Una España confusa en una Europa desorientada

El actual periodo de transición e incertidumbre en la UE abre una presidencia de gestión y no de grandes transformaciones. El G-20, la crisis financiera y el marasmo europeo obligan a España a reflexionar sobre la necesidad de construir una presencia global propia. España inicia su presidencia europea en un momento de máxima confusión. Esta confusión tiene tres polos motrices: el G-20, el marasmo europeo y la crisis económica. Por un lado, todo lo relacionado con la participación de España en el G-20 ha hecho revivir las ansiedades sobre su posición en el mundo que han dominado la acción exterior española durante los 30 años transcurridos desde la transición a la democracia. En este tiempo, la democracia española ha estado demasiado ocupada en gestionar su plena incorporación a las instituciones internacionales, lograr el reconocimiento de sus aspiraciones y obtener una visibilidad acorde con su posición.

Por otro, la evolución propia del proyecto político europeo, que ha llevado a la Unión Europea a 27 miembros, ha puesto en cuestión el círculo virtuoso orteguiano (“España es el problema, Europa la solución”) que hasta ahora había dominado nuestra política exterior. Si “más Europa” no necesariamente significa “más España”, el europeísmo que ha guiado nuestra política durante los últimos 25 años ya no es la respuesta automática a todo nuevo desafío. Más bien al contrario, en el nuevo contexto resulta legítimo cuestionar, caso por caso, cuánta Europa necesita España para lograr sus fines. Las sucesivas ampliaciones de la UE han desencadenado una evidente dinámica renacionalizadora: para perplejidad de España, Berlín, Londres, París y Roma han puesto a Europa en segundo lugar de sus preferencias, afirmando sus deseos nacionales sin complejo alguno. España, a su pesar, se ve obligada también a optar.

Finalmente, la gravedad y la profundidad de la crisis económica han erosionado la imagen exterior de España, al poner en cuestión la narrativa de éxito económico que ésta había construido, lo que ineludiblemente limita su capacidad de liderazgo internacional. Queda pendiente, sin embargo, estimar el alcance de la crisis sobre nuestra capacidad de acción exterior. Si la crisis económica es coyuntural y, como ocurriera en el pasado (1990-93), el ritmo de crecimiento se recupera en cuanto lo haga el núcleo de la economía europea, incluso de forma más dinámica que éste, no sería necesario tomar decisiones de gran calado. Pero si la crisis es estructural, y España se acaba enfrentando a una nueva “década perdida”, como ocurriera en 1974-84, sus opciones se estrecharán, obligando a una revisión en profundidad del marco de análisis.

De ahí que la presidencia española de la UE, situada en la intersección de estos tres problemas, se abra bajo el signo de la confusión. Confusión entre medios y fines, ya que, más allá de los eslóganes habituales, es evidente la ausencia de una reflexión estratégica de carácter global sobre qué se quiere lograr en Europa y cómo se quiere hacer. Y confusión entre arenas y lógicas, por cuanto la presidencia europea entremezcla de forma no muy clara prioridades políticas nacionales como el cambio de modelo productivo, la innovación y la equidad, por un lado, y las prioridades europeas, que tienen una dimensión y ambición distinta (mejorar los instrumentos de gobernanza económica, regular los mercados financieros, salvaguardar el mercado interior, preservar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, PEC, y completar la extensión de la zona euro, entre otras).

En dichas circunstancias, la presidencia española, por mucho que el presidente del gobierno se haya comprometido personalmente a imprimirle un “carácter transformador”, tendrá que conformarse con ser una presidencia de gestión. Esto no supone ningún drama ni debe ser motivo de alarma: España tiene sobrada experiencia política y administrativa para desempeñar con eficacia las tareas de coordinación asociadas a la presidencia; además, el momento político, internacional, europeo y nacional, es lo bastante malo como para aconsejar no tomar grandes decisiones. Claramente, Europa está en un momento de consolidación, no en un momento transformador.

Capear el temporal económico, lograr un mínimo consenso interno y cumplir satisfactoriamente las obligaciones que impone la dinámica europea son objetivos suficientes y a la vez realistas. Y si todavía existen fuerzas administrativas y capital político para algo más, convendría dedicarlas a dos tareas: una, sentar las bases y los procesos que puedan generar y sostener algunas decisiones importantes en el futuro (en el ámbito de la gobernanza económica o la política de seguridad y defensa, por ejemplo); dos, como pone de manifiesto Haití, estar preparado para hacer frente a alguna crisis imprevista que pudiera afectar gravemente los intereses de la UE (en el ámbito económico y financiero, pero también en el ámbito de la política exterior).

Este artículo ha sido publicado en el número 133 de la revista Política Exterior. Para ver el artículo completo, pinche aquí.

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