Posts Tagged ‘democracia’

Legislador Rehn

19 abril, 2013

23-rehn_28021_1Perplejidad. Eso es lo que transmite la pugna acerca de la austeridad que sostienen la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El debate es tan extremadamente técnico como profundamente político. En esencia, se trata de averiguar cuánto se reduce el PIB de un país con cada punto de recorte fiscal. Puede parecer algo complejo pero no lo es tanto: en función del valor del llamado “multiplicador fiscal”, los recortes pueden salvar una economía o hundirla.

Los blogs nacionales e internacionales donde los economistas debaten de estos asuntos bullen con análisis y contraanálisis donde se defienden o atacan las políticas de austeridad que está siguiendo la UE. El problema no es solo que la discusión que mantienen en torno a los multiplicadores fiscales haya alcanzado unos niveles de complejidad que ya quisiera la escolástica para sí misma. La cuestión es que, aunque sobre el papel, las recetas y los trabajos de estos economistas tengan una presentación impecable, con sus correspondientes gráficos, tablas estudios de caso y fórmulas estadísticas, lo que uno ve cuando uno se asoma a la cocina es un debate muy virulento en el que a menudo se cruzan gruesas acusaciones sobre incompetencia, manipulación de datos o sesgos ideológicos.

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Papado, Reinado, Partido

22 febrero, 2013

Spain's leader of the opposition party PUsted, yo, todos somos víctimas de algún diseño institucional. Los ingenieros construyen caminos, puentes, presas; los politólogos estudiamos las instituciones políticas e intentamos entender en qué fallan. Décadas de investigación politológica han llegado a una conclusión aparentemente trivial pero insoslayable: las instituciones importan, y mucho. Son como la levadura: sin ellas el poder no puede producir resultados y los políticos no pueden hacer política.

Pero las mismas décadas de estudio sobre las instituciones nos han llevado a constatar que las instituciones no solo son un medio, una solución, sino que a menudo se convierten en un problema de primer orden. El más frecuente es que tienden a adquirir vida propia. Esto puede deberse a varias razones: unas veces son capturadas por grupos que desde fuera quieren impedir que realicen su tarea o aspiran a orientarlas en un sentido favorable a sus intereses, pero otras lo son por sus propios responsables, que terminan sirviéndose de ellas en lugar de, como tienen encomendado, servirlas a ellas. El resultado es que muchas de ellas dejan de ser efectivas, se anquilosan y se convierten, en el mejor de los casos, en una camarilla que impide la consecución de los fines de la organización; en el peor, en una mafia que delinque bajo la cobertura formal que la organización le presta.

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Esperando a Draghi

8 febrero, 2013

BlooperMarioEl día 12 comparece en el Congreso de los Diputados Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE). Lo hace a voluntad propia y con el objetivo de dar a conocer su institución y explicar mejor las medidas que ha venido tomando en los últimos meses. Aunque el gesto le honra, el formato de la comparecencia, sin actas, taquígrafos, ni grabaciones, plantea numerosas dudas desde el punto de vista democrático. ¿Por qué?

Seguro que a estas alturas de la crisis ya se han dado cuenta de que las dos personas más poderosas de España son Angela Merkel y Mario Draghi. La primera tiene en su mano las soluciones políticas, el segundo las soluciones económicas. En manos de la primera está la extensión, calendario y profundidad del proyecto de unión bancaria, tan necesaria para configurar una verdadera unión económica; también lo están los eurobonos o cualquier otro mecanismo de mutualización de deuda, imprescindible para que vayamos a una auténtica unión fiscal; o los pasos hacia una verdadera unión política.

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Mao, el mal y el mercdo

2 diciembre, 2012

PCChTres “m” que reflejan el debate que está teniendo lugar en estos momentos entre los intelectuales chinos y que podría resumirse en una pregunta muy sencilla, pero de gran calado: ¿quién ha hecho más daño a China: Mao o el mercado?

A un lado está la nueva izquierda, que critica las inmensas desigualdades y la injusticia social en la que han derivado las reformas económicas emprendidas por Deng Xiaoping en 1978. Sí, dicen, China ha sacado a tantos millones de personas de la pobreza que si no fuera por ella, la pobreza en el mundo habría aumentado en lugar de disminuido. Pero lo ha logrado a costa de unos índices de desigualdad que no solo superan a EE UU, sino que hacen que en realidad China se parezca más a Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí? Por la fractura social existente entre unas clases tan privilegiadas como corruptas y los millones de chinos que viven como inmigrantes extranjeros en su propio país.

Al otro lado está la nueva derecha, que considera el Estado un ente confiscatorio de la propiedad privada que impide la libertad económica y el crecimiento. Desde su punto de vista, los males actuales de China se originan en la timidez de las reformas económicas, la tibieza con la que los líderes salientes han aplicado la liberalización económica y la resistencia a abrazar por completo la lógica de mercado. Según ellos, un poderoso lobby formado por funcionarios públicos, cuadros locales del Partido Comunista Chino (PCCh) y empresarios privados habría logrado capturar las estructuras estatales, enquistarse en el centro del sistema, enriquecerse a costa de la corrupción y bloquear satisfactoriamente las reformas económicas que les harían perder sus privilegios y sus fortunas.

Es sobre el trasfondo de esos debates sobre los que adquiere sentido la purga de Bo Xilai, el recientemente defenestrado líder del PCCh en Chongqing y aspirante (frustrado) al Comité Permanente del partido. Porque si el asunto que llevó a la expulsión de Bo Xilai del PCCh era personal (la implicación de su mujer en el asesinato de un súbdito británico por desavenencias), las referencias críticas que con motivo de esa expulsión se hicieron a Mao y la colectivización desbordan las motivaciones personales y apuntan al deseo de la nueva derecha y el lobby empresarial de poner en cuarentena las políticas sociales que Bo desarrolló en Chongqing. Estas políticas, articuladas en torno a la regulación de la propiedad de la tierra y los permisos de residencia para los inmigrantes, han frenado los abusos de los funcionarios locales, los cuadros del partido, los promotores urbanísticos y los empresarios, que en otras partes de China son omnipotentes a la hora de confiscar tierras, entregar suelo público a empresarios afines al partido y negar servicios sociales básicos a los trabajadores provenientes de las zonas rurales. Hasta qué punto la caída en desgracia de Bo significará la marginación del experimento llevado a cabo en Chongqing a favor de otros modelos, es difícil de decir. Para la nueva derecha, el modelo a seguir es el de Guangdong, basado en la liberalización de la economía y el aumento de las exportaciones. Aunque genere desigualdades sociales, los liberales piensan que estas pueden ser corregidas a posteriori con políticas redistributivas, siempre que estas no obstaculicen el crecimiento.

Lo relevante de este debate es la constatación de que al menos en un sector de la élite china existen preocupaciones que podemos compartir y debates en los que podemos participar desde nuestra experiencia. ¿Cuánto y cómo crecer? ¿Cómo corregir las desigualdades asociadas a la liberalización económica? ¿Qué grado de cohesión social es necesario para hacer funcionar correctamente una economía de mercado y, también, un sistema político (aunque sea autoritario)? Frente a los que sostienen que China es diferente y que no podemos entenderla con nuestras categorías, estos debates nos muestran que compartimos mucho más de lo que pensamos. Ni nosotros ni los chinos tenemos las respuestas, pero constatar que tenemos preguntas y preocupaciones parecidas es un primer y muy importante paso. En nuestra experiencia histórica, la democracia surge como resultado de la aceptación del mercado por parte de la izquierda como un mal menor y del Estado de bienestar por parte de la derecha como otro mal menor. Paradójicamente, es esta suma de dos males menores la que convierte a la democracia en un bien mayor. Ojalá China también descubra que la democracia puede ser el punto de equilibrio entre aquellos que recelan del Estado y los que sospechan del mercado.

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Publicado en la edición impresa del diario ELPAIS el 30 de noviembre de 2012

Después de la batalla

9 noviembre, 2012

La reelección de Barack Obama es una batalla más en la larga guerra que izquierda y derecha vienen librando desde hace tres décadas en torno al papel del Estado. Por su extensión temporal y geográfica, así como por su intensidad e impacto, nos recuerda a la guerra de los Treinta años que se libró en el continente europeo entre 1618 y 1648. Entonces, el conflicto se organizaba en torno a tres elementos clave del poder: el territorio, la religión y las sucesiones dinásticas. Hoy, como corresponde a sociedades democráticas y secularizadas con economías abiertas, la batalla se libra en torno a elementos algo más posmodernos: los límites del Estado y el mercado, la tensión entre libertad e igualdad y la fijación de fronteras, no entre territorios, sino entre clases sociales.

Esta seudoguerra de los Treinta años, en la analogía trazada por Bill Clinton para describir la virulencia que el conflicto llega a alcanzar en Estados Unidos, se inició con las victorias de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el Reino Unido y Estados Unidos, en 1979 y 1980, respectivamente. Esas victorias significaron un punto de inflexión en la conceptualización del papel del Estado. Si hasta entonces tanto los conservadores estadounidenses como los democristianos europeos compaginaban sin excesivos problemas su preferencia por una economía de mercado abierta con la existencia de un Estado capaz de proveer seguridad y cohesión social, a partir de ese momento, una parte importante de la derecha, que había desarrollado una importante animosidad hacia el Estado, al que culpaba de la crisis económica de los setenta, situó a este en su punto de mira.

Esa ojeriza hacia lo estatal se justificó desde un doble argumento: el de la eficacia económica, pues se veía al Estado como un obstáculo para el crecimiento, no como un facilitador; y el de la legitimidad política, pues se concebía al Estado como un intruso en la esfera de derechos individuales, no como un garante de dichos derechos. De ahí el intento constante de empequeñecer el Estado y sus estructuras de redistribución de renta y oportunidades.

Paradójicamente, la animadversión de la derecha hacia el Estado coincidió con el descubrimiento por la izquierda del mercado como instrumento creador de oportunidades de progreso social. Por tanto, mientras que las fuerzas progresistas (esto es, demócratas en EE UU y socialdemócratas en el continente) llegaban a un equilibrio entre Estado y mercado, asignando al Estado el papel de redistribuir, pero no el de producir, y al mercado el de proporcionar crecimiento, pero atajando su tendencia a la inequidad, las fuerzas conservadores (republicanos en EE UU y liberales en Europa) se dedicaban a reducir el tamaño del Estado, limitar su papel redistributivo y desatender las políticas sociales en la creencia, repetida una y otra vez, de que la creación de empleo era la mejor, incluso única, vía para lograr una sociedad cohesionada y con igualdad de oportunidades.

El resultado es que, mientras que la gran mayoría de la izquierda ha dejado atrás el pensamiento antimercado, un sector importante de la derecha se ha situado bajo el techo de un liberalismo que lo es casi exclusivamente en el sentido económico, pues cree en la libertad económica a ultranza y un papel mínimo para el Estado, pero no en el político. Así pues, como hemos visto en la campaña estadounidense, pero también observamos a este lado del Atlántico, la derecha es liberal en lo económico (aunque allí “liberal” se use como sinónimo de izquierdista) en tanto en cuanto propugna un Estado pequeño, pero notablemente conservadora en cuestiones relacionadas con la libertad personal (aborto, matrimonio homosexual, despenalización de consumo de drogas, etcétera). Pero al mostrarse completamente indiferentes ante las crecientes desigualdades entre clases sociales, especialmente entre los más ricos y los más pobres, los liberales muestran no ser liberales en lo político, pues desde el pensamiento político liberal siempre se ha tenido claro que la democracia, en tanto que presupone y requiere ciudadanos iguales en derechos y capacidades, es incompatible a largo plazo con diferencias sociales acentuadas.

En Estados Unidos, desde 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980, cuando el presidente Ronald Reagan llegó al poder, las diferencias de renta entre el 10% más rico y el resto de la sociedad se mantuvieron estables pero desde entonces no han hecho sino aumentar hasta situarse hoy en niveles comparables a los años de la Gran Depresión del siglo pasado. En la batalla del martes, la enésima en esta guerra de los treinta años, han ganado los que piensan que un Estado redistribuidor no amenaza a la libertad, sino que la garantiza. Apúntenle el tanto a Obama.

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Publicado en la edición impresa del Diario ELPAIS el 9 de noviembre de 2012

Bien hecho, tío

20 julio, 2012

Eso y un “estoy muy, muy orgulloso de ti” es la muy poco formal felicitación que el consejero delegado de Barclays, Bob Diamond, dirigió por correo electrónico a Paul Tucker con motivo del ascenso de este desde el puesto de jefe de mercados del Banco de Inglaterra a subgobernador de esa misma institución en diciembre de 2008. La respuesta del subgobernador no solo no desmerece la felicitación sino que enciende todas las señales de alarma: “Muchas gracias Bob, sin ti no lo habría conseguido”.

Presionen ahora el botón de avance rápido y sitúense en julio de 2012, cuando Bob Diamond se ve obligado a dimitir al reconocerse responsable de la manipulación del índice más importante del mercado interbancario, el líbor, que es utilizado como referencia para la fijación de contratos cuyo valor alcanza anualmente los 100 billones de euros, algo así como 100 veces el PIB de España. El asunto, en el que están implicados otros grandes bancos europeos, le ha valido a Barclays una multa de 360 millones de euros.

Seguramente que una tesis doctoral elaborada tras meses de dura y solitaria investigación no habría encontrado mejor evidencia empírica que la ofrecida en ese sencillo correo electrónico para demostrar fehacientemente hasta qué punto la industria financiera es capaz de capturar a las instituciones y personas que están a cargo de regularlos. Da escalofríos pensar que Paul Tucker fuera, hasta estos días, el candidato con más posibilidades de ser el próximo presidente del Banco de Inglaterra una vez dejara el puesto el actual, sir Mervin King. ¿Se imaginan la situación: el regulador en manos del regulado?

Llevamos tantos meses hablando de finanzas públicas, de sus excesos y desastres, que tendemos a olvidarnos de que esta crisis se origina por la concatenación de varios factores, siendo uno de los principales el descontrol reinante en la industria financiera, un sector enormemente poderoso, muy influyente políticamente y sumamente eficaz a la hora de prevenir y desactivar los intentos de regulación.

En Estados Unidos, el banco, también británico, HSBC se enfrenta a una multa de 1.000 millones de dólares tras haber reconocido su colaboración en el blanqueo de miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico mexicano. Tampoco se ha quedado corto ING, que ha aceptado pagar una multa de 619 millones de dólares por colaborar a la hora de mover los activos de los Gobiernos de Irán y Cuba por el sistema financiero estadounidense. Y qué decir de Capital One, que pagará 210 millones de dólares por haber incluido en los contratos de tarjetas de crédito de sus clientes productos financieros, como seguros de impago, que estos no habían solicitado o que no entendían.

Para llegar, claro está, al caso español, donde el gobernador del Banco de España ha reconocido, por fin, que la institución actuó con “poca decisión, de modo insuficiente o inadecuado”, aunque eso sí, fiel a la reticencia tecnocrática a utilizar un lenguaje que pueda ser comprensible para el público, se refugia en una doble negación. “Sería absurdo negar que no hemos tenido éxito en la supervisión”, ha dicho, lo que traducido del lenguaje tecnocrático al democrático vendría a ser “sería lógico afirmar que hemos fracasado”.

La buena noticia de todo esto es que a partir de ahora va a resultar muy difícil tomarse en serio a los que defienden la autorregulación de los mercados financieros. Como ha quedado de manifiesto a lo largo de esta crisis, dejadas a sí mismas, muchas instituciones financieras prefieren cualquier cosa antes de competir por sus clientes en un mercado abierto y transparente: capturar al regulador o aliarse con los rivales para saltarse las normas y ganar dinero puede ser más barato y sencillo que distinguir una buena inversión de una mala y asumir las consecuencias de los errores.

Pero, como esta crisis también ha demostrado, que la autorregulación tenga que ser descartada no significa que una regulación eficaz sea fácil de alcanzar. Si alguna lección tenemos que aprender de esta crisis es que, por paradójico que parezca, los supervisores también tienen que ser supervisados, y muy estrechamente. La pretensión de muchas instituciones supervisoras de, bajo la excusa del aparente contenido técnico y especializado de su tarea y conocimientos, quedar al margen del control democrático, ha quedado sin justificación alguna. Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido estamos viendo unos Parlamentos muy activos a la hora de depurar responsabilidades, en los mercados y en los supervisores. La receta es sencilla: una industria financiera que tema a los supervisores, unos supervisores que teman a los Parlamentos, y unos Parlamentos que teman a los ciudadanos.

Publicado en la edición impresa del Diario ElPAIS el 20 de julio de 2012

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Rescatar la democracia

4 junio, 2012

Desde que comenzara la crisis, nos hemos acostumbrado al lenguaje de reformas, recortes y ajustes. Sorprendentemente, sin embargo, hay una reforma ineludible que hemos pasado por alto pero que ni siquiera está en la agenda: la reforma de nuestro sistema democrático. Es cierto que una gran parte de la crisis actual se origina en la existencia de una Europa incompleta. Pero la crisis también ha puesto de manifiesto la existencia de una democracia defectuosa. Esto se refiere tanto a la falta de control y transparencia, evidente en el reguero de casos de corrupción que nos han salpicado en estos últimos años, como a la debilidad del Estado y sus instituciones, incapaces de resistirse a su captura y manipulación por parte de intereses sectoriales, sean estos de carácter privado, empresarial o partidista. Desconcertados por la rapidez con la que se suceden los acontecimientos en el día a día, estamos pasando por alto que la viabilidad de todas estas reformas requiere no sólo una mejora sustancial de las instituciones de gobernanza europea sino, como pone de manifiesto la larga lista de instituciones que han quedado en evidencia durante esta crisis, desde la monarquía a las comunidades autónomas, pasando por el poder judicial, un examen a fondo del funcionamiento de nuestro sistema político. Pensábamos que España se había europeizado profunda e irreversiblemente, pero ahora descubrimos cuánto había de ficción en ese proceso.

Al igual que los países del norte de Europa siguen estando a años luz de España en cuanto a su capacidad de combinar competitividad y justicia social, nuestro sistema político es incapaz tanto de emular los estándares de transparencia que allí se dan por hecho como de asegurar un reparto equitativo de las cargas y las responsabilidades derivadas de esta crisis. Pese a la profundidad y extensión de la crisis de nuestra democracia, su reforma no está en la agenda. ¿A qué se debe esta ausencia? Muchos de los problemas que padecemos hoy en día, desde los malos resultados de la descentralización territorial, la defectuosa regulación de sectores enteros de nuestra economía y, en definitiva, la falta de transparencia y control generalizada de todo lo público tienen una vertiente común: se originan en la conversión del Estado de derecho en un Estado de partidos, es decir, en el paso de un sistema en el que las leyes y los ciudadanos son los protagonistas de la política democrática en un marco de separación de poderes a un sistema en el que los actores principales son los partidos, la alternancia entre ellos el único objetivo de la contienda política y la fusión y confusión bajo sus directrices de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la norma de funcionamiento en el día a día.

Se mire donde se mire a nuestras instituciones, los partidos han impuesto, primero, el reparto de puestos sobre la base de cuotas de poder y, a continuación, la ideologización de los procedimientos de toma de decisión. De esa manera, más que servir a los ciudadanos, dichas instituciones se han puesto al servicio de los partidos. El desenlace de Bankia es sumamente revelador de este problema. A pesar de las apariencias, su nacionalización no significa que el Estado se haga cargo de las pérdidas en las que incurrido un banco privado mal gestionado, sino la traslación a la sociedad de los costes de haber puesto en manos de partidos políticos y comunidades autónomas un poder financiero autónomo y opaco con el que sostener su poder político. Por tanto, más que ante un problema de regulación, bancaria estamos pues ante un fallo de autorregulación política.

Ahí reside la clave. Hasta la fecha, el sistema político ha depositado en sus gestores la responsabilidad de autorregularse. Como era previsible, estos han utilizado esta capacidad reguladora no para atarse, sino para emanciparse del control ciudadano. Esto explica por qué la reforma del sistema político es tan difícil de emprender y encuentra tantas resistencias: como los que deberían emprender esa reforma serían sus principales víctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes. Postergar estas reformas es suicida pues al igual que los errores de diseño en la unión monetaria están complicando enormemente la salida de esta crisis por el lado europeo, las debilidades estructurales de nuestra democracia también están afectando muy negativamente la capacidad de sostenimiento de las reformas en el ámbito interno. Como muestra el caso griego, en la medida en la que la ciudadanía perciba que la clase política se exime a sí misma de reformas de calado equivalente a las que aplica a la ciudadanía, nos situaremos en un escenario de deslegitimación de la democracia muy preocupante. ¿Qué hacer? Redefinir los límites de la política partidista. Al igual que estamos redibujando los límites del Estado del Bienestar, es imperativo volver a decidir quién hace qué y cómo en nuestro sistema político. No se trata de erigir una tecnocracia sino de garantizar que cada institución recuperara su razón de ser democrática en un marco de transparencia y responsabilidad adecuado. Desde esta perspectiva, la refundación de la democracia española ni siquiera requeriría una reforma constitucional, sino la identificación y el rescate, una por una, de todas aquellas instituciones que en la actualidad viven asfixiadas bajo el peso sofocante de la política partidista.

Publicado en la sección impresa del Diario ELPAIS el 1 de junio de 2012.

Que hable la gente

4 mayo, 2012

Dicen los cronistas de la época que la brevedad y rotundidad del discurso de Abraham Lincoln en el cementerio de Gettysburg sorprendió a todo el mundo. Su predecesor en el uso de la palabra, que era considerado el mejor orador de su tiempo, empleó dos horas en pronunciar un discurso de 13.000 palabras, del cual no ha quedado nada. Pero para sorpresa del propio Lincoln, que aseveraría que “el mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos”, su discurso de apenas 300 palabras, pronunciado en menos de tres minutos, pasaría a la historia por ser capaz de establecer de forma irreversible y en solo once palabras lo que es un gobierno democrático legítimo.

Esa definición de democracia que Lincoln acuñara en 1863 como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” no es retórica. Esta ahí, todavía hoy, en el artículo 2 de la Constitución de la V República Francesa que celebra elecciones presidenciales este domingo. Sí, detrás del francés, la bandera tricolor, la marsellesa y el lema de la República (“Libertad, igualdad y fraternidad”), la Constitución de 1958 establece como principio rector de la República la triple distinción formulada por Lincoln, en sus mismos términos. Gracias a Lincoln, cualquier persona tiene a su alcance una sencilla vara con la cual distinguir un gobierno democrático de otro que no lo es. Gobierno del pueblo porque este actúa en su nombre y representa su identidad y sus aspiraciones colectivas; gobierno por el pueblo porque son sus representantes elegidos en elecciones libres los que ejercen esa tarea; y gobierno para el pueblo, porque la tarea de esos representantes es servir y beneficiar a los ciudadanos, no servirse de ellos ni beneficiar solo a unos pocos.

Puede llamar la atención que Lincoln omitiera hablar de la transparencia y de la calidad del debate público como elementos centrales en una democracia. Al fin y al cabo, sin transparencia ni debate público la democracia es imposible pues la ciudadanía no puede saber si el gobierno opera en su nombre y beneficio. Sin embargo, es más que probable que Lincoln diera por obvia esa dimensión de la democracia ya que cuando él pronunciaba su discurso solo habían transcurrido 2.294 años desde que Pericles, también en otra famosa oración fúnebre (431 a.c.), estableciera una divisoria radical entre Atenas y sus enemigos en el hecho de “somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer”.

Honremos así a Grecia en sus horas más bajas por haber sido los griegos los primeros en entender que sin debate público no hay democracia y démonos cuenta de hasta qué punto la democracia se reivindica en las elecciones que tienen lugar este fin de semana en Francia, Grecia, también en Alemania (aunque regionales) y, no olvidemos, en Serbia. Entre las muchas malas noticias que vivimos estos días no se nos puede escapar una buena. De forma muy incipiente y muy fragmentada, también seguramente con un contenido muy frágil y seguramente reversible, estamos asistiendo estas últimas semanas a la emergencia de un espacio de debate público en el ámbito europeo.

Paradójicamente, el debate está surgiendo donde menos lo esperaríamos. Los europeos nos hemos dotado de un Parlamento (Europeo) enormemente generoso consigo mismo. Sin embargo, hasta ahora se ha mostrado incapaz de generar el debate necesario para sostener esa esfera pública europea que tanto necesitamos, máxime durante esta crisis. Si no lo ha hecho, no ha sido por falta de voluntad, como atestiguan décadas de debates y experimentos institucionales, sino por falta de un poder real y efectivo. A fecha de hoy, ni la Comisión ni el Parlamento Europeo tienen poder ni legitimidad para imprimir un cambio de rumbo a la crisis.

Quien sí lo tiene es el Banco Central Europeo, una institución que necesita, para celebrar una sencilla reunión en Barcelona, la protección de 8.000 policías, el blindaje completo de una ciudad de más de un millón y medio de personas y la suspensión de los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación de personas. No está mal para una institución pretendidamente técnica, no política, cuyo mandato formal se limita a controlar la inflación mediante la fijación de los tipos de interés. El vibrante debate entre Nicolas Sarkozy y François Hollande que vimos el miércoles por la noche deja claro que la democracia, pese a las dificultades que experimenta, es el único medio de generar la legitimidad que se necesita para salir de la crisis. Menos mal que, para consuelo de Pericles y Lincoln, el domingo, después de la reunión del BCE, le toca hablar a la gente.

Publicado en el Diario ELPAIS, edición impresa, el 4 de mayo de 2012

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Dios en La Habana

30 marzo, 2012

Se dice que diplomacia papal es una de las más experimentadas del mundo. Sin embargo, a primera vista, resulta difícil entender que la visita del Papa a Cuba haya dejado tantos flancos abiertos para la crítica. Antes de pisar Cuba, el Arzobispo de La Habana autorizó el desalojo de los opositores que habían ocupado la Iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre, granjeándose con ello el reproche de muchos. Luego, la Iglesia quedó en evidencia por la negativa a aceptar una entrevista del Papa con las Damas de Blanco así como por el cerco y acoso policial a la oposición, todo ello mientras el Papa se reunía cordialmente con Fidel Castro. Para justificar esta decisión, el Arzobispado cubano se ha escudado en el estricto carácter pastoral de la visita. No obstante, el propio Papa ha alentado la confusión entre lo político y lo pastoral al calificar antes de su llegada al comunismo como un fracaso, unas declaraciones que en Cuba, nos han recordado los opositores, conllevan pena de cárcel.

Es comprensible, por tanto, que muchos observadores externos hayan quedado doblemente confundidos. Primero, por una definición de lo pastoral que no parece encajar nítidamente con los valores del humanismo cristiano. Esos valores, recordemos, están en la base del pensamiento democrático, lo que sin duda explica que sean los que con más facilidad hayan aglutinado e impelido a un sector significativo de la oposición cubana (y de otros países) durante todos estos años. Segundo, porque incluso dejando atrás las arenas movedizas de la óptica pastoral y adentrándose en el ámbito del análisis político, la confusión no se disipa sino que se acrecienta: comoquiera que el intento de despolitizar una visita de este calado carece de posibilidades de éxito, cabe preguntarse qué objetivos estrictamente políticos pueden haberse avanzado.

En este ámbito, el estrictamente político, muchos se han preguntado estos días si la visita debilita o fortalece al régimen cubano. Pero esta es la pregunta errónea, pues supone juzgar la visita desde las expectativas de la otra parte: indudablemente, el régimen cubano no aceptaría una visita que le debilitara, de ahí el acoso a la oposición y la negativa a permitir que se convierta en interlocutor. La pregunta correcta, a mi modo de ver, es si la visita refuerza o debilita a la Iglesia cubana, lo que indudablemente constituye el objetivo, declarado o no, de la visita papal, y en consecuencia, el estándar que debemos utilizar a la hora de evaluar el éxito o fracaso de la visita. Y aquí es donde volvemos a las arenas movedizas.

Hasta la fecha, la supervivencia de la Iglesia católica cubana ha dependido, precisamente, de su renuncia a disputar al régimen cubano el monopolio de la legitimidad ideológica y la identificación nacional, algo que la Iglesia polaca sí quiso, supo o simplemente pudo hacer. Por tanto, criticar a la Iglesia cubana por no disputar al régimen la legitimidad de gobernar ni querer convertirse en una iglesia nacional-patriótica no parece muy justo pues todo el mundo sabe cuál sería el resultado de un enfrentamiento con el régimen en campo abierto. Pero sobre todo, supone emplear una vara de medir algo desmemoriada. Al fin y al cabo, ¿no se encuentra España en una posición muy similar a la de Iglesia cubana, en el sentido de querer estar presente, ser influyente, acompañar los cambios pero sin enfrentarse nunca al régimen abiertamente?

Recordemos que en sus múltiples gestiones relativas a Cuba, el anterior ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, adoptó una posición de realismo político idéntica a la adoptada ahora por el Papa como Jefe de Estado pues nunca quiso, supo o pudo reunirse con las Damas de Blanco ni con nadie más de la oposición, prefiriendo adoptar un papel de mediador humanitario o, si se quiere, por cerrar la comparación, pastoral. Los intereses diplomáticos de España siempre prevalecieron sobre los valores del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que raramente supo armonizar su potente discurso interior sobre la extensión de derechos con una política exterior que promoviera esos derechos para otros, especialmente en el ámbito político. Por tanto, al igual que España ha supeditado sistemáticamente sus comportamientos de hoy al deseo de ser influyente mañana, la Iglesia cubana, que está sobre el terreno, tiene motivos sobrados para hacerlo. Claro que podemos imaginar qué ocurriría si, por un minuto, ambos actores (la Iglesia y España) invirtieran sus lógicas de actuación y decidieran dejar de pensar en el futuro y se arriesgaran a ser valientes en el presente. Dada la increíble habilidad del régimen para retrasar una y otra vez el futuro, es una opción tentadora. No obstante, todo sabemos que se trata de un contrafáctico de imposible materialización. Por desgracia, los cubanos saben desde hace tiempo que nadie desde fuera ni desde arriba les va a traer su libertad sino que tendrán que ser ellos mismos los que la logren.

Publicado en elpais.com el 29 de marzo de 2012

Prisioneros del partido

23 marzo, 2012

En diciembre pasado fueron numerosos los analistas que señalaron que, dada la coincidencia de las elecciones estadounidenses con el relevo de la cúpula del poder en China, 2012 sería un año clave para la política mundial. Como se señala a menudo con ironía en el mundo de los analistas, predecir los acontecimientos, especialmente si se trata del futuro, es particularmente complicado. Bien, pues esta vez parece que no andaban muy desencaminados.

A un lado de este G-2 informal constituido por Estados y China que parece, si no gobernar el mundo, por lo menos determinar en gran medida su destino, sabemos de las dificultades de Obama para lograr su reelección y, también, de los problemas de Mitt Romney para asegurarse la candidatura republicana. Gracias a los medios de comunicación y al carácter democrático y abierto de la política estadounidense, vamos siendo informados puntualmente de qué posiciones adoptan los candidatos sobre los temas más relevantes, desde la reforma fiscal a la interrupción voluntaria de embarazo o la política internacional, quiénes los apoyan y financian y en qué contradicciones incurren.

Al otro lado del G-2, es decir, en China, las cosas no pueden ser más diferentes, y no pueden marcar mejor el contraste entre esos dos mundos tan absolutamente diferentes como condenados a entenderse. Allí, en lugar de “elecciones”, se celebran “selecciones”. La renovación de la cúpula comunista, en sí un gran mérito, tiene lugar mediante el procedimiento de cooptación entre las elites del partido. Hasta ahora, al igual que el auge de China se ha venido vistiendo de “ascenso pacífico” y “desarrollo armonioso”, el proceso de renovación del liderazgo se ha vendido como un proceso de deliberación colectivo basado en el principio de mérito y orientado a la búsqueda de la sabiduría colectiva.

Esa farsa ya estaba bastante en entredicho, no sólo por razones de sentido común, sino por la doble paradoja que supone que conozcamos antes de iniciarse el proceso quién va a ser el sustituto del actual presidente Hu Jintao y, al tiempo, por el hecho de que desconozcamos absolutamente todo sobre cuál es la visión política y programa del hombre (Xi Jinping) destinado a gobernar los destinos del segundo país más influyente de la tierra. No deja de ser asombroso que las decenas de artículos publicados sobre Xi Jinping coincidan en señalar que, pese a que conozcamos perfectamente su biografía, lo desconocemos todo sobre sus planes. Por tanto, frente a EEUU, donde estamos perfectamente acostumbrados a saber quiénes son los candidatos, pero no quién será el presidente, en China ocurre exactamente al revés: sabemos quién será el Presidente pero desconocemos quiénes eran los candidatos y con qué ideas ganaron la candidatura.

Es por esa razón que la defenestración la semana pasada de Bo Xilai, el populista secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) en Chongqing, uno de los candidatos al Comité Permanente del Politburó, el órgano que realmente gobierna China, hace tanto daño al régimen. Frente al ideal de desarrollo armónico y de gobierno basado en la deliberación, la caída en desgracia de Bo Xilai pone de manifiesto un viejo axioma de la política en los regímenes autoritarios: cuando suprimes la competición política entre partidos, la trasladas al partido único, y cuando la suprimes dentro del partido, la trasladas a la cúpula del partido, donde degenera en una lucha de facciones. En una declaración bastante explícita para lo que suele ser común allí, el primer ministro Wen Jiabao ha advertido de que sin reforma política las reformas económicas peligran, e incluso ha blandido la amenaza de una nueva revolución cultural.

Zhao Ziyang, secretario general del partido en tiempos de Tiananmen, cuenta en su libro, “Prisionero del Estado”, cómo en 1989 las elites del Partido dieron un golpe de estado, le expulsaron del poder y acabaron mandando a los tanques contra unos estudiantes desarmados que se manifestaban, paradoja, en memora de Hu Yaobang, otro secretario general del Partido defenestrado por su corte reformista. Por eso, aunque la advertencia y deseos de Wen Jiabao puedan ser sinceros y estén cargados de razón, su recomendación sobre la reforma política es sin duda inviable: él mismo, y su sucesor, Xi Jinping, son la prueba de que sólo aquellos que se disfrazan de tecnócratas, ocultan sus preferencias, flotan como los corchos y construyen el poder en la sombra llegan a la cúpula. Todos los demás, desde el ingenuo de Zhao Ziyang hasta el demagogo Bo Xilai, son la prueba de que el Partido sólo teme a una cosa: a sus divisiones internas, y que está dispuesto a todo con tal de sofocar cualquier atisbo de competición por el poder que no sea gestionada ordenadamente por los que ya detentan el poder. Las élites, y no sólo los chinos, son también prisioneros del partido. Por eso la reforma desde dentro es imposible.

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Publicada en el Diario EL PAIS el 23/03/2012