Posts Tagged ‘Tratado fiscal’

¿Dónde estaba Alfonso Guerra?

10 junio, 2013

CONGRESO4923

Sí, están ustedes en la sección de Internacional. Y, no, no es nada personal contra este diputado, representante electo desde hace 34 años, sino una llamada de atención sobre hasta qué punto las decisiones que estamos adoptando con motivo de la crisis del euro transforman nuestra democracia.

¿Y qué tiene que ver Alfonso Guerra con ello? Aunque pocos lo sepan, el diputado Guerra ostenta una de las responsabilidades más importantes que a un ciudadano puede conferirse en una democracia: la de presidente de la Comisión de Presupuestos. Los impuestos y los parlamentos están tan íntimamente unidos que nos podemos remontar todo lo que queramos en el tiempo para comprobar la fortaleza de esa conexión. Ya las Cortes de León, reunidas en Benavente en 1202, aprobaron un impuesto y autorizaron la emisión de moneda. Y unos años después, en 1215, la Magna Carta, recuperada luego como inspiración de la revolución americana contra la corona británica, estableció un principio (“no taxation without representation”) muy similar a aquel que formulara Justiniano: “Lo que es de todos debe ser aprobado por todos”.

De ahí que resulte legítimo preguntarse si al presidente de la Comisión de Presupuestos se le habrá pasado por alto la entrada en vigor el 30 de mayo de la última y más novedosa pieza del engranaje supervisor y corrector sobre los miembros de la eurozona, un paquete formado por dos nuevas regulaciones europeas que dictan el calendario, el procedimiento y los límites bajo los cuales las Cortes Generales elaborarán a partir de ahora esos Presupuestos Generales del Estado donde se fijan los impuestos que pagaremos y los servicios que recibiremos a cambio.

Las nuevas normas, llamadas “Two Pack” (paquete de dos), se añaden a las ya aprobadas en estos dos últimos años para completar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que se basó el euro. Junto con el Semestre Europeo, el Six Pack y el Tratado Fiscal firmado en diciembre de 2011, proporcionan a la Comisión Europea un impresionante arsenal de medidas de vigilancia e intervención sobre los presupuestos y las finanzas de los Estados miembros.

De acuerdo con esas normas, los Estados están obligados a presentar todos los meses de abril sus planes de ajuste del déficit público. Si se prevé que se van a desviar de los objetivos del 0,5%, Bruselas mandará un primer aviso y obligará a depositar una fianza del 0,1% del PIB. Si el Gobierno persevera en la desviación, se le abrirá un procedimiento de déficit excesivo y se le obligará a firmar un eufemístico “acuerdo de partenariado económico” donde se detallarán las reformas estructurales que el país tiene que acometer. Si persiste en la desviación, la multa será del 0,2% del PIB, pero si hay falsedades en las estadísticas la sanción puede llegar al 0,5% e implicar la retirada de los fondos de cohesión. Y si finalmente el país tiene que ser rescatado, total o parcialmente, entonces pasa a formar parte de un programa de vigilancia intensiva que incluye unas visitas regulares de los hombres de negro de las que no se librará hasta que haya devuelto el 75% de la ayuda financiera recibida. Y si tus socios europeos deciden que eres un problema sistémico que amenaza a los demás, entonces te espera un “programa de ajuste macroeconómico completo”, que es como el súmmum de esta reeducación maoísta en la austeridad en la que se ha convertido la eurozona.

Para evitar llegar estos extremos, en lo sucesivo, los parlamentos nacionales elaborarán y aprobarán los presupuestos sobre la base de unas perspectivas de crecimiento elaboradas por la Comisión, no por el Gobierno, y sobre unos planes de estabilidad y programas nacionales de reformas que también deberán haber sido pactados de antemano con Bruselas para evitar que caigan en el voluntarismo contable o en el electoralismo presupuestario. A partir de ahora, el borrador de presupuestos anual deberá ser presentado a la Comisión antes del 15 de octubre, que tendrá hasta el 30 de noviembre para examinarlo y, si no le satisface, pedirle al Gobierno que lo modifique antes de someterlo a votación en el Congreso. Resumiendo, las Cortes Generales no podrán aprobar gastos ni emitir deuda sin el respaldo de unos ingresos verificables por Bruselas de forma independiente.

Todo esto es una traducción al castellano democrático de la jerigonza bruseliana sobre “gobernanza económica”, que ha llevado el uso del acrónimo a unos niveles obscenos desde el punto de vista de la comunicación con la ciudadanía. Señores diputados, entérense bien de lo que es un AGS, AMR, CSR, EDP, EIP, GSP, MIP, MBO, MSCAP, NRP, TSCG, RQMV o WEF, porque sin saberlo no podrán ejercer su tarea representativa. Y luego cuéntennos a qué se van a dedicar. En la unión penitenciaria, no tienen un papel muy claro.

 Publicada en la edición impresa del Diario ELPAIS el 7 de junio de 2013

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Un Tratado y un billón

5 marzo, 2012

Estos son los dos elementos sobre los que en estos momentos descansa el futuro de Europa. Los ritmos de su despliegue son muy reveladores de las asimetrías que dominan hoy la construcción europea pues, como se ha visto, resulta más fácil hoy en día que el Banco Central Europeo movilice un billón de euros en créditos que los Gobiernos puedan acordar y hacer entrar en vigor 16 artículos de un tratado. Sea como sea, el billón ya está en circulación; en cuanto al tratado, las cosas no están tan claras.

Irlanda ya ha anunciado que difícilmente podrá evitar someter ese texto a referéndum. Teniendo en cuenta el expediente ratificador dublinés (dos referendos, dos rechazos, dos crisis), la preocupación está más que justificada. Cierto que en las dos ocasiones anteriores (2001 y 2008), los Gobiernos irlandeses lograron finalmente ratificar los tratados por medio de un segundo referéndum. Y cierto que esta vez se ha puesto la venda antes que la herida para que el tratado pueda entrar en vigor con solo que 12 de los 17 miembros de la eurozona lo ratifiquen. Pero esto no agota ni mucho menos las consideraciones sobre la legitimidad y la eficacia de este proceso ni sobre las consecuencias que se derivarían de un eventual no irlandés.

El objeto de un referéndum es dejar en manos de la ciudadanía la posibilidad de elegir entre varias opciones. Pero para que los ciudadanos de una democracia puedan (auto)determinar su futuro se requiere que todas las opciones sometidas a consulta sean técnicamente posibles, políticamente viables y moralmente aceptables. Y lo que es más importante: que los ciudadanos entiendan y tengan claro de antemano cuales son las consecuencias que para ellos se derivarán de cada una de las opciones que se les someten. Si no se cumplen estas condiciones, un referéndum carece de sentido, que es exactamente lo que viene ocurriendo en la UE, donde los referendos se plantean como medios para la legitimación popular a posteriori de decisiones ya tomadas.

Eso explica por qué es tan difícil escapar a la impresión de que, en el ámbito europeo, los referendos no han venido poniendo en manos de la ciudadanía la capacidad de decisión sobre su futuro, sino que se han convertido en algo parecido a un test de inteligencia diseñado por los Gobiernos donde de lo que se trata es de averiguar la respuesta correcta. Por eso, cuando los electores han votado no, los Gobiernos han reaccionado pulsando el botón rojo (“respuesta incorrecta”) y han vuelto a someter la cuestión a consulta para que los ciudadanos presionen el voto verde (“respuesta correcta”).

Algo parecido podría volver a ocurrir en Irlanda, cuyos ciudadanos ya están siendo advertidos de que un no a este Tratado podría significar su salida del euro. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Irlanda firmó y ratificó el Tratado de Maastricht que estableció la Unión Económica y Monetaria y posteriormente el Tratado de Lisboa, que no incluyen ninguna cláusula sobre una expulsión del euro. Si de lo que se trata es de que Irlanda no tendría acceso a los fondos del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad, u otro tipo de consecuencias, explíquese claramente a los ciudadanos, junto con sus posibles alternativas, pero no se amenace a los ciudadanos con que el ejercicio de su libre albedrío democrático podría llevar al colapso económico de Irlanda o, incluso, al estallido final y ruptura definitiva de la eurozona porque eso significa que no existe una elección entre alternativas y, en consecuencia, es absurdo celebrar un referéndum.

La Unión Europea no es una democracia, sino una demoi-cracia, es decir, está formada por varios demos o pueblos, lo que significa que carece de un sujeto político único que se pueda pronunciar clara e unívocamente sobre su futuro. Por eso, como los acuerdos se adoptan en la esfera supranacional pero los referendos se celebran en el ámbito nacional y de forma desconectada entre sí, los ciudadanos de cada país no solo no se autodeterminan a sí mismos, sino que exportan las consecuencias de sus decisiones a terceros, impidiendo que los demás puedan autodeterminarse.

Planteados así, los referendos son un callejón sin salida: no permiten hacer avanzar a la UE (luego no son eficaces), ni tampoco legitiman democráticamente la construcción europea. Por tanto, cuando son favorables, el resultado se descuenta y se atribuye a la falta de alternativas, mientras que cuando son desfavorables, se convierten en un mecanismo de deslegitimación ya que por la vía de protocolos o negociaciones adicionales se termina logrando que lo que salió por la puerta, vuelva a entrar por la ventana. Por tanto, si de preguntar a la ciudadanía se trata, que se haga como medio de lograr una Europa más eficaz y más democrática, no desde la soberbia ni desde la resignación.

Publicado en elpais internacional, 1 de marzo de 2012

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