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¿Quién gobierna en Europa?

30 mayo, 2014

?????????????????????????????????????????????????????????????????“¿Quién gobierna?” es la pregunta central de la que arranca la reflexión politológica. “Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública”, dijo en el 431 a.C. un Pericles orgulloso. A lo que se sumó Lincoln en 1863 con su clásica definición de la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, todavía hoy vigente en el artículo 2 de la Constitución francesa. La respuesta en ambos casos es la misma: nosotros nos gobernamos.

Aplicada a Europa, esa pregunta sobre la democracia no tiene una respuesta clara. ¿Quiénes somos nosotros?, es decir, ¿dónde esta el pueblo (demos)? Y quién nos gobierna?, es decir, ¿dónde está el poder (cratos)? ¿Gobierna la Comisión? ¿el Consejo? ¿Alemania? ¿la Troika? ¿el Banco Central Europeo? ¿los mercados? El problema no es sólo la respuesta, sino la pregunta. Porque si en una democracia la pregunta de quién gobierna no tiene una respuesta clara, no se puede hacer responsable a quien gobierna de los errores cometidos, ni controlar sus acciones, ni implicarse en la elección de representantes democráticos, ni confiar en la separación de poderes, ni articular la opinión pública o crear espacios para la deliberación.

El sentido último de las elecciones es elegir a los que gobernarán y legislarán en nuestro nombre. Nuestro voto, expresión última de la soberanía de una nación y de la igualdad entre sus ciudadanos, tiene una doble función: premiar o castigar a los que nos han gobernado y designar a los que nos gobernarán, señalándoles cómo queremos que nos gobiernen. Ello requiere que existan alternativas, y que los que gobiernen puedan llevarlas a cabo. Pero si como hemos experimentado y experimentamos de forma creciente en los últimos años, las alternativas no existen, se difuminan o simplemente son inviables, entonces la democracia se vacía de significado. Echar a los malos gobernantes está bien, es el gran avance histórico que ha supuesto la democracia. Pero lograr que se gobierne al servicio de la mayoría es lo que da el sentido último.

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Bota Europa

25 abril, 2014

botarSí, han leído bien. Bota con b. Con v no se puede, porque violaría la ley electoral. Es España un curioso país donde debido a una interpretación de la ley electoral tan restrictiva como absurda por parte de la Junta Electoral Central, los poderes públicos no pueden instar a los electores a la participación, sólo informar de la fecha y procedimiento de votación. Dicho de una forma más clara: la abstención aparece en nuestra legislación como un bien jurídico que debe ser protegido en las mismas condiciones que la participación; fomentar esta supondría “orientar el voto de los electores”, algo que el artículo 50.1 de la ley electoral (LOREG) prohíbe.

Esta prohibición, que sólo afecta a España, no así a los otros 27 miembros de la Unión, da lugar a situaciones ridículas. Como la campaña institucional del Parlamento Europeo es única para toda la UE, resulta que a su paso por los Pirineos, toda la cartelería, logos, folletos, cuñas de radio y videos tienen que ser expurgados de cualquier peligrosa incitación al voto, como en tiempos con la pornografía. El censor español tiene entonces que irse al programa de edición de imágenes de turno y quitar esa bonita urna azul que alguien había puesto en la pegatina, editar el cartel para quitar la palabra Vota o recortar el video para que no salga nadie introduciendo una papeleta en una urna.

Más allá de las incomodidades prácticas que esta limitación genera, su calificación desde el punto de vista político no puede ser otra que la del disparate. Puede que esta sea una afirmación polémica en un momento de máxima desafección, seguramente justificada, con la política, pero no cabe duda de que un sistema democrático será más representativo de la ciudadanía cuanto más elevada sea la participación. Votar no es lo mismo que no votar. Prueba de ello es que en algunos países de nuestro entorno (Bélgica, Chipre, Grecia, Italia y Luxemburgo) pervive la obligatoriedad del voto, que incluye sanciones que van desde los 25 euros de los belgas a los 200 de los chipriotas o a los 1.000 para los luxemburgueses reincidentes. Cosa bien distinta es que dichas sanciones sean excepcionales o que, típicamente, como es el caso de Italia, no estén previstas, pero la Constitución italiana establece en su artículo 48 que votar es un deber cívico, porque eso es lo que es. Sin ir tan lejos, parece evidente que dada una oferta razonable de opciones electorales, a las que se puede sumar, como voto de castigo o protesta, el voto deliberadamente nulo o el voto blanco, cuesta entender que participación y abstención puedan ser equiparados.

Además, en el caso de las elecciones europeas se utiliza un sistema proporcional y, en casi todos los países, con un distrito único, lo que permite lograr representación a partidos que en otras circunstancias no suelen obtenerla. Para colmo, en estas elecciones europeas, no sólo existe una oferta más que suficiente de partidos críticos con la Unión Europea sino un auge más que previsible de partidos euroescépticos o, directamente, eurófobos. Curiosamente, si adoptamos la acepción más común en América Latina del verbo botar, el título de esta columna sería un buen eslogan de campaña para ellos.

Publicada en la edición impresa del Diario ELPAIS el viernes 11 de abril de 2014

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Los eurófobos ya han ganado

8 diciembre, 2013

eumigrationukip

¿Se puede perder unas elecciones antes de que se hayan convocado? Ese parece ser el empeño tanto del primer ministro británico David Cameron como del presidente francés, François Hollande, ante las próximas elecciones europeas. Asediados en las encuestas por los euroescépticos, el primero por el UKIP de Nigel Farage y el segundo por el Frente Nacional de Marine Le Pen, parecen haber decidido asumir sus demandas xenófobas.

Los europeístas, que normalmente jugamos de azul, ya nos pusimos colorados con el silencio cómplice de Hollande ante la decisión de su ministro del Interior de deportar a Kosovo a Leonarda Dibrani, la adolescente romaní que llenó las portadas de los periódicos el pasado mes de octubre. El ensañamiento del ministro Valls con una persona que, como mujer, romaní e inmigrante se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, nos provocó entonces repugnancia. Como también lo hace el hecho de que el Gobierno francés rechace, de nuevo por concesión a la derecha populista, la entrada de Bulgaria y Rumanía en el régimen de supresión de fronteras cuando la Comisión Europea, que es quien tiene que hacerlo, ya ha certificado la idoneidad de estos países para incorporarse al espacio Schengen.

Ahora escuchamos abochornados a David Cameron mostrar en público su extrema preocupación por el hecho de que a partir de enero de 2014 rumanos y búlgaros vayan a poder trabajar libremente en el Reino Unido. Sin asomo de sonrojo, Cameron dibuja a los inmigrantes como aprovechados que quieren explotar el sistema de bienestar británico, promete deportar a aquellos que mendiguen y, por si quedaran pocas dudas del electoralismo de su discurso, culpa a los laboristas de no haber tomado medidas para evitar que el Reino Unido se llenara de caraduras incapaces de salir adelante por sí mismos. A lomos de esa preocupación anuncia, por un lado, que restringirá el acceso de los ciudadanos provenientes de estos países a todo tipo de ayudas laborales, sociales o de vivienda y, por otro, que promoverá, junto con otros países de la UE (Austria, Alemania y los Países Bajos), límites al derecho de establecimiento en terceros países.

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¿Quién da la espalda a quién?

11 junio, 2013

Captura de pantalla 2013-06-11 a la(s) 14.17.15Vemos en la mayoría de las encuestas que se llevan a cabo en Europa que la ciudadanía está dando progresivamente la espalda al proyecto europeo. Pero con esta encuesta de Metroscopia en la mano podemos permitirnos darle la vuelta a la pregunta y formularla en términos inversos. ¿Quién ha dado la espalda a quién? ¿La ciudadanía al proyecto europeo o el proyecto europeo a la ciudadanía?

Porque lo que se refleja en estos datos es la amplitud y solidez del europeísmo de los españoles. Pese a la mala imagen de la UE y a su pobre desempeño político y económico durante esta crisis, un 69% de los españoles siguen sintiéndose europeos en alguna medida, un porcentaje todavía bastante elevado, que demuestra que en España la identidad nacional y la identidad europea siguen constituyendo dos caras de la misma moneda. Igual que en Alemania se decía que “un buen alemán tiene que ser un buen europeo”, en España el europeísmo se ha dado por hecho entre la ciudadanía. Y aunque esa fe esté siendo sometida a tensión, no parece que en lo esencial se haya visto debilitada.

No se trata solo de retórica o de sentimientos vacíos de contenido. Aunque Europa no está funcionando bien, eso no quiere decir que los españoles quieran ir hacia atrás y deshacer lo andado hasta ahora. Al contrario, tres de cada cuatro españoles son partidarios de que la UE tenga un presidente de verdad, elegido en unas elecciones europeas donde los partidos se presenten con listas trasnacionales. También hay una amplia mayoría de personas a favor de que la UE tenga un Gobierno que merezca tal nombre, aunque suponga ceder soberanía. Y aunque la “unión política” sea un concepto demasiado abstracto como para saber exactamente cuál sería su contenido, casi un 60% está a favor de ella. Por tanto, pese a la crisis, “más y mejor Europa” sigue siendo la opción favorita de los españoles.

Esto nos distingue de otros países vecinos, donde las fuerzas políticas euroescépticas o directamente xenófobas campan a sus anchas. Por el momento, en España no parece haber eurofobia, ni entre la ciudadanía ni entre las fuerzas políticas. Los dos grandes partidos (PP y PSOE) siempre han sido parte del consenso europeo. Y lo mismo se puede decir de los nacionalistas catalanes y vascos; tanto CiU, ERC, PNV o UPyD, por diferentes razones y desde intereses y trayectorias distintas, son partidos federalistas que creen que la solución al euro pasa por una mayor integración. Incluso la propia Izquierda Unida, que en otros países de nuestro entorno, desde Grecia a Francia o Portugal, representaría una izquierda algo más radical en temas europeos, nunca ha jugado ese papel euroescéptico ni parece decidida a articular su mensaje electoral en clave antieuropea. Como tampoco tenemos en España partidos de extrema derecha, que combinando nacionalismo y xenofobia suelen nutrir el euroescepticismo en un gran número de países de nuestro entorno (Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Austria), nos encontramos con un panorama atípico en nuestro entorno. El resultado es que carecemos de movilización, ni a favor ni en contra de la UE.

Paradójicamente, esta falta de conflictividad supone, en las circunstancias actuales, una debilidad política adicional. En otros países de nuestro entorno (sea el Reino Unido, Francia, Italia, Grecia o incluso Alemania), los Gobiernos pueden utilizar una opinión pública crítica con Europa como baza negociadora a la hora de exigir cambios. “Yo estoy a favor, pero mi opinión pública no lo aceptaría”, se oye decir en Alemania. En España, sin embargo, tal afirmación no sería creíble. Esa atonía permite dudar de que el europeísmo de los españoles pueda o vaya a ser movilizado. Un porcentaje abrumador de los españoles, lo hemos visto en esta y en otras encuestas de Metroscopia, considera que las políticas europeas están equivocadas. Por la izquierda se rechaza la austeridad y por la derecha, aunque se comparte el objetivo de austeridad, se resiente la falta de políticas orientadas al crecimiento. Pero un porcentaje muy significativo de españoles considera que las elecciones europeas no son el medio de obtener de esos cambios y que, como siempre, se decidirán sobre cuestiones fundamentalmente nacionales. La nota dominante, pues, parece ser el descreimiento y la ausencia de expectativas sobre la capacidad de la UE de reaccionar. La cifra es rotunda y el mensaje claro: un 86% de los españoles quiere que la UE emprenda políticas orientadas al crecimiento. Dicen que los ciudadanos han abandonado el proyecto de integración, pero lo que aquí vemos es que es más bien la UE quien les ha abandonado.

Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el Domingo 9 de junio de 2013