Archive for 23 noviembre 2012

Quiero mi dinero

23 noviembre, 2012

¿Cómo es posible que en plena crisis, cuando todos los Estados están recortando sus gastos y sometiéndose a durísimas medidas de austeridad, la Comisión Europea aparezca con una propuesta de presupuesto para el periodo 2014-2020 que aumenta el gasto de la Unión Europea en nada menos que el 5%? ¿No sería más lógico que, en un contexto de recesión, la UE también se apretara el cinturón, especialmente teniendo en cuenta que los recursos que financian la UE vienen de los propios presupuestos de los Estados miembros, vía contribuciones directas, y de los bolsillos de los ciudadanos, por medio de las contribuciones del IVA? ¿No tendría más sentido congelar o incluso reducir el presupuesto de la UE, que en la actualidad asciende a 943.000 millones de, euros en lugar de subirlo hasta 1,09 billones, como proponía la Comisión?

 

Un razonamiento con el que sería tentador alinearse si no fuera porque coincide exactamente con la línea argumental que está defendiendo el Gobierno de David Cameron, que ha puesto sobre la mesa la exigencia de una congelación del presupuesto en términos reales, lo que según el Tesoro británico significaría bajar el techo de gasto hasta 886.000 millones de euros. Una vez más, Londres saca a relucir su genio diplomático, mostrando ser uno de los países que mejor ha entendido que en la Unión Europea negociar es argumentar y argumentar negociar.

 

Reforzando la posición negociadora de Cameron están los ultra-escépticos como el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el líder del partido por la independencia del Reino Unido, Nigel Farage, dos políticos populistas, de trazo grueso y vuelo rasante cuyas carreras políticas parecen estar dedicadas exclusivamente a desmentir ante el mundo que los británicos son unos caballeros educados y pragmáticos amantes del fair-play. Escuchando a Cameron decir que una de sus cifras favoritas sobre la UE es que el 16% de sus funcionarios ganan más de 100.000 euros al año, parece que Johnson y Farage serán aplacados con algún sacrificio ritual que afecte a los 55.000 funcionarios de las instituciones europeas, que verán sus salarios y beneficios laborales reducidos en consonancia con los recortes que los Estados están imponiendo en casa.

 

Pero no son los histrionismos de Johnson y Farage los que deben preocupar a los países de la cohesión como Polonia, uno de los grandes beneficiarios del presupuesto, o España, que se arriesga a perder 20.000 millones de euros de un presupuesto que ya era sumamente negativo para España en razón de la disminución de los pagos agrícolas, que caen un 13.4%, y en concepto de fondos estructurales y de cohesión territorial, que disminuyen en un 12.7%. El problema es que España y otros se enfrentan a una doble penalización: sufrirán por culpa de unas políticas de austeridad exageradas y contraproducentes y, además, por la ausencia de las únicas medidas de estímulo que la economía europea podía esperar, que eran las provenientes de un presupuesto europeo ya de por sí raquítico (pues apenas representa el 1% del tamaño total de la economía europea).

 

Agazapados detrás de los británicos están los alemanes, los holandeses, los austriacos y los suecos, que no ven con malos ojos recortar las políticas de solidaridad. Berlín es víctima desde hace tiempo de esa mal llamada “fatiga del donante”. Pagó la factura de la ampliación mediterránea en los años ochenta, luego la de su propia unificación en los noventa y más tarde asumió gran parte del coste de la ampliación al Este. Pero cuando pensó que el ciclo había terminado se ha encontrado con que vuelve a financiar la rehabilitación del Sur vía las garantías y avales que hacen viables los paquetes de rescate a Grecia, Portugal y España (también a Irlanda).

 

Disfrazados de “amigos de un mejor gasto”, estos países ya han logrado que la presidencia chipriota rebaje la propuesta de la Comisión en 53.000 millones, a lo que Van Rompuy ha añadido otro recorte de 27.000 millones para desesperación de España, que ve las ayudas para Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia reducirse sustancialmente. No es de extrañar que las tensiones se hayan disparado: de seguir así, el presupuesto para 2013 estará por debajo del de 2012, lo que resulta inaceptable para un grupo de países, España entre ellos, que consideraban que lo último que necesita la economía europea es otro recorte, esta vez por arriba, en las cuentas europeas. Así es la Unión Europea en la que vivimos: todo el mundo mira por lo suyo y nadie por lo de todos.

 Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 23 de noviembre de 2012

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El debate sobre Cataluña: qué cambiar, qué mantener

21 noviembre, 2012

Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) con el fin de asegurar nuestra supervivencia económica. No hay pues ninguna razón para que no podemos hacerlo para asegurar nuestra supervivencia política.

Todo esto viene al caso del debate abierto en torno a la posible realización de una consulta independentista en Cataluña. Pues al igual que el fin no justifica los medios y en modo alguno se debería aceptar que la legalidad constitucional fuera violentada unilateralmente, también es cierto que considerar materialmente imposibles fines como la secesión cualesquiera que sean los procedimientos que se utilicen para llegar a ellos carece igualmente de sentido y constituye un elemento deslegitimador del sistema político.

No dejaría de resultar paradójico que un país como España, que ha llevado a cabo un proceso de transición considerado generalmente modélico en cuanto a su capacidad de invertir de forma pacífica un marco político autoritario y trocarlo en democrático sin llevar a cabo una ruptura desde el punto de vista legal, se encontrara ahora en una situación en la que su rigidez constitucional le abocara a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico-legal (la Constitución) y un nuevo marco político que, de forma pacífica y mayoritaria, abogara desde Cataluña por realizar una consulta en torno a la independencia. Porque esa es la situación que se viene configurando en los últimos meses, el de un escenario en el que se enfrentaran dos legitimidades, la formal-constitucional, que prohíbe tanto los referendos unilaterales como la secesión de una parte del territorio, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento mayoritario de los representantes electos o, posteriormente, de una mayoría relevante de la población catalana.

Desactivar el choque de trenes entre esas dos legitimidades es imperativo pues de ese choque nadie saldrá ganando, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en Europa. Volvamos pues la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro en la España de los años setenta ya que sigue siendo un buen modelo para resolver los problemas del futuro. Si los constituyentes de 1978 dotaron a España de una Constitución sumamente rígida fue más por miedo a una involución democrática y por la necesidad de preservar los delicados equilibrios políticos, sociales y territoriales en los que se asentó la transición que por un desprecio de la flexibilidad y el reformismo, que está en su código genético. Claramente, las mejores décadas de nuestra historia han venido de la mano de un reformismo continuado y de la construcción de puentes entre ideologías y territorios, no de la ruptura. España es una sociedad plural y a la vez plurinacional, donde como demuestran reiteradamente los procesos electorales celebrados en Cataluña y el País Vasco, el juego político es un tira y afloja entre minorías que son lo suficientemente amplias como para tener que ser incluidas o, por lo menos, no marginadas, y mayorías que normalmente son demasiado exiguas y transitorias como para gobernar de forma hegemónica o cambiar unilateralmente el marco jurídico-político. Pese a las transformaciones cruciales que ha experimentado España en estos últimos treinta años, esa doble pluralidad sigue estando ahí y ejerciendo un papel moderador. No mostrar ahora la flexibilidad y la voluntad de diálogo y compromiso que se mostró entonces sería una traición a ese espíritu que animó el retorno de la democracia a España.

Como muestran los casos de Quebec o Escocia, que nada obligue a un estado a tomar en cuenta las aspiraciones secesionistas de un territorio (pues ni en el derecho internacional existe, más allá de los casos de descolonización, un derecho a la autodeterminación ni es preceptivo que una constitución democrática incluya el derecho a la secesión), no significa que una comunidad política pueda soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad de una parte de la población de separarse del Estado, si esta existiere, y de hacerlo mediante un proceso democrático. Como ha señalado la doctrina canadiense, y como ha quedado de manifiesto en el caso escocés, resulta muy difícil tanto negar indefinidamente la posibilidad de realizar un referéndum soberanista como negarse a considerar las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético sí a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión.

A fecha de hoy, los catalanes son ciudadanos de una democracia occidental que, a su vez, es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa por lo que automáticamente gozan del máximo nivel y protección de derechos políticos, económicos y sociales existentes en el mundo. Es pues a los independentistas a los que corresponde valorar cuál sería el coste de una secesión unilateral y no pactada que no fuera acompañada de un acuerdo con un Estado, el español, que es miembro de la UE. Por eso, aunque para cualquier gobierno español, hacer de un bloqueo de la adhesión de una Cataluña independiente una cuestión de principio o blandir este como amenaza no es una posición razonable, tampoco le puede ser exigible que se pliegue sin más a convalidar internacionalmente una secesión no pactada constitucionalmente. Pero al igual que el fin no justifica los medios ni los partidarios de la independencia pueden pretender sin más saltarse el marco legal existente, una comunidad debe disponer de medios con los que resolver conflictos acerca de los fines últimos de su pacto social. Por eso, mientras que los sentimientos de identidad y pertenencia a la nación son inconmensurables y no pueden negociarse ni dividirse, los procedimientos sí que lo son.

Las próximas elecciones catalanas confirmarán hasta qué punto los ciudadanos de esa comunidad validan con su voto la idea de recorrer el camino hasta la independencia mediante una consulta soberanista. Aceptar esa consulta, aún a riesgo de perderla, es mejor que rechazar de plano su mera posibilidad. Ello no sólo invalidaría la estrategia victimista y deslegitimadora de la que hacen gala muchos independentistas, sino que permitiría al Gobierno recuperar la iniciativa, tanto en lo referido a las negociaciones de los aspectos sustantivos (Estatuto, concierto fiscal etc.) como en lo referido a los procedimientos pues el Estado, una vez aceptada la consulta, sí que tendría toda la legitimidad, vía las Cortes Generales, para decidir acerca de los plazos y, sobre todo, la formulación de la pregunta o preguntas y, a posteriori, la gestión de sus consecuencias legales o constitucionales.

Por eso, al igual que el Estado no puede rechazar indefinidamente la celebración de una consulta soberanista, siquiera como posibilidad, tampoco debería aceptarla sin más. Esa consulta tendría que estar situada dentro de un proceso, una “hoja de ruta” donde, idealmente, esta se produjera solo al final, como instrumento ratificador de un acuerdo o, eventualmente, de un fracaso. Eso abriría la oportunidad de comenzar a pensar en cómo podrían los partidarios de la unidad ganar esa consulta, cuestión a la que entre prohibiciones, amenazas y descalificaciones, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública parecen haber dedicado mucho tiempo. Porque si resulta que en su fuero íntimo, el Gobierno, la oposición y la mayoría de la sociedad española están convencidos de que no disponen de argumento de peso u oferta política o económica alguna que pudiera inclinar la balanza del lado de la permanencia en España en caso de una eventual consulta, entonces el escenario al que nos enfrentamos es mucho peor de lo que imaginamos ya que, ciertamente, iríamos a ese choque de trenes entre las dos legitimidades. Por ello, más que negarse a una consulta, Gobierno y oposición deberían plantearse cómo construir una opción de permanencia en España que fuera atractiva para una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña y que, en tanto en cuanto resolviera los mismos problemas a un coste menor y con un beneficio mayor, permitiera acreditar y ameritar la permanencia como una opción de mayor valor que la secesión.

Este artículo se publicó en la sección impresa del Diario ELPAIS el 21 de noviembre de 2012

Bebesaurios

16 noviembre, 2012

Esa fue la afortunada expresión que algunos analistas mexicanos encontraron para describir hasta qué punto resultaron infundadas las esperanzas de que el relevo generacional dentro del PRI diera lugar a una nueva forma de hacer política, más abierta hacia la sociedad, menos opaca, menos burocrática y, sobre todo, menos corrupta. La juventud, concluyeron, era incluso contraproducente, porque un dinosaurio viejo está cansando y ya lo ha demostrado todo, mientras que uno joven tendrá más energías que dedicar a cometer los mismos errores, acentuados por su inexperiencia, inseguridad y, sobre todo, el deseo de consolidar rápidamente su posición de poder. De ahí la frustración con el relevo generacional, que en lugar de renovar la vida política daba lugar a gobiernos idénticos basados en la misma mezcla de compadreo, caciquismo, represión, anquilosamiento burocrático y captura por parte de intereses privados.

Es curioso que algo tan idiosincrático como el régimen político mexicano pudiera viajar tan bien tantos miles de kilómetros para ofrecernos una explicación que se ajusta como un guante a lo ocurrido en Pekín estos días con motivo de la rotación en la cúpula de poder del Partido Comunista Chino. Porque China no deja de ser una revolución institucionalizada por un partido único con el exclusivo fin de preservar el poder de sus integrantes. Un partido que aprendió a costa de un grandísimo sacrificio humano una lección esencial en política: que en cualquier partido, las personas deben ir antes que las ideologías y que, en caso de duda, lo mejor es sacrificar las ideologías antes de que las ideologías te sacrifiquen a ti (una experiencia que el propio Deng Xiaoping, arquitecto de las reformas económicas chinas, vivió personalmente al verse obligado a renunciar a sus cargos, hacer “autocrítica” y aceptar ser enviado a trabajar como obrero a una fábrica).

Cierto que el Partido Comunista Chino no ha abrazado la democracia, pero eso es quizá pedir demasiado: aquel maoísmo, que además de acabar con más de treinta millones de chinos durante los años del Gran Salto Adelante, también estuvo a punto de acabar con los propios maoístas, decidió en un momento convertirse del comunismo al cinismo y permitir todo aquello que se supone que no debía tolerar; especialmente, fomentar la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y, en paralelo, crear una aristocracia gobernante basada no el mérito ni el fervor ideológico sino en los lazos familiares y personales. ¿Podría Marx siquiera imaginar que el lento tránsito de miles de años hacia al socialismo desde las sociedades tribales-esclavistas, pasando por las agrarias-feudales hasta el capitalismo avanzado iba a volver al punto de inicio con el redescubrimiento de las lealtades familiares y personales como forma de gestionar una sociedad poscomunista?

Porque eso es lo que percibimos en la renovación de la cúpula de poder en China, que se ha completado estos días dando paso a líderes provenientes de dos ámbitos. Por un lado, los llamados principitos, como Xi Jinping, que tienen en común el ser los hijos de las grandes figuras que hicieron la revolución, unos niños que se criaron juntos en las escuelas de élite del partido y que han ascendido sobre la base de sus contactos familiares. El nuevo líder, Xi Jinping, es sin duda el mejor ejemplo de esta institucionalización familiar de la revolución pues su padre fue comisionado militar, gobernador y vicepresidente. Por otro lado, tendríamos aquellos que han ascendido gracias a la vía de acceso proporcionada por la Liga de la Juventud Comunista, como los salientes Hu Jintao y Wen Jiabao o el ascendiente Li Keqiang.

Ambas facciones han tenido sumamente entretenidos a todos los observadores externos. Unos han apostado porque los principitos, al haber vivido en su propia carne los excesos dogmáticos del maoísmo (muchos de sus padres fueron arrestados o cayeron en desgracia durante la Revolución Cultural), serían más pragmáticos y reformistas. Otros, por el contrario, han apostado porque aquellos de origen más humilde y menos aristocrático, al estar más conectados con el pueblo y valorar más el esfuerzo personal, tendrían una sensibilidad distinta hacia los temas sociales. Pero la realidad siempre ha defraudado a ambos pues ni unos ni otros han antepuesto nunca ninguna preferencia ideológica a su principal objetivo, que ha sido personal (lograr culminar una carrera política exitosa dentro del partido más opaco, poderoso y rico del mundo) y solo secundariamente político.

En 1989 el Partido se dividió entre demócratas e inmovilistas, lo que llevó a los trágicos sucesos de Tiananmen. Pero hoy el éxito del sistema chino y el secreto de su perpetuación se basa en que filtra con bastante éxito a todos aquellos que primarían las reformas sobre la unidad del Partido. Como no podía ser de otra forma, un dinosaurio solo elegiría un bebesaurio para sucederle, no a un Gorbachov.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 16 de noviembre de 2012

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Después de la batalla

9 noviembre, 2012

La reelección de Barack Obama es una batalla más en la larga guerra que izquierda y derecha vienen librando desde hace tres décadas en torno al papel del Estado. Por su extensión temporal y geográfica, así como por su intensidad e impacto, nos recuerda a la guerra de los Treinta años que se libró en el continente europeo entre 1618 y 1648. Entonces, el conflicto se organizaba en torno a tres elementos clave del poder: el territorio, la religión y las sucesiones dinásticas. Hoy, como corresponde a sociedades democráticas y secularizadas con economías abiertas, la batalla se libra en torno a elementos algo más posmodernos: los límites del Estado y el mercado, la tensión entre libertad e igualdad y la fijación de fronteras, no entre territorios, sino entre clases sociales.

Esta seudoguerra de los Treinta años, en la analogía trazada por Bill Clinton para describir la virulencia que el conflicto llega a alcanzar en Estados Unidos, se inició con las victorias de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el Reino Unido y Estados Unidos, en 1979 y 1980, respectivamente. Esas victorias significaron un punto de inflexión en la conceptualización del papel del Estado. Si hasta entonces tanto los conservadores estadounidenses como los democristianos europeos compaginaban sin excesivos problemas su preferencia por una economía de mercado abierta con la existencia de un Estado capaz de proveer seguridad y cohesión social, a partir de ese momento, una parte importante de la derecha, que había desarrollado una importante animosidad hacia el Estado, al que culpaba de la crisis económica de los setenta, situó a este en su punto de mira.

Esa ojeriza hacia lo estatal se justificó desde un doble argumento: el de la eficacia económica, pues se veía al Estado como un obstáculo para el crecimiento, no como un facilitador; y el de la legitimidad política, pues se concebía al Estado como un intruso en la esfera de derechos individuales, no como un garante de dichos derechos. De ahí el intento constante de empequeñecer el Estado y sus estructuras de redistribución de renta y oportunidades.

Paradójicamente, la animadversión de la derecha hacia el Estado coincidió con el descubrimiento por la izquierda del mercado como instrumento creador de oportunidades de progreso social. Por tanto, mientras que las fuerzas progresistas (esto es, demócratas en EE UU y socialdemócratas en el continente) llegaban a un equilibrio entre Estado y mercado, asignando al Estado el papel de redistribuir, pero no el de producir, y al mercado el de proporcionar crecimiento, pero atajando su tendencia a la inequidad, las fuerzas conservadores (republicanos en EE UU y liberales en Europa) se dedicaban a reducir el tamaño del Estado, limitar su papel redistributivo y desatender las políticas sociales en la creencia, repetida una y otra vez, de que la creación de empleo era la mejor, incluso única, vía para lograr una sociedad cohesionada y con igualdad de oportunidades.

El resultado es que, mientras que la gran mayoría de la izquierda ha dejado atrás el pensamiento antimercado, un sector importante de la derecha se ha situado bajo el techo de un liberalismo que lo es casi exclusivamente en el sentido económico, pues cree en la libertad económica a ultranza y un papel mínimo para el Estado, pero no en el político. Así pues, como hemos visto en la campaña estadounidense, pero también observamos a este lado del Atlántico, la derecha es liberal en lo económico (aunque allí “liberal” se use como sinónimo de izquierdista) en tanto en cuanto propugna un Estado pequeño, pero notablemente conservadora en cuestiones relacionadas con la libertad personal (aborto, matrimonio homosexual, despenalización de consumo de drogas, etcétera). Pero al mostrarse completamente indiferentes ante las crecientes desigualdades entre clases sociales, especialmente entre los más ricos y los más pobres, los liberales muestran no ser liberales en lo político, pues desde el pensamiento político liberal siempre se ha tenido claro que la democracia, en tanto que presupone y requiere ciudadanos iguales en derechos y capacidades, es incompatible a largo plazo con diferencias sociales acentuadas.

En Estados Unidos, desde 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, cuando el presidente Ronald Reagan llegó al poder, las diferencias de renta entre el 10% más rico y el resto de la sociedad se mantuvieron estables pero desde entonces no han hecho sino aumentar hasta situarse hoy en niveles comparables a los años de la Gran Depresión del siglo pasado. En la batalla del martes, la enésima en esta guerra de los treinta años, han ganado los que piensan que un Estado redistribuidor no amenaza a la libertad, sino que la garantiza. Apúntenle el tanto a Obama.

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Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 9 de noviembre de 2012

1960 peldaños

2 noviembre, 2012


Eso son los peldaños que tiene que superar un Estado que quiera ser miembro de la Unión Europea. El cálculo lo hizo el sociólogo serbio Iván Kuzminovic para así poder mejor explicar a sus conciudadanos en qué consistía la adhesión a la UE. Esos 1.960 escalones (en realidad son más) son lo que en la jerga politológica llamamos “puntos de veto”, es decir, las instancias en las que un actor tiene el derecho de bloquear la adopción de una decisión. ¿Por qué tantos?¿De dónde sale esa cifra? La adhesión a la UE requiere la conclusión de un Tratado internacional. Como los signatarios del Tratado son Estados, cada uno de ellos tiene que prestar su consentimiento, según los procedimientos constitucionales al uso en cada país. Eso implica, normalmente, como mínimo, al Gobierno de cada país y a su Parlamento, aunque también puede incluir a las cámaras altas de los Estados con legislativos bicamerales. No hay que descartar que en algunos países pudiera celebrarse un referéndum si la adhesión de un nuevo Estado fuera controvertida. Ese ha sido el caso de Eslovenia, donde el Gobierno decidió someter a consulta el acuerdo alcanzado con Zagreb respecto a la demarcación de las fronteras de ambos países antes de proceder a ratificar el Tratado de Adhesión, lo que en la práctica se convirtió en un plebiscito sobre la adhesión de Croacia (plebiscito que, por cierto, se ganó por un muy estrecho margen, 51.%). Y es también el caso de Turquía, ya que varios partidos políticos franceses han prometido someter a consulta popular una eventual adhesión de ese país. Por tanto, incluso simplificando, la ratificación de un futuro Tratado de adhesión implicará, a partir de la adhesión de Croacia el año que viene, superar 57 puntos de veto (28 gobiernos, 28 parlamentos nacionales además del Parlamento Europeo).

Pero antes de llegar allí sería necesario negociar y concluir satisfactoriamente los 35 capítulos en los que se divide una negociación de adhesión. Cada uno de ellos abarca un área de la política europea, desde la libre circulación de mercancías a la unión aduanera, la política medioambiental, la política exterior y de seguridad o los derechos de las minorías. En todos ellos, los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión Europea, verifican que los candidatos alineen su legislación a la comunitaria lo más rápido posible. La negociación de cada uno de esos capítulos funciona como una conferencia intergubernamental entre los Estados miembros y el candidato, y la apertura y cierre de cada capítulo se hace por unanimidad a propuesta de la Comisión Europea. Hablamos pues de 980 puntos de veto por dos, es decir, los 1.960 peldaños a los que se refería Kuzminovic. No todos los capítulos son igualmente problemáticos, pero la lógica de negociación es la misma: en cada uno de ellos, los Estados verifican que el candidato esté en condiciones de aplicar toda la legislación comunitaria que, recuérdese, tiene primacía y efecto directo sobre el derecho nacional. Como todos los candidatos han experimentado, el proceso no es fácil: Turquía, que, sin duda, es el caso más difícil, comenzó las negociaciones en 2005 pero solamente ha logrado abrir 13 capítulos y cerrar uno. Otros, como Croacia, han necesitado seis años de negociaciones para completar el proceso, a los que hay que sumar los dos transcurridos desde que hizo la solicitud formal de adhesión y los dos necesarios para las ratificaciones, es decir, 10 años en total. Además, todos los miembros aprovechan las negociaciones para renegociar asuntos bilaterales pendientes o flecos de sus propios Tratados de Adhesión: Grecia lo hizo a costa de España, España a costa de los nórdicos, Italia a costa de Eslovenia y Eslovenia a costa de Croacia, lo que introduce dificultades añadidas y tensiones de primer orden.

Claro que antes de llegar a las negociaciones es necesario un acuerdo político entre los Estados miembros para abrir dichas negociaciones, lo que suma otros 28 puntos de veto. Y antes de comenzar las negociaciones es necesario haber logrado la llamada “opinión favorable”, o certificación de que se cumplen todos los criterios para la adhesión, lo que requiere el dictamen conforme de la Comisión Europea, la aprobación del Parlamento Europeo por mayoría absoluta y la unanimidad de los Estados miembros, lo que suma otros tantos 30 puntos de veto. Pero para llegar ahí es necesario haber logrado antes el estatuto de candidato a la adhesión, algo así como un certificado de elegibilidad donde la UE confirma que el país en cuestión podrá solicitar la adhesión, lo que de nuevo requiere unanimidad, es decir, otros 28 puntos de veto. En total: 2.103 escalones. Como señalaba el propio Kuzminovic, comparado con la adhesión a la UE, la ascensión al templo de la sabiduría en Birmania, el Monte Popa u hogar de los espíritus, solamente requiere completar 777 escalones.

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