Posts Tagged ‘España’

¿Quién da la espalda a quién?

11 junio, 2013

Captura de pantalla 2013-06-11 a la(s) 14.17.15Vemos en la mayoría de las encuestas que se llevan a cabo en Europa que la ciudadanía está dando progresivamente la espalda al proyecto europeo. Pero con esta encuesta de Metroscopia en la mano podemos permitirnos darle la vuelta a la pregunta y formularla en términos inversos. ¿Quién ha dado la espalda a quién? ¿La ciudadanía al proyecto europeo o el proyecto europeo a la ciudadanía?

Porque lo que se refleja en estos datos es la amplitud y solidez del europeísmo de los españoles. Pese a la mala imagen de la UE y a su pobre desempeño político y económico durante esta crisis, un 69% de los españoles siguen sintiéndose europeos en alguna medida, un porcentaje todavía bastante elevado, que demuestra que en España la identidad nacional y la identidad europea siguen constituyendo dos caras de la misma moneda. Igual que en Alemania se decía que “un buen alemán tiene que ser un buen europeo”, en España el europeísmo se ha dado por hecho entre la ciudadanía. Y aunque esa fe esté siendo sometida a tensión, no parece que en lo esencial se haya visto debilitada.

No se trata solo de retórica o de sentimientos vacíos de contenido. Aunque Europa no está funcionando bien, eso no quiere decir que los españoles quieran ir hacia atrás y deshacer lo andado hasta ahora. Al contrario, tres de cada cuatro españoles son partidarios de que la UE tenga un presidente de verdad, elegido en unas elecciones europeas donde los partidos se presenten con listas trasnacionales. También hay una amplia mayoría de personas a favor de que la UE tenga un Gobierno que merezca tal nombre, aunque suponga ceder soberanía. Y aunque la “unión política” sea un concepto demasiado abstracto como para saber exactamente cuál sería su contenido, casi un 60% está a favor de ella. Por tanto, pese a la crisis, “más y mejor Europa” sigue siendo la opción favorita de los españoles.

Esto nos distingue de otros países vecinos, donde las fuerzas políticas euroescépticas o directamente xenófobas campan a sus anchas. Por el momento, en España no parece haber eurofobia, ni entre la ciudadanía ni entre las fuerzas políticas. Los dos grandes partidos (PP y PSOE) siempre han sido parte del consenso europeo. Y lo mismo se puede decir de los nacionalistas catalanes y vascos; tanto CiU, ERC, PNV o UPyD, por diferentes razones y desde intereses y trayectorias distintas, son partidos federalistas que creen que la solución al euro pasa por una mayor integración. Incluso la propia Izquierda Unida, que en otros países de nuestro entorno, desde Grecia a Francia o Portugal, representaría una izquierda algo más radical en temas europeos, nunca ha jugado ese papel euroescéptico ni parece decidida a articular su mensaje electoral en clave antieuropea. Como tampoco tenemos en España partidos de extrema derecha, que combinando nacionalismo y xenofobia suelen nutrir el euroescepticismo en un gran número de países de nuestro entorno (Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Austria), nos encontramos con un panorama atípico en nuestro entorno. El resultado es que carecemos de movilización, ni a favor ni en contra de la UE.

Paradójicamente, esta falta de conflictividad supone, en las circunstancias actuales, una debilidad política adicional. En otros países de nuestro entorno (sea el Reino Unido, Francia, Italia, Grecia o incluso Alemania), los Gobiernos pueden utilizar una opinión pública crítica con Europa como baza negociadora a la hora de exigir cambios. “Yo estoy a favor, pero mi opinión pública no lo aceptaría”, se oye decir en Alemania. En España, sin embargo, tal afirmación no sería creíble. Esa atonía permite dudar de que el europeísmo de los españoles pueda o vaya a ser movilizado. Un porcentaje abrumador de los españoles, lo hemos visto en esta y en otras encuestas de Metroscopia, considera que las políticas europeas están equivocadas. Por la izquierda se rechaza la austeridad y por la derecha, aunque se comparte el objetivo de austeridad, se resiente la falta de políticas orientadas al crecimiento. Pero un porcentaje muy significativo de españoles considera que las elecciones europeas no son el medio de obtener de esos cambios y que, como siempre, se decidirán sobre cuestiones fundamentalmente nacionales. La nota dominante, pues, parece ser el descreimiento y la ausencia de expectativas sobre la capacidad de la UE de reaccionar. La cifra es rotunda y el mensaje claro: un 86% de los españoles quiere que la UE emprenda políticas orientadas al crecimiento. Dicen que los ciudadanos han abandonado el proyecto de integración, pero lo que aquí vemos es que es más bien la UE quien les ha abandonado.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el Domingo 9 de junio de 2013

Europaradolandia

10 mayo, 2013

jobless_in_spain.previewCelebramos ayer el día de Europa bajo dos sombras. La primera es la severísima situación de desempleo, precariedad, estancamiento económico y recortes en el Estado del Bienestar que sufren millones de europeos como consecuencia de la crisis. Las magnitudes son impresionantes: si los 26 millones parados que tiene hoy la UE declararan la independencia, ese hipotético estado, Europaradolandia, sería nada menos que el séptimo miembro de la UE, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España y Polonia.

¿Qué país mejor que España para ilustrar el drama que vive Europa? Hay hoy más españoles en paro que ciudadanos daneses en total (5,5 millones), eslovacos (5,4), finlandeses (5,3), irlandeses (4,5), lituanos (3,3) letones (2,3), eslovenos (2,2) estonios (1,3) o que chipriotas, luxemburgueses y malteses juntos (1,7). Si los 6,2 millones de parados españoles decidieran marcharse de España y fundar su propio Estado, en la UE habría nada menos que 11 países con menor población que esta hipotética “República Independiente del INEM” formada sólo por desempleados españoles. Claro que mientras que todos esos parados españoles carecen de una voz política propia que puedan articular institucional o políticamente, esos 11 Estados de la UE tienen un Comisario, se sientan en el Consejo Europeo y pueden bloquear la reforma de los Tratados.

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Mala sangre

3 mayo, 2013

bad bloodEn inglés, la expresión bad blood se usa para describir el deterioro que en una relación provoca la percepción de que una de las partes está dañando a la otra. El resultado es la animosidad pero, sobre todo, la ruptura en la capacidad de las partes de comunicarse e interactuar cordialmente. Piensen ahora en los retratos de Angela Merkel caracterizada como una nazi en las manifestaciones en Atenas o en las esvásticas que se vieron en las calles con motivo de su visita a Lisboa. O fíjense, en sentido contrario, en la desgraciada portada de Der Spiegel, la prestigiosa revista alemana, con un montaje en el que presenta un campesino típico del sur de Europa subido en un burro cargado de billetes bajo un paraguas europeo acompañado del titular: “La mentira de la pobreza, cómo los países en crisis esconden su riqueza”.

Y no olviden que pese a que el centroizquierda se haya hecho con el Gobierno en Italia, el 55% de los italianos votaron a Beppe Grillo o a Silvio Berlusconi, cuyos discursos electorales fueron furibundamente antialemanes. Como se ha visto en la polémica generada por el documento interno del Partido Socialista francés en el que se acusa a la “intransigencia egoísta” de Alemania de hundir Europa, no hablamos solo de las calles o las portadas de la prensa, sino de la extensión del resentimiento por los pasillos del poder donde se mueve la élite política; mientras Hollande se hunde en las encuestas, dicen en París, Merkel se encamina a su reelección. España tampoco queda al margen: como mostró la tribuna del embajador alemán en este mismo diario el viernes pasado (Desde la profunda amistad),las relaciones de España con Alemania, que en razón de la ausencia de una historia negativa o conflicto bilateral han sido de las mejores existentes en todo el seno de la Unión Europea, se han despeñado por una sima de desconfianza recíproca y percepciones cruzadas sumamente negativas. Mala sangre.

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El precedente kosovar

29 abril, 2013

Kosovo11-2“El Gobierno español, deseoso de contribuir a la paz y prosperidad de los Balcanes, ha decidido reconocer a la República de Kosovo. El Gobierno toma esta decisión de acuerdo con la legalidad internacional y al amparo de la opinión de la Corte Internacional de Justicia, que en julio de 2010 aseguró que la declaración de independencia formulada por Kosovo ‘no violó el derecho internacional, la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni ninguna otra norma aplicable de derecho internacional’. Además de las razones jurídicas, el Gobierno ha tomado nota del hecho de que desde la proclamación de la independencia del Estado kosovar en febrero de 2008 sean ya 98 los estados que han manifestado dicho reconocimiento, entre ellos una mayoría muy significativa de nuestros principales socios y aliados europeos. Es previsible, además, que gracias al acuerdo recientemente alcanzado por las autoridades kosovares y serbias, mediante el cual ambas partes se comprometen a no obstaculizar el reconocimiento y acceso de uno y otro a diversas organizaciones internacionales, entre ellas la propia Unión Europea, el número de Estados que reconozcan a Kosovo siga creciendo con el tiempo. La decisión del Gobierno no sólo se fundamenta en la innegable existencia fáctica y jurídica del Estado kosovar sino que refleja el compromiso de la política exterior del Gobierno con la estabilidad de los Balcanes, que es a su vez un elemento central de la política exterior de la Unión Europea. En ese sentido, el Gobierno se felicita porque el acuerdo recientemente alcanzado por las autoridades kosovares y serbias, que concede un grado sustancial de autonomía a las municipalidades serbias, permitirá normalizar la convivencia entre ambas comunidades y facilitar el cierre de las heridas dejadas por el conflicto que asoló a la antigua Federación Yugoslava. Gracias a la mediación de la Unión Europea y a la perspectiva de adhesión a la UE, kosovares y serbios podrán en un futuro reencontrarse en plenitud de derechos en una Europa plural, abierta, pacífica y democrática. El Gobierno desea aclarar que este reconocimiento no constituye precedente ni puede ser utilizado en otro contexto que el específicamente kosovar. Si algo ofrece España a los españoles y al mundo es un modelo de convivencia democrática y pacífica que garantiza el máximo respeto a la diversidad y a las identidades en un marco caracterizado por un elevadísimo nivel de autogobierno”.

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España, sin política exterior

7 abril, 2013

Fotofamilia4_tn579x385La política exterior de España se encuentra en un estado crítico. Como consecuencia de la crisis, sí, pero también como resultado de las decisiones tomadas en los últimos años. Para justificar esta aseveración no hace falta más que mirar con algo de detenimiento a los tres pilares que conforman la acción exterior de cualquier país: la diplomacia, la defensa y el desarrollo.

En cuanto a la diplomacia, son varios los elementos, estructurales y coyunturales que se conjugan para crear esta situación. El más evidente tiene que ver con la crisis, que ha tenido un profundísimo impacto sobre la capacidad de actuación de España en el plano internacional. España, que siempre luchó por hacerse un hueco entre los grandes de la UE, tiene hoy extremadamente difícil no ya ser influyente sino ni siquiera hacerse oír en Europa, mucho menos fuera de ella.

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Esperando a Draghi

8 febrero, 2013

BlooperMarioEl día 12 comparece en el Congreso de los Diputados Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Lo hace a voluntad propia y con el objetivo de dar a conocer su institución y explicar mejor las medidas que ha venido tomando en los últimos meses. Aunque el gesto le honra, el formato de la comparecencia, sin actas, taquígrafos, ni grabaciones, plantea numerosas dudas desde el punto de vista democrático. ¿Por qué?

Seguro que a estas alturas de la crisis ya se han dado cuenta de que las dos personas más poderosas de España son Angela Merkel y Mario Draghi. La primera tiene en su mano las soluciones políticas, el segundo las soluciones económicas. En manos de la primera está la extensión, calendario y profundidad del proyecto de unión bancaria, tan necesaria para configurar una verdadera unión económica; también lo están los eurobonos o cualquier otro mecanismo de mutualización de deuda, imprescindible para que vayamos a una auténtica unión fiscal; o los pasos hacia una verdadera unión política.

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Déjennos ayudarles

20 enero, 2013

autoayudaEl sistema político de este país está en coma. Aquejado de una profunda crisis de legitimidad a raíz del rosario de escándalos de corrupción y, peor aún, la falta de reacción ante ellos, la política se ha convertido en un problema de primer orden. Tal y como están las cosas, la crisis política no solo tapa la magnitud de una crisis económica de enormes proporciones y de muy difícil salida sino que se está convirtiendo en un obstáculo de primer orden para su superación.

Es obvio pero conviene recordar por qué la desafección con la política que experimenta la ciudadanía es tan importante. Este país se encuentra en un momento existencial desde el punto de vista económico. Para garantizar un mínimo de bienestar y cohesión social a los ciudadanos es imprescindible dar la vuelta del revés tanto a su modelo productivo como a las prácticas y usos culturales asociadas a él. Ello requiere pensar y debatir en profundidad sobre cuestiones tan complejas como el marco de relaciones laborales, el sistema de pensiones, el modelo educativo, la sanidad, el sistema fiscal, la estructura del Estado o el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

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Quiero mi dinero

23 noviembre, 2012

¿Cómo es posible que en plena crisis, cuando todos los Estados están recortando sus gastos y sometiéndose a durísimas medidas de austeridad, la Comisión Europea aparezca con una propuesta de presupuesto para el periodo 2014-2020 que aumenta el gasto de la Unión Europea en nada menos que el 5%? ¿No sería más lógico que, en un contexto de recesión, la UE también se apretara el cinturón, especialmente teniendo en cuenta que los recursos que financian la UE vienen de los propios presupuestos de los Estados miembros, vía contribuciones directas, y de los bolsillos de los ciudadanos, por medio de las contribuciones del IVA? ¿No tendría más sentido congelar o incluso reducir el presupuesto de la UE, que en la actualidad asciende a 943.000 millones de, euros en lugar de subirlo hasta 1,09 billones, como proponía la Comisión?

 

Un razonamiento con el que sería tentador alinearse si no fuera porque coincide exactamente con la línea argumental que está defendiendo el Gobierno de David Cameron, que ha puesto sobre la mesa la exigencia de una congelación del presupuesto en términos reales, lo que según el Tesoro británico significaría bajar el techo de gasto hasta 886.000 millones de euros. Una vez más, Londres saca a relucir su genio diplomático, mostrando ser uno de los países que mejor ha entendido que en la Unión Europea negociar es argumentar y argumentar negociar.

 

Reforzando la posición negociadora de Cameron están los ultra-escépticos como el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el líder del partido por la independencia del Reino Unido, Nigel Farage, dos políticos populistas, de trazo grueso y vuelo rasante cuyas carreras políticas parecen estar dedicadas exclusivamente a desmentir ante el mundo que los británicos son unos caballeros educados y pragmáticos amantes del fair-play. Escuchando a Cameron decir que una de sus cifras favoritas sobre la UE es que el 16% de sus funcionarios ganan más de 100.000 euros al año, parece que Johnson y Farage serán aplacados con algún sacrificio ritual que afecte a los 55.000 funcionarios de las instituciones europeas, que verán sus salarios y beneficios laborales reducidos en consonancia con los recortes que los Estados están imponiendo en casa.

 

Pero no son los histrionismos de Johnson y Farage los que deben preocupar a los países de la cohesión como Polonia, uno de los grandes beneficiarios del presupuesto, o España, que se arriesga a perder 20.000 millones de euros de un presupuesto que ya era sumamente negativo para España en razón de la disminución de los pagos agrícolas, que caen un 13.4%, y en concepto de fondos estructurales y de cohesión territorial, que disminuyen en un 12.7%. El problema es que España y otros se enfrentan a una doble penalización: sufrirán por culpa de unas políticas de austeridad exageradas y contraproducentes y, además, por la ausencia de las únicas medidas de estímulo que la economía europea podía esperar, que eran las provenientes de un presupuesto europeo ya de por sí raquítico (pues apenas representa el 1% del tamaño total de la economía europea).

 

Agazapados detrás de los británicos están los alemanes, los holandeses, los austriacos y los suecos, que no ven con malos ojos recortar las políticas de solidaridad. Berlín es víctima desde hace tiempo de esa mal llamada “fatiga del donante”. Pagó la factura de la ampliación mediterránea en los años ochenta, luego la de su propia unificación en los noventa y más tarde asumió gran parte del coste de la ampliación al Este. Pero cuando pensó que el ciclo había terminado se ha encontrado con que vuelve a financiar la rehabilitación del Sur vía las garantías y avales que hacen viables los paquetes de rescate a Grecia, Portugal y España (también a Irlanda).

 

Disfrazados de “amigos de un mejor gasto”, estos países ya han logrado que la presidencia chipriota rebaje la propuesta de la Comisión en 53.000 millones, a lo que Van Rompuy ha añadido otro recorte de 27.000 millones para desesperación de España, que ve las ayudas para Andalucía, Castilla La Mancha y Galicia reducirse sustancialmente. No es de extrañar que las tensiones se hayan disparado: de seguir así, el presupuesto para 2013 estará por debajo del de 2012, lo que resulta inaceptable para un grupo de países, España entre ellos, que consideraban que lo último que necesita la economía europea es otro recorte, esta vez por arriba, en las cuentas europeas. Así es la Unión Europea en la que vivimos: todo el mundo mira por lo suyo y nadie por lo de todos.

 Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 23 de noviembre de 2012

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El debate sobre Cataluña: qué cambiar, qué mantener

21 noviembre, 2012

Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) con el fin de asegurar nuestra supervivencia económica. No hay pues ninguna razón para que no podemos hacerlo para asegurar nuestra supervivencia política.

Todo esto viene al caso del debate abierto en torno a la posible realización de una consulta independentista en Cataluña. Pues al igual que el fin no justifica los medios y en modo alguno se debería aceptar que la legalidad constitucional fuera violentada unilateralmente, también es cierto que considerar materialmente imposibles fines como la secesión cualesquiera que sean los procedimientos que se utilicen para llegar a ellos carece igualmente de sentido y constituye un elemento deslegitimador del sistema político.

No dejaría de resultar paradójico que un país como España, que ha llevado a cabo un proceso de transición considerado generalmente modélico en cuanto a su capacidad de invertir de forma pacífica un marco político autoritario y trocarlo en democrático sin llevar a cabo una ruptura desde el punto de vista legal, se encontrara ahora en una situación en la que su rigidez constitucional le abocara a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico-legal (la Constitución) y un nuevo marco político que, de forma pacífica y mayoritaria, abogara desde Cataluña por realizar una consulta en torno a la independencia. Porque esa es la situación que se viene configurando en los últimos meses, el de un escenario en el que se enfrentaran dos legitimidades, la formal-constitucional, que prohíbe tanto los referendos unilaterales como la secesión de una parte del territorio, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento mayoritario de los representantes electos o, posteriormente, de una mayoría relevante de la población catalana.

Desactivar el choque de trenes entre esas dos legitimidades es imperativo pues de ese choque nadie saldrá ganando, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en Europa. Volvamos pues la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro en la España de los años setenta ya que sigue siendo un buen modelo para resolver los problemas del futuro. Si los constituyentes de 1978 dotaron a España de una Constitución sumamente rígida fue más por miedo a una involución democrática y por la necesidad de preservar los delicados equilibrios políticos, sociales y territoriales en los que se asentó la transición que por un desprecio de la flexibilidad y el reformismo, que está en su código genético. Claramente, las mejores décadas de nuestra historia han venido de la mano de un reformismo continuado y de la construcción de puentes entre ideologías y territorios, no de la ruptura. España es una sociedad plural y a la vez plurinacional, donde como demuestran reiteradamente los procesos electorales celebrados en Cataluña y el País Vasco, el juego político es un tira y afloja entre minorías que son lo suficientemente amplias como para tener que ser incluidas o, por lo menos, no marginadas, y mayorías que normalmente son demasiado exiguas y transitorias como para gobernar de forma hegemónica o cambiar unilateralmente el marco jurídico-político. Pese a las transformaciones cruciales que ha experimentado España en estos últimos treinta años, esa doble pluralidad sigue estando ahí y ejerciendo un papel moderador. No mostrar ahora la flexibilidad y la voluntad de diálogo y compromiso que se mostró entonces sería una traición a ese espíritu que animó el retorno de la democracia a España.

Como muestran los casos de Quebec o Escocia, que nada obligue a un estado a tomar en cuenta las aspiraciones secesionistas de un territorio (pues ni en el derecho internacional existe, más allá de los casos de descolonización, un derecho a la autodeterminación ni es preceptivo que una constitución democrática incluya el derecho a la secesión), no significa que una comunidad política pueda soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad de una parte de la población de separarse del Estado, si esta existiere, y de hacerlo mediante un proceso democrático. Como ha señalado la doctrina canadiense, y como ha quedado de manifiesto en el caso escocés, resulta muy difícil tanto negar indefinidamente la posibilidad de realizar un referéndum soberanista como negarse a considerar las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético sí a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión.

A fecha de hoy, los catalanes son ciudadanos de una democracia occidental que, a su vez, es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa por lo que automáticamente gozan del máximo nivel y protección de derechos políticos, económicos y sociales existentes en el mundo. Es pues a los independentistas a los que corresponde valorar cuál sería el coste de una secesión unilateral y no pactada que no fuera acompañada de un acuerdo con un Estado, el español, que es miembro de la UE. Por eso, aunque para cualquier gobierno español, hacer de un bloqueo de la adhesión de una Cataluña independiente una cuestión de principio o blandir este como amenaza no es una posición razonable, tampoco le puede ser exigible que se pliegue sin más a convalidar internacionalmente una secesión no pactada constitucionalmente. Pero al igual que el fin no justifica los medios ni los partidarios de la independencia pueden pretender sin más saltarse el marco legal existente, una comunidad debe disponer de medios con los que resolver conflictos acerca de los fines últimos de su pacto social. Por eso, mientras que los sentimientos de identidad y pertenencia a la nación son inconmensurables y no pueden negociarse ni dividirse, los procedimientos sí que lo son.

Las próximas elecciones catalanas confirmarán hasta qué punto los ciudadanos de esa comunidad validan con su voto la idea de recorrer el camino hasta la independencia mediante una consulta soberanista. Aceptar esa consulta, aún a riesgo de perderla, es mejor que rechazar de plano su mera posibilidad. Ello no sólo invalidaría la estrategia victimista y deslegitimadora de la que hacen gala muchos independentistas, sino que permitiría al Gobierno recuperar la iniciativa, tanto en lo referido a las negociaciones de los aspectos sustantivos (Estatuto, concierto fiscal etc.) como en lo referido a los procedimientos pues el Estado, una vez aceptada la consulta, sí que tendría toda la legitimidad, vía las Cortes Generales, para decidir acerca de los plazos y, sobre todo, la formulación de la pregunta o preguntas y, a posteriori, la gestión de sus consecuencias legales o constitucionales.

Por eso, al igual que el Estado no puede rechazar indefinidamente la celebración de una consulta soberanista, siquiera como posibilidad, tampoco debería aceptarla sin más. Esa consulta tendría que estar situada dentro de un proceso, una “hoja de ruta” donde, idealmente, esta se produjera solo al final, como instrumento ratificador de un acuerdo o, eventualmente, de un fracaso. Eso abriría la oportunidad de comenzar a pensar en cómo podrían los partidarios de la unidad ganar esa consulta, cuestión a la que entre prohibiciones, amenazas y descalificaciones, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública parecen haber dedicado mucho tiempo. Porque si resulta que en su fuero íntimo, el Gobierno, la oposición y la mayoría de la sociedad española están convencidos de que no disponen de argumento de peso u oferta política o económica alguna que pudiera inclinar la balanza del lado de la permanencia en España en caso de una eventual consulta, entonces el escenario al que nos enfrentamos es mucho peor de lo que imaginamos ya que, ciertamente, iríamos a ese choque de trenes entre las dos legitimidades. Por ello, más que negarse a una consulta, Gobierno y oposición deberían plantearse cómo construir una opción de permanencia en España que fuera atractiva para una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña y que, en tanto en cuanto resolviera los mismos problemas a un coste menor y con un beneficio mayor, permitiera acreditar y ameritar la permanencia como una opción de mayor valor que la secesión.

Este artículo se publicó en la sección impresa del Diario ELPAIS el 21 de noviembre de 2012

1960 peldaños

2 noviembre, 2012


Eso son los peldaños que tiene que superar un Estado que quiera ser miembro de la Unión Europea. El cálculo lo hizo el sociólogo serbio Iván Kuzminovic para así poder mejor explicar a sus conciudadanos en qué consistía la adhesión a la UE. Esos 1.960 escalones (en realidad son más) son lo que en la jerga politológica llamamos “puntos de veto”, es decir, las instancias en las que un actor tiene el derecho de bloquear la adopción de una decisión. ¿Por qué tantos?¿De dónde sale esa cifra? La adhesión a la UE requiere la conclusión de un Tratado internacional. Como los signatarios del Tratado son Estados, cada uno de ellos tiene que prestar su consentimiento, según los procedimientos constitucionales al uso en cada país. Eso implica, normalmente, como mínimo, al Gobierno de cada país y a su Parlamento, aunque también puede incluir a las cámaras altas de los Estados con legislativos bicamerales. No hay que descartar que en algunos países pudiera celebrarse un referéndum si la adhesión de un nuevo Estado fuera controvertida. Ese ha sido el caso de Eslovenia, donde el Gobierno decidió someter a consulta el acuerdo alcanzado con Zagreb respecto a la demarcación de las fronteras de ambos países antes de proceder a ratificar el Tratado de Adhesión, lo que en la práctica se convirtió en un plebiscito sobre la adhesión de Croacia (plebiscito que, por cierto, se ganó por un muy estrecho margen, 51.%). Y es también el caso de Turquía, ya que varios partidos políticos franceses han prometido someter a consulta popular una eventual adhesión de ese país. Por tanto, incluso simplificando, la ratificación de un futuro Tratado de adhesión implicará, a partir de la adhesión de Croacia el año que viene, superar 57 puntos de veto (28 gobiernos, 28 parlamentos nacionales además del Parlamento Europeo).

Pero antes de llegar allí sería necesario negociar y concluir satisfactoriamente los 35 capítulos en los que se divide una negociación de adhesión. Cada uno de ellos abarca un área de la política europea, desde la libre circulación de mercancías a la unión aduanera, la política medioambiental, la política exterior y de seguridad o los derechos de las minorías. En todos ellos, los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión Europea, verifican que los candidatos alineen su legislación a la comunitaria lo más rápido posible. La negociación de cada uno de esos capítulos funciona como una conferencia intergubernamental entre los Estados miembros y el candidato, y la apertura y cierre de cada capítulo se hace por unanimidad a propuesta de la Comisión Europea. Hablamos pues de 980 puntos de veto por dos, es decir, los 1.960 peldaños a los que se refería Kuzminovic. No todos los capítulos son igualmente problemáticos, pero la lógica de negociación es la misma: en cada uno de ellos, los Estados verifican que el candidato esté en condiciones de aplicar toda la legislación comunitaria que, recuérdese, tiene primacía y efecto directo sobre el derecho nacional. Como todos los candidatos han experimentado, el proceso no es fácil: Turquía, que, sin duda, es el caso más difícil, comenzó las negociaciones en 2005 pero solamente ha logrado abrir 13 capítulos y cerrar uno. Otros, como Croacia, han necesitado seis años de negociaciones para completar el proceso, a los que hay que sumar los dos transcurridos desde que hizo la solicitud formal de adhesión y los dos necesarios para las ratificaciones, es decir, 10 años en total. Además, todos los miembros aprovechan las negociaciones para renegociar asuntos bilaterales pendientes o flecos de sus propios Tratados de Adhesión: Grecia lo hizo a costa de España, España a costa de los nórdicos, Italia a costa de Eslovenia y Eslovenia a costa de Croacia, lo que introduce dificultades añadidas y tensiones de primer orden.

Claro que antes de llegar a las negociaciones es necesario un acuerdo político entre los Estados miembros para abrir dichas negociaciones, lo que suma otros 28 puntos de veto. Y antes de comenzar las negociaciones es necesario haber logrado la llamada “opinión favorable”, o certificación de que se cumplen todos los criterios para la adhesión, lo que requiere el dictamen conforme de la Comisión Europea, la aprobación del Parlamento Europeo por mayoría absoluta y la unanimidad de los Estados miembros, lo que suma otros tantos 30 puntos de veto. Pero para llegar ahí es necesario haber logrado antes el estatuto de candidato a la adhesión, algo así como un certificado de elegibilidad donde la UE confirma que el país en cuestión podrá solicitar la adhesión, lo que de nuevo requiere unanimidad, es decir, otros 28 puntos de veto. En total: 2.103 escalones. Como señalaba el propio Kuzminovic, comparado con la adhesión a la UE, la ascensión al templo de la sabiduría en Birmania, el Monte Popa u hogar de los espíritus, solamente requiere completar 777 escalones.

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