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El debate sobre Cataluña: qué cambiar, qué mantener

21 noviembre, 2012

Un país que se enfrente a circunstancias extraordinarias puede considerar que los procedimientos existentes no son adecuados o resultan insuficientes para resolver los problemas a los que se enfrenta. De ahí que sea legítimo plantearse la cuestión de qué normas o instituciones debe cambiar y, a la vez, cuáles debe preservar. El equilibrio entre estos dos extremos es de todo menos fácil. Por un lado, el peligro de cambiar las reglas del juego bajo la presión de la necesidad y la urgencia es degradar el valor de esas normas y la confianza de la gente en ellas. Pues si las normas se suspenden o se cambian en situaciones críticas, ¿para qué están entonces? Pero por otro lado, debemos considerar hasta qué punto debemos ser flexibles y aceptar entablar una discusión sobre qué normas y qué procedimientos debemos modificar, incluidas aquellas de rango constitucional. Lo hemos hecho, recordemos, en el contexto de esta crisis (al introducir los límites al déficit en el texto constitucional) con el fin de asegurar nuestra supervivencia económica. No hay pues ninguna razón para que no podemos hacerlo para asegurar nuestra supervivencia política.

Todo esto viene al caso del debate abierto en torno a la posible realización de una consulta independentista en Cataluña. Pues al igual que el fin no justifica los medios y en modo alguno se debería aceptar que la legalidad constitucional fuera violentada unilateralmente, también es cierto que considerar materialmente imposibles fines como la secesión cualesquiera que sean los procedimientos que se utilicen para llegar a ellos carece igualmente de sentido y constituye un elemento deslegitimador del sistema político.

No dejaría de resultar paradójico que un país como España, que ha llevado a cabo un proceso de transición considerado generalmente modélico en cuanto a su capacidad de invertir de forma pacífica un marco político autoritario y trocarlo en democrático sin llevar a cabo una ruptura desde el punto de vista legal, se encontrara ahora en una situación en la que su rigidez constitucional le abocara a un conflicto de legitimidades entre el marco jurídico-legal (la Constitución) y un nuevo marco político que, de forma pacífica y mayoritaria, abogara desde Cataluña por realizar una consulta en torno a la independencia. Porque esa es la situación que se viene configurando en los últimos meses, el de un escenario en el que se enfrentaran dos legitimidades, la formal-constitucional, que prohíbe tanto los referendos unilaterales como la secesión de una parte del territorio, y una legitimidad democrática surgida del pronunciamiento mayoritario de los representantes electos o, posteriormente, de una mayoría relevante de la población catalana.

Desactivar el choque de trenes entre esas dos legitimidades es imperativo pues de ese choque nadie saldrá ganando, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en Europa. Volvamos pues la mirada sobre el reformismo que evitó un gran desgarro en la España de los años setenta ya que sigue siendo un buen modelo para resolver los problemas del futuro. Si los constituyentes de 1978 dotaron a España de una Constitución sumamente rígida fue más por miedo a una involución democrática y por la necesidad de preservar los delicados equilibrios políticos, sociales y territoriales en los que se asentó la transición que por un desprecio de la flexibilidad y el reformismo, que está en su código genético. Claramente, las mejores décadas de nuestra historia han venido de la mano de un reformismo continuado y de la construcción de puentes entre ideologías y territorios, no de la ruptura. España es una sociedad plural y a la vez plurinacional, donde como demuestran reiteradamente los procesos electorales celebrados en Cataluña y el País Vasco, el juego político es un tira y afloja entre minorías que son lo suficientemente amplias como para tener que ser incluidas o, por lo menos, no marginadas, y mayorías que normalmente son demasiado exiguas y transitorias como para gobernar de forma hegemónica o cambiar unilateralmente el marco jurídico-político. Pese a las transformaciones cruciales que ha experimentado España en estos últimos treinta años, esa doble pluralidad sigue estando ahí y ejerciendo un papel moderador. No mostrar ahora la flexibilidad y la voluntad de diálogo y compromiso que se mostró entonces sería una traición a ese espíritu que animó el retorno de la democracia a España.

Como muestran los casos de Quebec o Escocia, que nada obligue a un estado a tomar en cuenta las aspiraciones secesionistas de un territorio (pues ni en el derecho internacional existe, más allá de los casos de descolonización, un derecho a la autodeterminación ni es preceptivo que una constitución democrática incluya el derecho a la secesión), no significa que una comunidad política pueda soslayar indefinidamente la toma en consideración de la voluntad de una parte de la población de separarse del Estado, si esta existiere, y de hacerlo mediante un proceso democrático. Como ha señalado la doctrina canadiense, y como ha quedado de manifiesto en el caso escocés, resulta muy difícil tanto negar indefinidamente la posibilidad de realizar un referéndum soberanista como negarse a considerar las consecuencias constitucionales que tendría un hipotético sí a una pregunta clara y sin ambigüedades sobre la secesión.

A fecha de hoy, los catalanes son ciudadanos de una democracia occidental que, a su vez, es miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa por lo que automáticamente gozan del máximo nivel y protección de derechos políticos, económicos y sociales existentes en el mundo. Es pues a los independentistas a los que corresponde valorar cuál sería el coste de una secesión unilateral y no pactada que no fuera acompañada de un acuerdo con un Estado, el español, que es miembro de la UE. Por eso, aunque para cualquier gobierno español, hacer de un bloqueo de la adhesión de una Cataluña independiente una cuestión de principio o blandir este como amenaza no es una posición razonable, tampoco le puede ser exigible que se pliegue sin más a convalidar internacionalmente una secesión no pactada constitucionalmente. Pero al igual que el fin no justifica los medios ni los partidarios de la independencia pueden pretender sin más saltarse el marco legal existente, una comunidad debe disponer de medios con los que resolver conflictos acerca de los fines últimos de su pacto social. Por eso, mientras que los sentimientos de identidad y pertenencia a la nación son inconmensurables y no pueden negociarse ni dividirse, los procedimientos sí que lo son.

Las próximas elecciones catalanas confirmarán hasta qué punto los ciudadanos de esa comunidad validan con su voto la idea de recorrer el camino hasta la independencia mediante una consulta soberanista. Aceptar esa consulta, aún a riesgo de perderla, es mejor que rechazar de plano su mera posibilidad. Ello no sólo invalidaría la estrategia victimista y deslegitimadora de la que hacen gala muchos independentistas, sino que permitiría al Gobierno recuperar la iniciativa, tanto en lo referido a las negociaciones de los aspectos sustantivos (Estatuto, concierto fiscal etc.) como en lo referido a los procedimientos pues el Estado, una vez aceptada la consulta, sí que tendría toda la legitimidad, vía las Cortes Generales, para decidir acerca de los plazos y, sobre todo, la formulación de la pregunta o preguntas y, a posteriori, la gestión de sus consecuencias legales o constitucionales.

Por eso, al igual que el Estado no puede rechazar indefinidamente la celebración de una consulta soberanista, siquiera como posibilidad, tampoco debería aceptarla sin más. Esa consulta tendría que estar situada dentro de un proceso, una “hoja de ruta” donde, idealmente, esta se produjera solo al final, como instrumento ratificador de un acuerdo o, eventualmente, de un fracaso. Eso abriría la oportunidad de comenzar a pensar en cómo podrían los partidarios de la unidad ganar esa consulta, cuestión a la que entre prohibiciones, amenazas y descalificaciones, ni el Gobierno, ni la oposición, ni la opinión pública parecen haber dedicado mucho tiempo. Porque si resulta que en su fuero íntimo, el Gobierno, la oposición y la mayoría de la sociedad española están convencidos de que no disponen de argumento de peso u oferta política o económica alguna que pudiera inclinar la balanza del lado de la permanencia en España en caso de una eventual consulta, entonces el escenario al que nos enfrentamos es mucho peor de lo que imaginamos ya que, ciertamente, iríamos a ese choque de trenes entre las dos legitimidades. Por ello, más que negarse a una consulta, Gobierno y oposición deberían plantearse cómo construir una opción de permanencia en España que fuera atractiva para una amplia mayoría de ciudadanos de Cataluña y que, en tanto en cuanto resolviera los mismos problemas a un coste menor y con un beneficio mayor, permitiera acreditar y ameritar la permanencia como una opción de mayor valor que la secesión.

Este artículo se publicó en la sección impresa del Diario ELPAIS el 21 de noviembre de 2012

1960 peldaños

2 noviembre, 2012


Eso son los peldaños que tiene que superar un Estado que quiera ser miembro de la Unión Europea. El cálculo lo hizo el sociólogo serbio Iván Kuzminovic para así poder mejor explicar a sus conciudadanos en qué consistía la adhesión a la UE. Esos 1.960 escalones (en realidad son más) son lo que en la jerga politológica llamamos “puntos de veto”, es decir, las instancias en las que un actor tiene el derecho de bloquear la adopción de una decisión. ¿Por qué tantos?¿De dónde sale esa cifra? La adhesión a la UE requiere la conclusión de un Tratado internacional. Como los signatarios del Tratado son Estados, cada uno de ellos tiene que prestar su consentimiento, según los procedimientos constitucionales al uso en cada país. Eso implica, normalmente, como mínimo, al Gobierno de cada país y a su Parlamento, aunque también puede incluir a las cámaras altas de los Estados con legislativos bicamerales. No hay que descartar que en algunos países pudiera celebrarse un referéndum si la adhesión de un nuevo Estado fuera controvertida. Ese ha sido el caso de Eslovenia, donde el Gobierno decidió someter a consulta el acuerdo alcanzado con Zagreb respecto a la demarcación de las fronteras de ambos países antes de proceder a ratificar el Tratado de Adhesión, lo que en la práctica se convirtió en un plebiscito sobre la adhesión de Croacia (plebiscito que, por cierto, se ganó por un muy estrecho margen, 51.%). Y es también el caso de Turquía, ya que varios partidos políticos franceses han prometido someter a consulta popular una eventual adhesión de ese país. Por tanto, incluso simplificando, la ratificación de un futuro Tratado de adhesión implicará, a partir de la adhesión de Croacia el año que viene, superar 57 puntos de veto (28 gobiernos, 28 parlamentos nacionales además del Parlamento Europeo).

Pero antes de llegar allí sería necesario negociar y concluir satisfactoriamente los 35 capítulos en los que se divide una negociación de adhesión. Cada uno de ellos abarca un área de la política europea, desde la libre circulación de mercancías a la unión aduanera, la política medioambiental, la política exterior y de seguridad o los derechos de las minorías. En todos ellos, los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión Europea, verifican que los candidatos alineen su legislación a la comunitaria lo más rápido posible. La negociación de cada uno de esos capítulos funciona como una conferencia intergubernamental entre los Estados miembros y el candidato, y la apertura y cierre de cada capítulo se hace por unanimidad a propuesta de la Comisión Europea. Hablamos pues de 980 puntos de veto por dos, es decir, los 1.960 peldaños a los que se refería Kuzminovic. No todos los capítulos son igualmente problemáticos, pero la lógica de negociación es la misma: en cada uno de ellos, los Estados verifican que el candidato esté en condiciones de aplicar toda la legislación comunitaria que, recuérdese, tiene primacía y efecto directo sobre el derecho nacional. Como todos los candidatos han experimentado, el proceso no es fácil: Turquía, que, sin duda, es el caso más difícil, comenzó las negociaciones en 2005 pero solamente ha logrado abrir 13 capítulos y cerrar uno. Otros, como Croacia, han necesitado seis años de negociaciones para completar el proceso, a los que hay que sumar los dos transcurridos desde que hizo la solicitud formal de adhesión y los dos necesarios para las ratificaciones, es decir, 10 años en total. Además, todos los miembros aprovechan las negociaciones para renegociar asuntos bilaterales pendientes o flecos de sus propios Tratados de Adhesión: Grecia lo hizo a costa de España, España a costa de los nórdicos, Italia a costa de Eslovenia y Eslovenia a costa de Croacia, lo que introduce dificultades añadidas y tensiones de primer orden.

Claro que antes de llegar a las negociaciones es necesario un acuerdo político entre los Estados miembros para abrir dichas negociaciones, lo que suma otros 28 puntos de veto. Y antes de comenzar las negociaciones es necesario haber logrado la llamada “opinión favorable”, o certificación de que se cumplen todos los criterios para la adhesión, lo que requiere el dictamen conforme de la Comisión Europea, la aprobación del Parlamento Europeo por mayoría absoluta y la unanimidad de los Estados miembros, lo que suma otros tantos 30 puntos de veto. Pero para llegar ahí es necesario haber logrado antes el estatuto de candidato a la adhesión, algo así como un certificado de elegibilidad donde la UE confirma que el país en cuestión podrá solicitar la adhesión, lo que de nuevo requiere unanimidad, es decir, otros 28 puntos de veto. En total: 2.103 escalones. Como señalaba el propio Kuzminovic, comparado con la adhesión a la UE, la ascensión al templo de la sabiduría en Birmania, el Monte Popa u hogar de los espíritus, solamente requiere completar 777 escalones.

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