Posts Tagged ‘referéndum’

España no será obstáculo

13 junio, 2015

1241000474100Es difícil pensar en dos países cuyas trayectorias de llegada a la UE puedan ser más opuestas que las que representan España y Reino Unido. En el caso de España, nuestra adhesión a la (entonces) Comunidad Europea supuso la culminación de los anhelos de varias generaciones, históricamente cercenadas de la posibilidad de incorporarse a la corriente de paz, democracia y progreso que se abría al norte de su frontera pirenaica. De ahí el intenso, orgulloso y entusiasta proceso de europeización en el que la sociedad española, sus fuerzas políticas, sus empresarios, sus intelectuales y sus sindicatos se embarcaron, primero en 1978 con la aprobación de la Constitución, y luego a partir de 1986 con la formalización de la adhesión.

En el caso de Reino Unido, la llegada a la UE, en lugar de ofrecer un logro histórico en torno al cual construir un relato de orgullo nacional, significó una doble derrota: primero, la de un imperio que decía adiós a todos sus territorios de ultramar, y segundo, el reconocimiento del fracaso de la tentativa de organizar los asuntos europeos en torno a un modelo rival al puesto en marcha por el Tratado de Roma, el de la asociación europea de libre comercio (EFTA).

Todo ello explica que desde países como España no se entienda fácilmente por qué el deseo de ser miembros de la UE, para nosotros tan simple e intuitivo incluso a pesar de la reciente crisis y la aplicación de duros ajustes y políticas de austeridad, pueda ser motivo de tantas complicaciones para los británicos. Esta incomprensión no implica que España vaya a representar un obstáculo para David Cameron a la hora de negociar un mejor acuerdo con la UE. Al contrario que en otras capitales europeas, donde sí que se percibe algo de inquina y bastante hartazgo ante las piruetas y tacticismos de David Cameron.

España no tiene un especial interés en ponérselo difícil al primer ministro británico. Eso no quiere decir que Cameron vaya a tenerlo fácil. En Madrid, como en otras capitales, habrá cierta flexibilidad a la hora de negociar excepciones con las que acomodar a Reino Unido; en esto los británicos son especialistas y los demás ya están acostumbrados. Pero España no va a aceptar sin más la pretensión británica de forzar a todos sus socios a negociar un tratado que requiera ratificaciones parlamentarias o referendos en los Estados miembros, pues eso supondría abrir la caja de los truenos de la opinión pública que tanto costó cerrar en la década pasada.

España tampoco simpatiza con la idea de retorcer principios fundamentales como la libre circulación de personas hasta que sean irreconocibles. Así pues, en los próximos meses, Cameron intentará convencer a sus socios europeos de que los británicos están dispuestos a irse si no se accede a sus demandas. Mientras, sus socios intentarán convencer a Cameron de que no le pueden dar lo que pide. La cuestión es a quién creerán los votantes británicos: a un Cameron que dirá haber logrado un acuerdo histórico, o a unos líderes europeos que dirán que no le han dado nada importante.

Publicado en el suplemento “Europa” del diario ELPAIS el 31 de mayo de 2015

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Referéndum en Escocia: el día después

3 octubre, 2014

La-tristeza-ha-aflorado-en-los_54415194252_54028874188_960_639El día después del referéndum escocés podían pasar dos cosas. Si ganaba el sí, los escoceses hubieran tenido que gestionar una economía que pierde competitividad, sostener el Estado del bienestar, regular la banca, pagar las deudas adquiridas durante la crisis, imaginar un futuro sin petróleo y hacer frente al envejecimiento de la sociedad.

¿Y una vez que ha ganado el “no”? Pues entonces, los escoceses tienen que gestionar una economía que pierde competitividad, sostener el Estado del Bienestar, regular la banca, pagar las deudas adquiridas durante la crisis, imaginar un futuro sin petróleo y hacer frente al envejecimiento de la sociedad.

Exacto, han leído bien: los retos son los mismos. Lo único que cambiaba era que en el primer caso, los escoceses tendrían que haber hecho todas esas cosas y, a la vez, construir un Estado propio, mientras que en el segundo caso tienen que hacerlo de forma conjunta con Londres, aunque con un grado de autonomía sustancial.

El punto de vista de los independentistas es que el margen de autonomía que hubieran ganado con la secesión les hubiese gestionar mejor esos retos y, además, hacerlo de forma autónoma, sin someterse a los dictados del Gobierno británico, lo que hubiese tenido consecuencias positivas. Sin embargo, para los contrarios a la secesión, la independencia no sólo significa una menor capacidad a la hora de gestionar esos desafíos, pues dichos problemas se gestionan peor entre 5 millones de escoces que entre 63 millones de británicos, sino también la dedicación de ingentes cantidades de tiempo y recursos a construir la capacidad estatal con la que resolverlos.

La estatalidad, aunque al calor del debate identitario tienda a convertirse en un fin, no deja de ser un medio. Si ganaba el sí, sin duda hubiera sido un día histórico que hubiese dejado las calles desbordadas por la alegría popular y las banderas blanquiazules. Pero este viernes, hubiera habido que hacer cosas tan mundanas como negociar un prefijo telefónico para las llamadas internacionales, gestionar la red eléctrica del país o, al otro extremo de la complejidad, poner en marcha un servicio de inteligencia que prevenga atentados terroristas yihadistas, diseñar y armar unas fuerzas armadas propias, repartirse miles de millones de deuda pública y abrir unas complicadísimas negociaciones con la Unión Europea para lograr que el nuevo país pase el mínimo tiempo posible fuera de la UE.

Paradójicamente, todo ese largo y costoso proceso tendría que haber sido negociado y pactado con el gobierno del país del que se hubieran acabado de independizar. Eso hubiese supuesto que si ganaba el sí, durante los próximos cinco años, los escoceses iban a ver más Londres en sus vidas de lo que han visto en los últimos 300 años. Así pues, incluso desde el consenso y la mano tendida (recuerden que el primer ministro británico, David Cameron, dijo que aunque la independencia le rompería el corazón, no pondría obstáculos a su consecución si ganará el sí), la independencia hubiera supuesto invertir mucho tiempo y recursos en volver a la casilla de salida donde hubieran esperado los mismos problemas de siempre.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 19 de septiembre de 2014

Referéndum en Escocia: ¿cabeza o corazón?

3 octubre, 2014

head-vs-heart1“Esta votación no es acerca de si Escocia es o no una nación. Escocia es una nación fuerte y orgullosa con una historia extraordinaria y unas gentes con un talento increíble”. Esto no lo ha dicho el líder independentista escocés, Alex Salmond, sino el primer ministro británico, David Cameron, en una vibrante intervención realizada el miércoles pasado en Edimburgo en la que también prometió no obstaculizar la independencia si esta fuera la opción ganadora. “Me rompería el corazón”, dijo Cameron, “pero respetaría esa decisión”.

¿Deben votar los escoceses con la cabeza o con el corazón? El debate en Reino Unido, que hasta ahora había versado sobre los costes de la separación, ha girado 180 grados hacia el terreno de las emociones, las identidades, la historia común; en definitiva, hacia el sentido y lógica de vivir juntos. Ahora, en lugar de preguntarse cuánto cuesta la ruptura, los británicos han comenzado a debatir sobre qué sentido tiene vivir juntos. Con ello parece aceptarse que ni la secesión ni la permanencia son decisiones exclusivamente racionales.

Si las personas solo estuvieran hechas de intereses, si solo se movieran por el deseo de maximizar el retorno económico de sus decisiones, entonces la decisión entre la secesión o la permanencia debería ser relativamente sencilla. O dicho de otra manera, aunque fuera una decisión complicada lo sería exclusivamente debido a que algunos costes son inciertos y / o muy difíciles de calcular. Sin embargo, la experiencia nos dice que las cosas son algo más complicadas.

¿Aceptaría México anexionarse a EE UU solo porque es más rico? ¿O España sumarse a Alemania solo porque los alemanes son más eficientes, tienen menos desempleados y exportan más? Algo parecido ocurre con la secesión: el hecho de que, incluso aunque fuera costosa económicamente, exista un número tan amplio de personas dispuestas a asumir esos costes nos señala muy claramente lo importante que son las identidades y cuánto impacto tienen sobre las preferencias de los actores.

Esa complejidad de las cuestiones identitarias explica el giro adoptado por el Gobierno británico, al que se han sumado laboristas y liberales. Así, mientras Salmond hacía el ridículo comparando la secesión de Escocia con el fin del apartheid en Sudáfrica, Cameron, inteligentemente, intentaba cambiar el debate a otro terreno. “Esta votación no es para elegir entre Reino Unido y Escocia, sino para decidir entre dos visiones distintas del futuro de Escocia”. ¿Es sincera la humedad que recorría los ojos de Cameron? ¿O, como dicen los independentistas, es una impostura que se debe a que, después de llevar meses amenazando a los escoceses con todo tipo de calamidades si deciden marcharse, Londres se ha dado cuenta de que los costes también serían inmensos para Reino Unido, y para el propio Cameron, cuya carrera política seguramente terminaría? Seguro que hay opiniones para todos los gustos, pero quizá dé un poco igual: al fin y al cabo, sabemos desde hace mucho tiempo que la fuerza civilizadora de la hipocresía es un elemento importante de paz y progreso. La cuestión es si no es ya es demasiado tarde incluso para la hipocresía.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 12 de septiembre de 2014

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Cameron y Europea: ¿chantaje o suicidio?

25 enero, 2013

blackmailBastante despistados debían de andar los asesores de David Cameron cuando eligieron la fecha del 22 enero para que el primer ministro pronunciara el gran discurso sobre Europa que todos, dentro y fuera de Reino Unido, llevaban tiempo esperando. Un discurso rompedor y a la vez clarificador que marcaría un antes y un después en la política europea del Gobierno conservador. En una imaginativa y audaz pirueta política y comunicativa, sus asesores eligieron Berlín como el lugar idóneo para la presentación del discurso.

¿Cabe imaginar algo más simbólico que viajar a Berlín, el lugar donde hoy por hoy está todo el poder político y económico, para anunciar un referéndum sobre la permanencia o retirada de Reino Unido de la Unión Europea? En el pasado, Churchill y Thatcher habían elegido Zurich y Brujas, respectivamente, para sus discursos, así que había una tradición a la que retrotraerse para salir al extranjero. Pero, ¿por qué conformarse con dos ciudades menores pudiendo pensar a lo grande? Un discurso en Berlín colmaría las fantasías eurófobas del Partido Conservador y del UKIP (el Partido por la Independencia de Reino Unido): sería como clavar una daga en el corazón de ese monstruo federalista y burocrático que tanto odiaban. Solo faltaba que Cameron hiciera el viaje en una fortaleza volante de la II Guerra Mundial y que aterrizara en el aeropuerto de Tempelhof. Todo bien salvo por un pequeño detalle: contactada la Embajada británica en Berlín para organizar el discurso, esta comunicó que el 22 de enero estaba marcado en el calendario como el día de la celebración del 50º aniversario del Tratado del Elíseo entre Francia y Alemania, una ocasión solemne en la que los Gobiernos y Parlamentos de los dos países celebrarían sesiones conjuntas con gran repercusión política y mediática.

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Quien siembra hostilidad, recoge indiferencia

23 diciembre, 2012

torybullDesde que llegara al poder en 2010, el primer ministro británico, David Cameron, ha ido enredándose progresivamente en la tela de araña europea. Habrá quien quiera buscar las culpas en el continente acudiendo a los manidos tópicos al uso (“los franceses nos odian”, “los alemanes nos envidian”) pero la realidad es que el mérito es exclusivamente del propio Cameron, que no ha perdido una oportunidad de perder una oportunidad de mejorar las relaciones entre el Reino Unido y la UE. A base de sucesivos manotazos, tanto dentro del Reino Unido como en sus relaciones con sus colegas europeos, ha terminado por comprometerse a convocar un referéndum sobre Europa que no tiene muchas posibilidades de ganar.

Con unas dobles elecciones a la vista en 2014, nacionales y europeas, la cuestión europea se ha convertido en una seria amenaza a su supervivencia política. Según las encuestas, tres de cada cuatro británicos sienten poca o ninguna vinculación con la Unión Europea, lo que no augura un buen resultado. Pero las complicaciones de Cameron no solo tienen que ver con una opinión pública gélida como un témpano respecto a la UE: dentro de su propio partido, un 63% de los militantes es partidario, sin más, de retirarse de la Unión y entre sus votantes Europa despierta una hostilidad tan manifiesta que, en un hipotético referéndum, sólo un 29% votaría a favor de permanecer en la UE. Eso explica que quiera a toda costa evitar que ese referéndum se articule en torno a una pregunta sencilla y directa sobre si quedarse o marcharse en la UE. La contradicción es tal que, aquello que Cameron ha exigido a los nacionalistas escoceses (una pregunta clara sobre la independencia, no tres opciones confusas y difíciles de gestionar) es algo que no puede exigirse a sí mismo en relación con Europa, pues muy probablemente saldría derrotado.

Cameron tendría más posibilidades de lograr una victoria si lograra someter a los votantes la aprobación de una “relación mejorada” entre el Reino Unido y la UE previamente negociada entre ambas partes. El problema es que esa relación mejorada es muy difícil de llenar de contenido práctico pues el Reino Unido ya disfruta de un gran número de privilegios en su relación con la UE, estando ya autoexcluido de numerosos ámbitos (desde la libertad de circulación de personas a la política social pasando por el euro). Añadir más excepciones es teóricamente posible, pero su importancia sería marginal y difícilmente configurarían algo que pudiera ser descrito como una nueva relación con Europa que pudiera entusiasmar a los votantes y superar la desconfianza innata que tienen sobre todo lo europeo. Máxime cuando además la prensa y los eurofóbicos del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) harían trizas dicho acuerdo ante la opinión pública buscando rédito electoral.Cameron olvida además la lección de su humillación en el Consejo Europeo de diciembre de 2011, cuando su amenaza de vetar el nuevo Tratado Fiscal si no se protegían los intereses de la City fue respondida por el resto de miembros con un Tratado intergubernamental que excluye al Reino Unido y que por tanto Londres no puede vetar.

Durante décadas, la diplomacia británica ha trabajado con la filosofía de que los intereses del Reino se defendían mejor desde dentro que desde fuera de la UE. Paradójicamente, aunque el Reino Unido no era parte del euro, la bonanza económica asociada a su primera década de vida convirtió a la capital de un país que no era miembro del euro en el centro financiero de Europa. Ahora, la crisis del euro y los avances hacia una unión más completa, con un pilar bancario, fiscal y económico, van a poner fin a esa anomalía histórica. A partir de 2013, Cameron dedicará grandes energías a buscar una nueva relación entre Londres y Bruselas que evite la salida del Reino Unido de la UE pero, como es evidente, encontrará en el resto de líderes europeos una disposición muy pequeña a regalarle una gran victoria personal. Unos serán hostiles, los más indiferentes, y casi ninguno simpatizará con sus pretensiones. Pero eso no es lo central: al final del día, lo que los ciudadanos británicos voten en un referéndum no importará mucho. Cameron no parece entender algo tan fundamental como que el tiempo del Reino Unido como actor central en la UE ha llegado a su fin y que cada día que pasa, el Reino Unido es menos miembro de la Unión Europea. No es por tanto el Reino Unido el que decidirá si marcharse de la UE o quedarse, sino que es la UE la que, por la vía de los hechos, está dejando al Reino Unido fuera de la UE. Cameron puede retrasar o acelerar ese progreso pero no detenerlo.

 Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 23 de diciembre de 2012

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Una Europa británica

7 diciembre, 2012

fishandchipsRegreso de Londres impresionado por la intensidad del debate político entre eurofóbos y eurófilos. En el fragor de la batalla, los argumentos adquieren un tono cada vez más grueso. La UE es un ente corrupto y antidemocrático que nos roba, dicen unos al calor del debate presupuestario. Si abandonamos la UE, seremos como Singapur, dicen otros al hilo del debate sobre la posición del Reino Unido en el mundo. Bien mirado, la pasión del debate no debería ser motivo de extrañeza. Los británicos se encaminan hacia dos referendos en los que se dilucidarán dos cuestiones de singular importancia: la continuidad de la pertenencia de Escocia al Reino Unido y la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Si la identidad nacional de un país versa en torno a las preguntas de quiénes somos, qué queremos y con quiénes estamos dispuestos a lograrlo, es evidente que estamos ante la puesta en cuestión de dos de los principales anclajes de cualquier país: el interno (¿quién forma parte de la comunidad?) y el internacional (¿de quién forma parte la comunidad?).

Desde fuera, lo común es concluir que este debate muestra el escaso grado de europeización del Reino Unido, un país que llegó a la UE a su pesar, como consecuencia de una concatenación de fracasos internos y externos, pero sin el apoyo ni la comprensión ni del público ni de sus elites, y menos de sus medios de comunicación. Como dijo el General de Gaulle en su momento, su adhesión era “contra natura, contra estructura y contra coyuntura”. Desde ese punto de vista, una eventual salida no sólo enmendaría de una vez por todas el error que supuso aceptar al Reino Unido en la entonces Comunidad Económica Europea, sino que permitiría corregirlo, para bien de los británicos, que podrían dedicarse a aquello que mejor se les da (¿flotar en el Atlántico, no tener ataduras políticas y comerciar con todo el mundo?) y del resto de los europeos, que por fin podrían dedicarse a aquello a lo que siempre habrían aspirado (¿conformar una unión política estructurada en torno a París y Berlín?). Pero el debate sobre la europeización sobre el Reino Unido es sólo la mitad de la historia, y quizá no la más relevante. Si examinamos con cierta atención la huella que el Reino Unido ha dejado en Europa, veremos que la lista es de todo menos pequeña.

En primer lugar, el número de miembros. Si somos 27 (próximamente 28) es debido en gran parte al apoyo sostenido del Reino Unido a las ampliaciones de la Unión. Fuera un plan para frenar la integración o el resultado de una lectura inteligente de la historia y el futuro, el caso es que somos una Europa grande y abierta en gran parte gracias a ellos. Lo mismo puede decirse del mercado interior, que junto con las ampliaciones, es otro de los grandes proyectos europeos. Nadie como el Reino Unido ha impulsado ese proyecto, que ha sido y es una de las principales fuentes de riqueza y bienestar de las que disponemos los europeos y, también, el principal activo y atractivo de la presencia europea en el mundo. Desde los años ochenta del siglo pasado, gracias a la visión del Reino Unido, que apoyó el uso de la mayoría cualificada para las cuestiones relacionadas con el mercado interior, hemos avanzado rápidamente por la senda de la creación de mercados, hacia dentro y hacia fuera, a la vez que mantenido bajo constante control presupuestario políticas como la agrícola, que llegaron a desmandarse y a absorber más de la mitad del presupuesto europeo. Desgraciadamente, la UE tiene un presupuesto demasiado pequeño, en gran parte por culpa del Reino Unido, pero también más racional, transparente y orientado a la innovación y el empleo gracias al empeño británico en cortar las alas a la alianza entre grupos de interés agrícolas o regionales y la burocracia europea. Y no es menos cierto que esta UE, con su geometría variable, en la que daneses, irlandeses, suecos y británicos pueden acomodar sus deseos de no ser parte del euro, la defensa, la libre circulación o la política social, es también responsabilidad de Londres. Por no hablar de la política exterior y de seguridad europea, inconcebible sin el concurso del Reino Unido, pues los alemanes, como han demostrado tantas veces, no están por la labor de ayudar a la UE a ser un actor global. El caso es que, para bien y para mal, nos guste o no, el legado del Reino Unido, es un legado impresionante y muy vivo. No deja por eso de resultar paradójico que el Reino Unido se disponga a abandonar la UE después de haberla moldeado tan profundamente. Y encima, después de que se vayan, seguiremos utilizando el inglés para entendernos en una Europa británica sin británicos.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 7 de diciembre de 2012

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El debate sobre Cataluña: qué cambiar, qué mantener

21 noviembre, 2012

Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) con el fin de asegurar nuestra supervivencia económica. No hay pues ninguna razón para que no podemos hacerlo para asegurar nuestra supervivencia política.

Todo esto viene al caso del debate abierto en torno a la posible realización de una consulta independentista en Cataluña. Pues al igual que el fin no justifica los medios y en modo alguno se debería aceptar que la legalidad constitucional fuera violentada unilateralmente, también es cierto que considerar materialmente imposibles fines como la secesión cualesquiera que sean los procedimientos que se utilicen para llegar a ellos carece igualmente de sentido y constituye un elemento deslegitimador del sistema político.

No dejaría de resultar paradójico que un país como España, que ha llevado a cabo un proceso de transición considerado generalmente modélico en cuanto a su capacidad de invertir de forma pacífica un marco político autoritario y trocarlo en democrático sin llevar a cabo una ruptura desde el punto de vista legal, se encontrara ahora en una situación en la que su rigidez constitucional le abocara a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico-legal (la Constitución) y un nuevo marco político que, de forma pacífica y mayoritaria, abogara desde Cataluña por realizar una consulta en torno a la independencia. Porque esa es la situación que se viene configurando en los últimos meses, el de un escenario en el que se enfrentaran dos legitimidades, la formal-constitucional, que prohíbe tanto los referendos unilaterales como la secesión de una parte del territorio, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento mayoritario de los representantes electos o, posteriormente, de una mayoría relevante de la población catalana.

Desactivar el choque de trenes entre esas dos legitimidades es imperativo pues de ese choque nadie saldrá ganando, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en Europa. Volvamos pues la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro en la España de los años setenta ya que sigue siendo un buen modelo para resolver los problemas del futuro. Si los constituyentes de 1978 dotaron a España de una Constitución sumamente rígida fue más por miedo a una involución democrática y por la necesidad de preservar los delicados equilibrios políticos, sociales y territoriales en los que se asentó la transición que por un desprecio de la flexibilidad y el reformismo, que está en su código genético. Claramente, las mejores décadas de nuestra historia han venido de la mano de un reformismo continuado y de la construcción de puentes entre ideologías y territorios, no de la ruptura. España es una sociedad plural y a la vez plurinacional, donde como demuestran reiteradamente los procesos electorales celebrados en Cataluña y el País Vasco, el juego político es un tira y afloja entre minorías que son lo suficientemente amplias como para tener que ser incluidas o, por lo menos, no marginadas, y mayorías que normalmente son demasiado exiguas y transitorias como para gobernar de forma hegemónica o cambiar unilateralmente el marco jurídico-político. Pese a las transformaciones cruciales que ha experimentado España en estos últimos treinta años, esa doble pluralidad sigue estando ahí y ejerciendo un papel moderador. No mostrar ahora la flexibilidad y la voluntad de diálogo y compromiso que se mostró entonces sería una traición a ese espíritu que animó el retorno de la democracia a España.

Como muestran los casos de Quebec o Escocia, que nada obligue a un estado a tomar en cuenta las aspiraciones secesionistas de un territorio (pues ni en el derecho internacional existe, más allá de los casos de descolonización, un derecho a la autodeterminación ni es preceptivo que una constitución democrática incluya el derecho a la secesión), no significa que una comunidad política pueda soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad de una parte de la población de separarse del Estado, si esta existiere, y de hacerlo mediante un proceso democrático. Como ha señalado la doctrina canadiense, y como ha quedado de manifiesto en el caso escocés, resulta muy difícil tanto negar indefinidamente la posibilidad de realizar un referéndum soberanista como negarse a considerar las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético sí a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión.

A fecha de hoy, los catalanes son ciudadanos de una democracia occidental que, a su vez, es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa por lo que automáticamente gozan del máximo nivel y protección de derechos políticos, económicos y sociales existentes en el mundo. Es pues a los independentistas a los que corresponde valorar cuál sería el coste de una secesión unilateral y no pactada que no fuera acompañada de un acuerdo con un Estado, el español, que es miembro de la UE. Por eso, aunque para cualquier gobierno español, hacer de un bloqueo de la adhesión de una Cataluña independiente una cuestión de principio o blandir este como amenaza no es una posición razonable, tampoco le puede ser exigible que se pliegue sin más a convalidar internacionalmente una secesión no pactada constitucionalmente. Pero al igual que el fin no justifica los medios ni los partidarios de la independencia pueden pretender sin más saltarse el marco legal existente, una comunidad debe disponer de medios con los que resolver conflictos acerca de los fines últimos de su pacto social. Por eso, mientras que los sentimientos de identidad y pertenencia a la nación son inconmensurables y no pueden negociarse ni dividirse, los procedimientos sí que lo son.

Las próximas elecciones catalanas confirmarán hasta qué punto los ciudadanos de esa comunidad validan con su voto la idea de recorrer el camino hasta la independencia mediante una consulta soberanista. Aceptar esa consulta, aún a riesgo de perderla, es mejor que rechazar de plano su mera posibilidad. Ello no sólo invalidaría la estrategia victimista y deslegitimadora de la que hacen gala muchos independentistas, sino que permitiría al Gobierno recuperar la iniciativa, tanto en lo referido a las negociaciones de los aspectos sustantivos (Estatuto, concierto fiscal etc.) como en lo referido a los procedimientos pues el Estado, una vez aceptada la consulta, sí que tendría toda la legitimidad, vía las Cortes Generales, para decidir acerca de los plazos y, sobre todo, la formulación de la pregunta o preguntas y, a posteriori, la gestión de sus consecuencias legales o constitucionales.

Por eso, al igual que el Estado no puede rechazar indefinidamente la celebración de una consulta soberanista, siquiera como posibilidad, tampoco debería aceptarla sin más. Esa consulta tendría que estar situada dentro de un proceso, una “hoja de ruta” donde, idealmente, esta se produjera solo al final, como instrumento ratificador de un acuerdo o, eventualmente, de un fracaso. Eso abriría la oportunidad de comenzar a pensar en cómo podrían los partidarios de la unidad ganar esa consulta, cuestión a la que entre prohibiciones, amenazas y descalificaciones, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública parecen haber dedicado mucho tiempo. Porque si resulta que en su fuero íntimo, el Gobierno, la oposición y la mayoría de la sociedad española están convencidos de que no disponen de argumento de peso u oferta política o económica alguna que pudiera inclinar la balanza del lado de la permanencia en España en caso de una eventual consulta, entonces el escenario al que nos enfrentamos es mucho peor de lo que imaginamos ya que, ciertamente, iríamos a ese choque de trenes entre las dos legitimidades. Por ello, más que negarse a una consulta, Gobierno y oposición deberían plantearse cómo construir una opción de permanencia en España que fuera atractiva para una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña y que, en tanto en cuanto resolviera los mismos problemas a un coste menor y con un beneficio mayor, permitiera acreditar y ameritar la permanencia como una opción de mayor valor que la secesión.

Este artículo se publicó en la sección impresa del Diario ELPAIS el 21 de noviembre de 2012

Brexit

26 octubre, 2012

Primero fue Grexit, la combinación de Greece (Grecia) y exit (salida). Ahora es Brexit o Brixit para referirse a una posible salida del Reino Unido de la UE (British exit). El Reino Unido, donde el año que viene unos celebrarán y otros lamentarán el cuarenta aniversario de su adhesión a la UE, se encuentra con que el Canal de la Mancha, que le separa del continente física, mental y políticamente, se está ensanchando de forma irreversible. Y no tanto porque el Reino Unido haya cambiado de posición, que lo ha hecho desde la llegada de David Cameron al poder, sino sobre todo porque el continente se ha puesto en marcha, dejando al Reino Unido atrás. Para los diplomáticos británicos, que han dedicado décadas a entretejer una relación entre Londres y Bruselas que garantizara al Reino Unido un máximo de influencia con, a la vez, un mínimo de cesión de soberanía, se trata sin duda de una debacle de primera magnitud.

Tras una década de reformas institucionales, existía en Europa un amplio consenso acerca de que el Tratado de Lisboa (2009) marcaba el máximo de integración al que llegaría la UE. La UE a 27, se pensaba, era tan grande y tan diversa que había tocado techo, lo cual convenía sumamente a los intereses del Reino Unido, siempre receloso de ir hacia más integración. Pero, además, de forma mucho más beneficiosa para Londres, la desafección hacia el proyecto europeo mostrado en países como Francia o Países Bajos, ambos miembros fundacionales de la UE, permitía conjurar un segundo peligro: el de que se estableciera una Europa rígidamente dividida en un núcleo altamente integrado y una periferia fragmentada e inconexa en donde habitarían los estados miembros que no quisieran o pudieran seguir el ritmo de integración de los demás y optaran por salirse o no sumarse a determinadas políticas (la libre circulación de trabajadores, el euro, la política social o la política de defensa).

Ese statu quo permitía al Reino Unido estabilizar sus relaciones con la UE en un punto cómodo y previsible, beneficiarse económicamente de ser el centro financiero de un continente cuya moneda no compartía y hacerse valer como socio de primer orden en política exterior y de seguridad. Todo este diseño se ha ido al garete como consecuencia de la crisis financiera abierta en 2008. Por un lado, la Unión Europea ha iniciado un proceso de centralización económica precisamente en torno al elemento que más separa al Reino Unido de Europa, el euro, al que Londres nunca podrá sumarse dada la existencia de una sólida mayoría interna en contra de dar ese paso. Pero el problema de Londres no es permanecer al margen de la unión bancaria, fiscal y económica que, de facto, convertirá a la UE en una federación económica, sino lograr que las normas que regularán esa unión no le afecten negativamente, especialmente a su potente sector financiero. La respuesta no es fácil; aunque el Consejo puede reunirse en formación euro y tomar medidas sólo para sus miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo no pueden dividirse en dos y gobernar o legislar sólo para los miembros de la eurozona. En una unión más integrada Londres tendrá que aceptar las decisiones que se tomen, aunque le perjudiquen, o marcharse, pero no podrá, como en el pasado, liderar selectivamente aquí y bloquear allí para maximizar su influencia.

Todo esto ocurre, para agravar las cosas, en paralelo a un cambio fundamental en el trasfondo geopolítico europeo. Europa siempre ha sido un equilibrio a tres entre Londres, París y Berlín, cada uno con sus diferentes visiones económicas y de política exterior, lo que abría múltiples posibilidades de colaboración y negociación. Pero ahora, el desplazamiento de poder hacia Alemania, tanto debido a su éxito económico como a la marginalización creciente de Francia y la imparable irrelevancia europea del Reino Unido (que ya ni siquiera consigue, como antaño, aglutinar a los socios de Europa Central y Oriental), significa que la Unión Europea se está articulando como un núcleo fuertemente integrado en la esfera económica bajo hegemonía política y normativa alemana. Hace una década, Schröder en Alemania y Blair en Reino Unido, compartían una agenda reformista. Hoy, por el contrario, sus sucesores conservadores, Merkel y Cameron, carecen de una agenda común y tampoco comparten una visión de política exterior y de seguridad que les pudiera mantener unidos por fuera del euro. El resultado está a la vista: el primo anglo y la prima sajona se dan la espalda y se marchan cada uno por su lado.

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Publicado en la edición impresa del Diario ElPAIS el 26 de octubre de 2012

Hablemos de Francia

6 julio, 2012

La virulencia de la crisis de deuda y la inestabilidad que se ha apoderado de la eurozona en los últimos meses ha hecho que el foco de atención haya estado puesto sobre España e Italia. Con Grecia, Portugal e Irlanda intervenidas, la pregunta que todo el mundo se ha venido haciendo es hasta dónde o hasta cuándo aguantarían la presión los Gobiernos de Mariano Rajoy y Mario Monti y qué ocurriría en caso de que finalmente se fuera hacia una intervención completa de España y/o Italia.

La urgencia y la dificultad de salvar a España e Italia han contribuido a poner de relieve la importancia de Alemania y ha singularizado una y otra vez a Angela Merkel como la persona en cuyas manos estaría la capacidad de deshacer la madeja europea. Al igual que la crisis ha forzado a la ciudadanía a dotarse de las nociones básicas de economía que necesita para entender y valorar lo que está ocurriendo y las soluciones que se van adoptando, la posición predominante de Alemania en esta crisis ha hecho imprescindible adentrarse en las profundidades del sistema político, economía y opinión pública alemanas. Por eso, en la Europa de la crisis hemos aprendido a prestar atención a las elecciones regionales alemanes, los dictámenes de su Tribunal Constitucional, los procesos de ratificación parlamentaria de los acuerdos europeos, la debilidad o fortaleza de los socios liberales o bávaros del Gobierno de la CDU, las posiciones del presidente del Banco Central alemán y las matizaciones que respecto a los eurobonos pueda introducir la oposición socialdemócrata una vez en el gobierno. Alemania, hemos aprendido, es un sistema político muy complejo donde el poder está muy repartido entre una serie de instituciones fuertes e independientes que limitan sumamente la capacidad de actuación de Angela Merkel.

Mientras tanto, en Francia, ocurría lo contrario. La formidable concentración de poder que la Constitución de la V República otorga al Presidente, unido al compulsivo hiperactivismo de Sarkozy, permitía concentrar toda la atención en el papel del presidente y simplificar sumamente los análisis. Sin embargo, como comenzó a entreverse durante la campaña presidencial, detrás del seguidismo de Sarkozy bullía una Francia sumamente compleja, atravesada por una serie de dudas existenciales: dudas sobre la identidad nacional, dudas sobre su modelo económico, dudas sobre la integración europea y dudas sobre la globalización. Esas dudas han limitado enormemente el margen de maniobra del centro-derecha francés, forzándole a mimetizar los postulados de la derecha nacionalista y xenófoba que representa el Frente Nacional de Marine Le Pen. También constriñen, y de qué manera, al centro-izquierda, forzado a convivir con una izquierda globofóbica que se siente cada vez más alienada por un proceso de integración europeo que percibe como una globalización con piel de cordero que busca destruir el Estado intervencionista y benefactor que constituye una de las señas de identidad de Francia.

De forma inesperada, pues se pensaba que el referéndum constitucional de 2005 la había enterrado definitivamente, la unión política ha vuelto a aterrizar ahora en la mesa de la izquierda francesa. Hollande se enfrenta a ese reto desde una posición nada envidiable. Por un lado, casi dos de cada tres de los votantes que le han llevado al Elíseo votó en contra de la Constitución Europea en 2005. Por otro, la difícil situación de las finanzas públicas en Francia, puesta de relieve esta semana por el Tribunal de Cuentas, hace inevitable que las discusiones sobre la siguiente fase de la unión económica y política coincidan temporalmente con una batería de importantes recortes presupuestarios que generarán rechazo político y social.

En la medida que la opinión pública francesa asocie los avances en la integración europea con una nueva reducción del margen de autonomía del Estado para hacer políticas de izquierda e interprete la unión política como una nueva vuelta de tuerca sobre su modelo social, entonces reaccionará vivamente contra lo que interpretará no como una unión política, sino como una constitucionalización encubierta del modelo económico alemán y de las políticas de austeridad en el ámbito europeo. Al igual que ocurriera en los años noventa, cuando se preparaba la unión económica y monetaria, y también en la década pasada, cuando se discutió la Constitución Europea, la izquierda francesa tendrá que decidir hasta qué punto la unión política y económica con Alemania contribuye a preservar y, eventualmente, a revigorizar su modelo económico y social o, por el contrario, a afianzar y hacer irreversible su declive. El desafío de Hollande consiste pues en lograr una Europa más eficaz, lo que requiere mayor integración y, por tanto, la cesión de soberanía, pero en la que, a la vez, se respete, y no se sofoque, la diversidad de modelos económicos y sociales. No lo tendrá fácil, pues la Francia de hoy ha quedado muy por debajo de Alemania.

Publicado en la sección impresa del Diario ELPAIS el 6 de julio de 2012

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Un Tratado y un billón

5 marzo, 2012

Estos son los dos elementos sobre los que en estos momentos descansa el futuro de Europa. Los ritmos de su despliegue son muy reveladores de las asimetrías que dominan hoy la construcción europea pues, como se ha visto, resulta más fácil hoy en día que el Banco Central Europeo movilice un billón de euros en créditos que los Gobiernos puedan acordar y hacer entrar en vigor 16 artículos de un tratado. Sea como sea, el billón ya está en circulación; en cuanto al tratado, las cosas no están tan claras.

Irlanda ya ha anunciado que difícilmente podrá evitar someter ese texto a referéndum. Teniendo en cuenta el expediente ratificador dublinés (dos referendos, dos rechazos, dos crisis), la preocupación está más que justificada. Cierto que en las dos ocasiones anteriores (2001 y 2008), los Gobiernos irlandeses lograron finalmente ratificar los tratados por medio de un segundo referéndum. Y cierto que esta vez se ha puesto la venda antes que la herida para que el tratado pueda entrar en vigor con solo que 12 de los 17 miembros de la eurozona lo ratifiquen. Pero esto no agota ni mucho menos las consideraciones sobre la legitimidad y la eficacia de este proceso ni sobre las consecuencias que se derivarían de un eventual no irlandés.

El objeto de un referéndum es dejar en manos de la ciudadanía la posibilidad de elegir entre varias opciones. Pero para que los ciudadanos de una democracia puedan (auto)determinar su futuro se requiere que todas las opciones sometidas a consulta sean técnicamente posibles, políticamente viables y moralmente aceptables. Y lo que es más importante: que los ciudadanos entiendan y tengan claro de antemano cuales son las consecuencias que para ellos se derivarán de cada una de las opciones que se les someten. Si no se cumplen estas condiciones, un referéndum carece de sentido, que es exactamente lo que viene ocurriendo en la UE, donde los referendos se plantean como medios para la legitimación popular a posteriori de decisiones ya tomadas.

Eso explica por qué es tan difícil escapar a la impresión de que, en el ámbito europeo, los referendos no han venido poniendo en manos de la ciudadanía la capacidad de decisión sobre su futuro, sino que se han convertido en algo parecido a un test de inteligencia diseñado por los Gobiernos donde de lo que se trata es de averiguar la respuesta correcta. Por eso, cuando los electores han votado no, los Gobiernos han reaccionado pulsando el botón rojo (“respuesta incorrecta”) y han vuelto a someter la cuestión a consulta para que los ciudadanos presionen el voto verde (“respuesta correcta”).

Algo parecido podría volver a ocurrir en Irlanda, cuyos ciudadanos ya están siendo advertidos de que un no a este Tratado podría significar su salida del euro. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Irlanda firmó y ratificó el Tratado de Maastricht que estableció la Unión Económica y Monetaria y posteriormente el Tratado de Lisboa, que no incluyen ninguna cláusula sobre una expulsión del euro. Si de lo que se trata es de que Irlanda no tendría acceso a los fondos del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad, u otro tipo de consecuencias, explíquese claramente a los ciudadanos, junto con sus posibles alternativas, pero no se amenace a los ciudadanos con que el ejercicio de su libre albedrío democrático podría llevar al colapso económico de Irlanda o, incluso, al estallido final y ruptura definitiva de la eurozona porque eso significa que no existe una elección entre alternativas y, en consecuencia, es absurdo celebrar un referéndum.

La Unión Europea no es una democracia, sino una demoi-cracia, es decir, está formada por varios demos o pueblos, lo que significa que carece de un sujeto político único que se pueda pronunciar clara e unívocamente sobre su futuro. Por eso, como los acuerdos se adoptan en la esfera supranacional pero los referendos se celebran en el ámbito nacional y de forma desconectada entre sí, los ciudadanos de cada país no solo no se autodeterminan a sí mismos, sino que exportan las consecuencias de sus decisiones a terceros, impidiendo que los demás puedan autodeterminarse.

Planteados así, los referendos son un callejón sin salida: no permiten hacer avanzar a la UE (luego no son eficaces), ni tampoco legitiman democráticamente la construcción europea. Por tanto, cuando son favorables, el resultado se descuenta y se atribuye a la falta de alternativas, mientras que cuando son desfavorables, se convierten en un mecanismo de deslegitimación ya que por la vía de protocolos o negociaciones adicionales se termina logrando que lo que salió por la puerta, vuelva a entrar por la ventana. Por tanto, si de preguntar a la ciudadanía se trata, que se haga como medio de lograr una Europa más eficaz y más democrática, no desde la soberbia ni desde la resignación.

Publicado en elpais internacional, 1 de marzo de 2012

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