensimismamiento con la crisis del euro, tanto hemos trabajado en los últimos años. Esa perpetua celebración de las más mínimas diferencias en la que estamos suicidamente embarcados, entre los europeos pero también dentro de España, ha logrado por fin un objetivo que todo el mundo puede ver y tocar. Seguro que nadie imaginaba que el resultado de tanta introspección iba a ser tan gráfico.

No se trata tanto del baile de desacuerdos entre los Veintisiete al que hemos asistido en torno al levantamiento del embargo de armas a Siria. En unas circunstancias tan difíciles como las que se viven en Siria, donde todas las opciones son peligrosas e inciertas, que las posiciones de partida entre los Veintisiete difirieran era esperable. Lo destacable es que la noche del lunes los europeos solo tuvieran encima de la mesa opciones que reflejaran su impotencia. No se trataba, precisión importante, de decidir sobre si intervenir militarmente en Siria o de lanzar una ofensiva diplomática internacional para lograr doblegar a Asad, no. Se trataba de dirimir si la posibilidad de que los europeos armaran a los rebeldes podría mejorar sus bazas negociadoras en la ronda de negociaciones que se abrirá próximamente en Ginebra.

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Despilfarros exteriores

12 enero, 2012

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea. El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.

Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.

Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas. Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.

Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

 

Publicado en ELPAIS.com el 10 de enero de 2011 como complemento al Reportaje: ¿Diplomacia o despilfarro?