Los otros déficits

El control, sin discusión previa alguna, de la agenda política nacional por parte de instituciones supranacionales como la UE, el BCE o el FMI constituye el mayor déficit democrático de nuestro país. Esta es una de las principales conclusiones del Sexto Informe sobre la Democracia en España, publicado esta semana por la Fundación Alternativas. No se trata de una conclusión que se base sólo en las opiniones de los casi doscientos expertos consultados para la elaboración del informe, sino de un fenómeno que se observa también en la opinión pública: España destaca en los sondeos de opinión llevados a cabo por la Comisión Europea (Eurobarómetros) por ser, después de Grecia, el país donde la confianza de la ciudadanía en la Unión Europea más se ha deteriorado desde el inicio de la crisis.

El dato invita a la reflexión, antes que nada, en torno a la cuestión de la soberanía. El problema es que ese concepto es excesivamente versátil. El debate, más bien ruido, que nos llega desde Francia, donde tanto la derecha xenófoba como la izquierda globofóbica se disputan el concepto como banderín movilizador del electorado, nos previene contra su uso como sinónimo de cerrarse al mundo, de rechazar lo que viene de fuera o, incluso peor, de perseguir o querer expulsar lo que estando dentro de nuestras fronteras es diferente. Por tanto, como el término fácilmente adquiere un cariz identitario y moviliza al nacionalismo proteccionista, de izquierdas o de derechas, es lógico que nos sintamos sumamente incómodos y nos prevengamos contra su uso. Además, como en tantos otros ámbitos de la política, lo importante no es qué se dice, sino de qué se habla. Por eso, por nobles que sean las intenciones del que se atreve a abrir un debate sobre la soberanía, como resulta que ese debate está colonizado de antemano por otros, las posibilidades de hacer el juego a los que más gritan en lugar de a los que más reflexionan son muy elevadas.

Se trata, además, de un debate falaz, porque la soberanía, entendida como autonomía, sencillamente no existe (ni hoy ni, si echamos la vista atrás, seguramente nunca). Si algún sentido tiene hablar de soberanía es como capacidad de decisión. Siempre que una decisión sea efectiva desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía, la importancia del nivel donde se tome dicha decisión, sea nacional (las Cortes Generales), supranacional (el Ecofin) o internacional (el G-20), puede ser relativizada. Por tanto, si tiene un margen de influencia razonable en dichas decisiones y, además, esas decisiones le benefician, España no sería menos soberana porque las decisiones sobre su futuro se tomaran fuera de sus fronteras, más bien al contrario. De ahí que en España nunca, al menos hasta ahora, hayamos podido hablar de un déficit democrático o, en paralelo, de una pérdida de soberanía: con toda seguridad, España no ha sido más democrática ni más soberana en ningún otro periodo de su historia que el transcurrido desde su adhesión a la UE en 1986.

Pero precisamente por eso, en las circunstancias actuales, cuando es evidente que las instituciones europeas no están tomando decisiones favorables a los intereses de España, es cuando el europeísmo pasivo y acrítico que ha dominado en nuestro país debería convertirse en un europeísmo militante y crítico, que entienda lo europeo no sólo como un espacio de consenso y armonía de intereses, sino como un espacio de conflicto entre intereses y visiones divergentes en el que hay que hacerse valer.

Por eso, aunque a primera vista se trate de una mala noticia, el dato que el informe de la Fundación Alternativas nos traslada admite una segunda lectura. No deja de resulta sorprendente que, como problema, esta denominada “interferencia exterior” se sitúe por encima de fenómenos de ámbito estrictamente nacional como la corrupción, la lejanía de los políticos, el mal funcionamiento del Estado o la baja participación ciudadana. Esto nos invita a suspender, aunque sea, temporalmente, la autoflagelación colectiva en la que nos hemos instalado: los despilfarros, corruptelas e ineficiencias en los que hemos incurrido, siendo graves y debiendo ser corregidos, no son los que explican nuestra situación actual. El paro, los diferenciales de deuda y los recortes en sanidad y educación no son un castigo merecido que debamos aceptar acríticamente, sino en gran medida el producto de un contexto político y económico no sólo nacional, sino también europeo e internacional sobre el que tenemos que actuar. En las circunstancias actuales, España parece haber limitado todas sus opciones a dos: ser interferida, el mal menor, o ser intervenida, el mal mayor. Sin embargo, no es la resignación ni la aceptación acrítica de las decisiones exteriores la que nos sacará de esta crisis, sino un activismo europeo que hasta ahora ha sido, si cabe, tan deficitario como nuestras finanzas públicas.

Publicado en ELPAIS, viernes 13 de abril de 2012

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