Los partidos que no querían gobernar

Captura de pantalla 2015-05-19 10.39.30La función primordial de las elecciones es producir gobierno. Y si no lo logran, entonces hay que darlas por fracasadas y volver a convocarlas. Esta obviedad, esencial para la vida democrática, parece ser, sin embargo, una verdad incómoda para las nuevas fuerzas políticas que se están asomando al tablero político español. Observando la actitud adoptada tanto por Ciudadanos como por Podemos tras las elecciones andaluzas respecto a las votaciones de investidura, los posibles pactos parlamentarios o la eventual formación de Gobiernos de coalición, es legítimo preguntarse si la “nueva política”, como gustan de presumir estas formaciones, realmente supondrá una mejora para la calidad de la democracia y, por extensión, para la ciudadanía o si, por el contrario, nos sumergiremos en una época de inestabilidad y turbulencia de la cual muy probablemente acabará emergiendo un deseo unánime de Gobiernos fuertes y elecciones mayoritarias con ganadores y perdedores claros.

 Conviene por eso recordar, dado que en las próximas semanas habrá que tomar decenas de decisiones similares en un gran número de corporaciones locales y Parlamentos autonómicos, que, transcurridas las elecciones, el deber de todo partido que ha pedido el voto a la ciudadanía es intentar formar Gobierno o estar en él. No con el objetivo de “repartirse puestos”, como torpemente denigran la política quienes recién están llegando a ella, sino con el objetivo de maximizar su capacidad de devolver a sus votantes políticas que satisfagan sus intereses y necesidades. No vale por tanto alegar, como dicen, que “sólo nos preocupa la corrupción” y que “vigilaremos desde el Parlamento”, ya que ese papel, controlar a los Gobiernos, es el que, gracias a la separación de poderes, la democracia reserva en cualquier caso a los perdedores de unas elecciones.

Si Ciudadanos o Podemos, además de organizar la protesta y la indignación ciudadana, realmente quieren limpiar las instituciones de corrupción, a lo que deberían aspirar es a la consejería, concejalía o Delegación de Hacienda de todo Ayuntamiento, comunidad autónoma o Diputación Provincial, pues es en la nula transparencia y mala gestión de casi todas ellas donde anida el mal de la corrupción en nuestro país, sistémico, por lo que vemos, en todo lo relativo a la contratación pública. Y si les preocupa el desempleo, la educación o la desigualdad, lo mismo se aplica respecto a las consejerías de Empleo o Educación: ¿desde dónde mejor que desde allí para diseñar políticas activas de empleo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos?

Ingenuidad democrática o tacticismo ante las próximas elecciones, el resultado de este aparente rechazo a gobernar y de esta preferencia por una vida parlamentaria inmaculada es el mismo: privar a los votantes de ese instrumento llamado Gobierno esencial para cambiar las cosas a mejor. Por tanto, ante los plenos de investidura, que voten “sí” los que apoyen la formación de un Gobierno, que voten “no” los que quieran ser la alternativa a ese Gobierno si el que se presenta fracasa y no logra la investidura, y absténgase los que ni quieren gobernar ni quieren ser la alternativa. Y, posteriormente, háganse coaliciones parlamentarias o de gobierno sobre programas previamente pactados o bien déjese margen para gobernar en solitario a los mayoritarios que sólo alcancen mayorías simples. Respetar estas reglas básicas traerá muchos beneficios; ignorarlas nos traerá inestabilidad.

España, nos dicen las encuestas, está a punto de pasar de pasar de tener un sistema de bipartidismo imperfecto en el cual sólo había dos partidos que podían gobernar —solos o con apoyos—, a un sistema pluripartidista en el que cualquiera de los cuatro partidos podrá estar en el Gobierno o en la oposición. El paso del bipartidismo al pluripartidismo puede ser bueno. Como sabemos, uno de los males de nuestra democracia es que los partidos ganadores son capaces, desde sus mayorías absolutas, de colonizar aquellas instituciones independientes (el Parlamento, el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la radio y televisión publica) cuya misión es precisamente controlar al Gobierno. Sea un fallo de diseño constitucional o simplemente el resultado de la capacidad de los partidos de retorcer las reglas del juego a su favor, el hecho es que un sistema pluripartidista podría tener un efecto regenerador similar, aunque menos robusto, que el de una reforma de esas reglas. Si los partidos emergentes lograran situar las instituciones mencionadas a salvo de los Gobiernos y de sus mayorías absolutas harían un gran favor a la democracia, pues, gobernara quien gobernara, el Parlamento podría controlar al Gobierno, los jueces serían realmente independientes y la televisión pública se convertiría en un instrumento al servicio de la ciudadanía y no del partido en el Gobierno.

Sin embargo, la experiencia comparada nos enseña que los sistemas electorales proporcionales y los Gobiernos de coalición no necesariamente mejoran la calidad de la democracia. Esto se debe a que ni otorgan mandatos claros a los partidos para que gobiernen un país ni tampoco permiten a los electores castigar a aquellos que han gobernado y apartarlos del poder durante una temporada, pues los Gobiernos perdedores siempre pueden apoyarse en otros partidos para mantenerse en el poder. Así pues, los Gobiernos de coalición pueden ser un instrumento útil para generar consenso e introducir reformas de largo calado que pasen por encima de las habituales divisiones partidistas en algunos temas clave (el modelo de Estado, el económico, el sistema educativo, la política exterior y de seguridad, entre otras), pero también el terreno abonado para un mercadeo constante entre fuerzas políticas que ambicionen mantenerse en el poder a toda costa dando la espalda a la ciudadanía y negándose a rendir cuentas por su gestión.

Mal hacen los nuevos partidos cuando, reproduciendo los vicios de la vieja política, dicen que sólo gobernarán si son mayoritarios y pueden hacerlo en solitario. Algunos incluso confiesan sin rubor que su visión de la política es la que trasluce en la serie Juego de tronos, donde no hay normas, jueces, parlamentos, derechos, ciudadanos o medios de comunicación, sólo una brutal lucha por el poder en la que todo vale. Si la España posterior al 24-M se tiene que parecer a algo, mejor que lo haga a lo que vemos en Borgen, la serie danesa donde todos los partidos quieren gobernar, con quien sea, antes que estar en la oposición, para así beneficiar a sus votantes. ¿Son los políticos daneses más corruptos, mediocres y viles que los nuestros porque gobiernan en coalición? ¿Es Dinamarca un país menos democrático que España? Claramente, no. Así que más Borgen y menos Juegos de tronos, es decir, más gobernar y menos oponerse.

Publicado en la edición impresa de ELPAIS (Cuarta página) el lunes 18 de mayo de 2015

@jitorreblanca

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