Posts Tagged ‘déficit democrático’

La Carta de ZP

1 diciembre, 2013

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Por fin se hizo la luz y pudimos conocer la carta que el Presidente del Banco Central Europeo dirigió al Presidente Zapatero el 5 de agosto de 2011. Su publicación deja tras de sí numerosas enseñanzas sobre las debilidades de la democracia, en casa y en la Unión Europea.

Por el lado de los contenidos, el BCE desborda su mandato y, con el fin de “devolver la credibilidad de España ante los mercados de capitales”, insta al Gobierno a rebajar los salarios, facilitar el despido, debilitar a los sindicatos, limitar por ley el gasto público o, incluso, aprovechando la coyuntura, liberalizar el mercado de alquileres. Enseñado el palo, vino la zanahoria: a partir del 8 de agosto, el BCE compraba hasta 36.000 millones de deuda de España e Italia en los mercados secundarios, unas compras que, para ser justos, muchos consideran que también desbordaban el mandato del BCE.

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Elegir un Presidente

11 noviembre, 2013

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La designación del alemán Martin Schulz como candidato de los socialistas europeos a la presidencia de la Comisión Europea significa el pistoletazo de salida de unas elecciones europeas que se anticipan como muy complicadas. Con dicha designación, y las que seguirán por parte de otros grupos políticos, los partidos europeos pretenden insuflar un poco de vida a unas elecciones tradicionalmente dominadas por la abstención, que tienden a disputarse más en clave nacional que europea, y a las que ahora se añaden los efectos de la crisis y el auge de los populismos xenófobos que tan peligrosamente se están extendiendo por toda Europa.

Con la crisis, la confianza en las instituciones europeas se ha hundido. Si en 2007 un 52% de europeos tenía una imagen positiva de la UE y un 57% confiaba en sus instituciones, en 2013 sólo un 30% tiene una imagen positiva de la UE y sólo un 31% confía en ella, mientras que un 57% desconfía. La crisis de confianza no distingue mucho entre instituciones europeas: la Comisión Europea, que al comienzo de la crisis suscitaba la confianza del 52% de los europeos y la desconfianza del 27%, ahora suscita la desconfianza del 47% y la confianza de sólo el 36%.

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¿Dónde estaba Alfonso Guerra?

10 junio, 2013

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Sí, están ustedes en la sección de Internacional. Y, no, no es nada personal contra este diputado, representante electo desde hace 34 años, sino una llamada de atención sobre hasta qué punto las decisiones que estamos adoptando con motivo de la crisis del euro transforman nuestra democracia.

¿Y qué tiene que ver Alfonso Guerra con ello? Aunque pocos lo sepan, el diputado Guerra ostenta una de las responsabilidades más importantes que a un ciudadano puede conferirse en una democracia: la de presidente de la Comisión de Presupuestos. Los impuestos y los parlamentos están tan íntimamente unidos que nos podemos remontar todo lo que queramos en el tiempo para comprobar la fortaleza de esa conexión. Ya las Cortes de León, reunidas en Benavente en 1202, aprobaron un impuesto y autorizaron la emisión de moneda. Y unos años después, en 1215, la Magna Carta, recuperada luego como inspiración de la revolución americana contra la corona británica, estableció un principio (“no taxation without representation”) muy similar a aquel que formulara Justiniano: “Lo que es de todos debe ser aprobado por todos”.

De ahí que resulte legítimo preguntarse si al presidente de la Comisión de Presupuestos se le habrá pasado por alto la entrada en vigor el 30 de mayo de la última y más novedosa pieza del engranaje supervisor y corrector sobre los miembros de la eurozona, un paquete formado por dos nuevas regulaciones europeas que dictan el calendario, el procedimiento y los límites bajo los cuales las Cortes Generales elaborarán a partir de ahora esos Presupuestos Generales del Estado donde se fijan los impuestos que pagaremos y los servicios que recibiremos a cambio.

Las nuevas normas, llamadas “Two Pack” (paquete de dos), se añaden a las ya aprobadas en estos dos últimos años para completar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que se basó el euro. Junto con el Semestre Europeo, el Six Pack y el Tratado Fiscal firmado en diciembre de 2011, proporcionan a la Comisión Europea un impresionante arsenal de medidas de vigilancia e intervención sobre los presupuestos y las finanzas de los Estados miembros.

De acuerdo con esas normas, los Estados están obligados a presentar todos los meses de abril sus planes de ajuste del déficit público. Si se prevé que se van a desviar de los objetivos del 0,5%, Bruselas mandará un primer aviso y obligará a depositar una fianza del 0,1% del PIB. Si el Gobierno persevera en la desviación, se le abrirá un procedimiento de déficit excesivo y se le obligará a firmar un eufemístico “acuerdo de partenariado económico” donde se detallarán las reformas estructurales que el país tiene que acometer. Si persiste en la desviación, la multa será del 0,2% del PIB, pero si hay falsedades en las estadísticas la sanción puede llegar al 0,5% e implicar la retirada de los fondos de cohesión. Y si finalmente el país tiene que ser rescatado, total o parcialmente, entonces pasa a formar parte de un programa de vigilancia intensiva que incluye unas visitas regulares de los hombres de negro de las que no se librará hasta que haya devuelto el 75% de la ayuda financiera recibida. Y si tus socios europeos deciden que eres un problema sistémico que amenaza a los demás, entonces te espera un “programa de ajuste macroeconómico completo”, que es como el súmmum de esta reeducación maoísta en la austeridad en la que se ha convertido la eurozona.

Para evitar llegar estos extremos, en lo sucesivo, los parlamentos nacionales elaborarán y aprobarán los presupuestos sobre la base de unas perspectivas de crecimiento elaboradas por la Comisión, no por el Gobierno, y sobre unos planes de estabilidad y programas nacionales de reformas que también deberán haber sido pactados de antemano con Bruselas para evitar que caigan en el voluntarismo contable o en el electoralismo presupuestario. A partir de ahora, el borrador de presupuestos anual deberá ser presentado a la Comisión antes del 15 de octubre, que tendrá hasta el 30 de noviembre para examinarlo y, si no le satisface, pedirle al Gobierno que lo modifique antes de someterlo a votación en el Congreso. Resumiendo, las Cortes Generales no podrán aprobar gastos ni emitir deuda sin el respaldo de unos ingresos verificables por Bruselas de forma independiente.

Todo esto es una traducción al castellano democrático de la jerigonza bruseliana sobre “gobernanza económica”, que ha llevado el uso del acrónimo a unos niveles obscenos desde el punto de vista de la comunicación con la ciudadanía. Señores diputados, entérense bien de lo que es un AGS, AMR, CSR, EDP, EIP, GSP, MIP, MBO, MSCAP, NRP, TSCG, RQMV o WEF, porque sin saberlo no podrán ejercer su tarea representativa. Y luego cuéntennos a qué se van a dedicar. En la unión penitenciaria, no tienen un papel muy claro.

 Publicada en la edición impresa del Diario ELPAIS el 7 de junio de 2013

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Choque de democracias en la UE

29 abril, 2013

nao robem futuroHubo un tiempo en el que se consideraba una enfermedad británica. Pero ahora el euroescepticismo se ha extendido por todo el continente como un virus. Como muestran los datos del Eurobarómetro, la confianza en el proyecto europeo ha disminuido incluso a más velocidad que las tasas de crecimiento. Desde el comienzo de la crisis, la confianza en la Unión Europea ha caído 32 puntos en Francia, 49 en Alemania, 52 en Italia, 94 en España, 44 en Polonia y 36 en el Reino Unido.

Lo más llamativo es que en la UE todo el mundo ha perdido esa fe: tanto los acreedores como los endeudados, los países de la eurozona, los aspirantes a serlo y los que decidieron no adherirse al euro. En 2007, pensábamos que el Reino Unido, donde la confianza era de menos 13 puntos, era el bicho raro con su euroescepticismo. Ahora, los cuatro países más grandes de la eurozona tienen niveles de confianza en las instituciones de la UE inferiores a los de Gran Bretaña entonces: Alemania, menos 29, Francia e Italia, menos 22, y España, menos 52. ¿Cuál es la explicación?

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Los otros déficits

13 abril, 2012

El control, sin discusión previa alguna, de la agenda política nacional por parte de instituciones supranacionales como la UE, el BCE o el FMI constituye el mayor déficit democrático de nuestro país. Esta es una de las principales conclusiones del Sexto Informe sobre la Democracia en España, publicado esta semana por la Fundación Alternativas. No se trata de una conclusión que se base sólo en las opiniones de los casi doscientos expertos consultados para la elaboración del informe, sino de un fenómeno que se observa también en la opinión pública: España destaca en los sondeos de opinión llevados a cabo por la Comisión Europea (Eurobarómetros) por ser, después de Grecia, el país donde la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea más se ha deteriorado desde el inicio de la crisis.

El dato invita a la reflexión, antes que nada, en torno a la cuestión de la soberanía. El problema es que ese concepto es excesivamente versátil. El debate, más bien ruido, que nos llega desde Francia, donde tanto la derecha xenófoba como la izquierda globofóbica se disputan el concepto como banderín movilizador del electorado, nos previene contra su uso como sinónimo de cerrarse al mundo, de rechazar lo que viene de fuera o, incluso peor, de perseguir o querer expulsar lo que estando dentro de nuestras fronteras es diferente. Por tanto, como el término fácilmente adquiere un cariz identitario y moviliza al nacionalismo proteccionista, de izquierdas o de derechas, es lógico que nos sintamos sumamente incómodos y nos prevengamos contra su uso. Además, como en tantos otros ámbitos de la política, lo importante no es qué se dice, sino de qué se habla. Por eso, por nobles que sean las intenciones del que se atreve a abrir un debate sobre la soberanía, como resulta que ese debate está colonizado de antemano por otros, las posibilidades de hacer el juego a los que más gritan en lugar de a los que más reflexionan son muy elevadas.

Se trata, además, de un debate falaz, porque la soberanía, entendida como autonomía, sencillamente no existe (ni hoy ni, si echamos la vista atrás, seguramente nunca). Si algún sentido tiene hablar de soberanía es como capacidad de decisión. Siempre que una decisión sea efectiva desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía, la importancia del nivel donde se tome dicha decisión, sea nacional (las Cortes Generales), supranacional (el Ecofin) o internacional (el G-20), puede ser relativizada. Por tanto, si tiene un margen de influencia razonable en dichas decisiones y, además, esas decisiones le benefician, España no sería menos soberana porque las decisiones sobre su futuro se tomaran fuera de sus fronteras, más bien al contrario. De ahí que en España nunca, al menos hasta ahora, hayamos podido hablar de un déficit democrático o, en paralelo, de una pérdida de soberanía: con toda seguridad, España no ha sido más democrática ni más soberana en ningún otro periodo de su historia que el transcurrido desde su adhesión a la UE en 1986.

Pero precisamente por eso, en las circunstancias actuales, cuando es evidente que las instituciones europeas no están tomando decisiones favorables a los intereses de España, es cuando el europeísmo pasivo y acrítico que ha dominado en nuestro país debería convertirse en un europeísmo militante y crítico, que entienda lo europeo no sólo como un espacio de consenso y armonía de intereses, sino como un espacio de conflicto entre intereses y visiones divergentes en el que hay que hacerse valer.

Por eso, aunque a primera vista se trate de una mala noticia, el dato que el informe de la Fundación Alternativas nos traslada admite una segunda lectura. No deja de resulta sorprendente que, como problema, esta denominada “interferencia exterior” se sitúe por encima de fenómenos de ámbito estrictamente nacional como la corrupción, la lejanía de los políticos, el mal funcionamiento del Estado o la baja participación ciudadana. Esto nos invita a suspender, aunque sea, temporalmente, la autoflagelación colectiva en la que nos hemos instalado: los despilfarros, corruptelas e ineficiencias en los que hemos incurrido, siendo graves y debiendo ser corregidos, no son los que explican nuestra situación actual. El paro, los diferenciales de deuda y los recortes en sanidad y educación no son un castigo merecido que debamos aceptar acríticamente, sino en gran medida el producto de un contexto político y económico no sólo nacional, sino también europeo e internacional sobre el que tenemos que actuar. En las circunstancias actuales, España parece haber limitado todas sus opciones a dos: ser interferida, el mal menor, o ser intervenida, el mal mayor. Sin embargo, no es la resignación ni la aceptación acrítica de las decisiones exteriores la que nos sacará de esta crisis, sino un activismo europeo que hasta ahora ha sido, si cabe, tan deficitario como nuestras finanzas públicas.

Publicado en ELPAIS, viernes 13 de abril de 2012

Europa de mis pecados

2 septiembre, 2011

El diagnóstico clásico de Ortega y Gasset, “España es el problema, Europa es la solución”, resume de forma sencilla y directa la visión que de Europa han tenido varias generaciones de españoles. Detrás de ese aserto se esconden una serie de anhelos del todo comprensibles viendo el inexorable rumbo de decadencia emprendido por España y el trágico desenlace de su siglo XX. En un país supuestamente dado a la polarización ideológica, la fragmentación territorial y el enfrentamiento social, siempre hubo un consenso que se impuso a cualquier desavenencia: que solo la completa e irreversible europeización de la vida política, social y económica sería capaz de arrancar a España de un pasado trágico y proyectarla hacia un futuro democrático, estable y próspero.

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